Reforma judicial: el oficialismo avanza en el Senado y promete nuevas leyes
La oposición anticipó su rechazo. La senadora Sacnun del Frente de Todos dijo que “esta es una primera ley” y que “se requerirán otras leyes para configurar una verdadera reforma de la justicia”. Hubo un “abrazo simbólico” al Congreso en contra de la iniciativa.
El oficialismo busca dar media sanción en el Senado al proyecto de reforma judicial. Es una iniciativa que prometía relanzar el gobierno de Alberto Fernández, como mostró la puesta en escena del anuncio, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, a finales de julio. El proyecto legislativo parece haber perdido sin embargo toda épica: la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner esta semana lo relativizó y dijo que la Argentina se debe una “verdadera reforma judicial que no es la que vamos a votar”.
La Cámara alta trata desde las 14.30, en sesión virtual, el proyecto que tiene dictamen de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. La oposición anticipó su rechazo de plano, pero el oficialismo cuenta con una holgada mayoría para sacar la iniciativa sin ningún contratiempo: tiene 41 senadores sobre los 70 que forman el cuerpo (son 72, pero el tucumano José Alperovich, denunciado por abuso, extendió su licencia hasta fin de año, aprobada al inicio de la sesión; también pidió licencia, por un mes, Juan Carlos Romero, de Salta, por el bloque Federal).
En Diputados, sin embargo, el Frente de Todos necesitaría del acompañamiento de al menos 11 aliados para conseguir quórum y poder tratar la reforma. Es incierto qué va a pasar en esa Cámara; acaso esa es la razón por la que la vicepresidenta tomó finalmente distancia del proyecto.
Un grupo de manifestantes se pronunció este mediodía en contra de la reforma (algunos permanecían en el lugar desde anoche). Rodearon el Congreso con una Bandera Nacional en un “abrazo simbólico” en defensa de las instituciones. Fue una expresión menor, si se la compara con las multitudinarias manifestaciones de los feriados del 9 de julio y el 17 de agosto.
Chicana y respuesta
Durante una votación formal, que autorizó el ingreso y salida de tropas para ejercicios militares, la vicepresidenta Kirchner le jugó una broma al senador Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio. “¿Bullrich, dónde está…? ¿Bullrich…?” dijo y reiteró varias veces la expresidenta. En la última sesión del Senado, Bullrich había abandonado por largo tiempo sesión y presentado una imagen de cartón fija en cámara, en un episodio bochornoso. “Aquí estoy. ¿Cómo está presidenta?”, le respondió el Senador. “Yo muy bien, diría que mejor que nunca”, dijo Kirchner. Bullrich venció a Cristina Kirchner en las elecciones para senador por la provincia de Buenos Aires en 2017.
Los puntos de la reforma
La miembro informante del oficialismo, María de los Angeles Sacnun, abrió el debate y se puso en línea con la mirada que tiene la vicepresidenta sobre la reforma. Y prometió más leyes para cambiar la justicia: dijo que este proyecto es solo “una primera de una serie de leyes”. “Seguramente requeriremos de otras leyes para configurar una verdadera reforma judicial”, anticipó.
El proyecto de reforma judicial básicamente hace foco en la justicia federal penal de Buenos Aires, el fuero que investiga la corrupción en la administración pública nacional. Entre otros puntos:
-Crea un nuevo Fuero Penal Federal, con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal (12 juzgados) y Nacional en lo Penal Económico (11), con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Se crean además otros 23 juzgados, por lo que la estructura de los Tribunales de Comodoro Py se extiende a 46 juzgados, y 23 nuevas fiscalías. Las causas en trámite seguirán en manos de los jueces intervinientes.
-Fija dos años para instrumentar el Código Procesal penal que implementa el sistema acusatorio.
-Se crean 94 Juzgados Federales de primera instancia con asiento en las provincias, con nuevos nombramientos de jueces. Además de 23 cargos de defensor oficial.
-Se crean nuevas Cámaras de Apelaciones y defensorías oficiales en las provincias. Fue un reclamo de los gobernadores, incorporado en el dictamen.
El proyecto incluye un controvertido apartado impulsado por el senador Oscar Parrilli, que obliga a los jueces a denunciar “presiones mediáticas”, que amenaza con restringir el derecho constitucional a la libertad de prensa.
Aunque se le atribuye esa última enmienda, el martes, en su primer pronunciamiento sobre el proyecto, la vicepresidenta relativizó la reforma. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial, que no es la que vamos a debatir este jueves”, dijo la expresidenta en un extenso posteo en las redes sociales. Muchos legilsadores habrán querido tragarse las palabras que dedicaron al proyecto. La expresidenta reivindicó en cambio su frustrado proyecto de “democratización de la justicia”, como lo llamó entonces, que impulsó durante su segundo mandato, en 2003.
La vicepresidenta aseguró que “solamente ha habido dos reformas judiciales”: “La primera fue la que envié al Congreso siendo presidenta en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial por afectar sus privilegios”, dijo. Aquel proyecto impulsó la elección por el voto directo de los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona, controla y sanciona a los jueces, y fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
En ese post Cristina atribuyó una segunda reforma “de facto” al expresidente Mauricio Macri, a quien acusó de “perseguir y encarcelar a opositores y empresarios”. La vicepresidenta sostuvo que Macri “operó únicamente” sobre la justicia Federal Penal de la Capital “más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py”. Ese es curiosamente uno de los objetivos centrales de la reforma que se tratará hoy.
Hay sin embargo otros capítulos que sin duda interesan a la presidenta, por fuera del proyecto: son los que buscan cambios en el funcionamiento y composición de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, la revisión del traslado de jueces que intervienen en sus causas y el desplazamiento del titular de la Procuración general.
Algunas de esas iniciativas están siendo analizadas por una comisión de especialistas que asesora al presidente Fernández. Varios de sus integrantes son cercanos al oficialismo: el más notable es el el caso del abogado Alberto Beraldi, defensor de Cristina Fernández Kirchner en los procesos que se le siguen por corrupción a la vicepresidenta en la justicia federal.
Antes de debatir la reforma, se discutieron los dictámenes para remover a los representantes del Senado en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Ante la falta de mayorías calificadas, es una diagonal para remover al procurador Eduardo Casal. El rionegrino Martín Doñate inició el debate con fuertes críticas a Casal y una denuncia de persecución política a la expresidenta.
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