El postergado aumento del gas

Una vez más el Gobierno Nacional, mediante la emisión de la resolución Nº 751/19, volvió a postergar un aumento en las tarifas del gas, ya que el mismo comenzará a regir en el mes de febrero de 2020.

Justamente, despidiendo el mes de noviembre ya se produjeron aumentos en las compañías de celulares, las prepagas médicas, algunos alimentos como el pan y la carne y los combustibles, que subió un promedio de 5%.

En el rubro gasífero ya existió un primer aumento en el servicio, que se cobró de forma escalonada entre abril y junio pasado. La referida resolución establece en su artículo 1º “Diferir el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1º de octubre de 2019 para el 1º de febrero de 2020, debiendo utilizarse, en esa oportunidad, el índice de ajuste correspondiente para reflejar la variación de precios entre los meses de febrero y agosto de 2019”.

Ahora la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, vuelve a correr la aplicación de esta medida al entender que “resulta a su vez oportuno extender” el plazo para hacer efectivo el aumento “con el fin del preservar el equilibrio económico financiero de los contratos”. Pero en esta determinación (diferenciación del pago), el actual Gobierno Nacional no ha hecho otra cosa que aumentar el costo y repudio social al nuevo gobierno entrante.

Excepto si el presidente Alberto Fernández está dispuesto a reconsiderar la medida. Pero, la decisión está adoptada y la firma estampada en la vigente resolución 751/19 impedirá legislar -en forma retroactiva- una nueva modificación.

Lo que está normado, normado está y deberá ser respetado. En ese contexto, aparte de la mencionada resolución, la Secretaría de Energía firmó otra norma mediante la cual anunció que le devolverá más de $ 24.500 millones a las productoras de gas por las variaciones en el tipo de cambio de los últimos meses.

Esta circunstancia se presenta porque el Estado ya se había comprometido a asumir la diferencia que pudiera surgir “entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución” y el precio del servicio incluido en los cuadros tarifarios vigentes.

Por otra parte, desde el Gobierno se destacó que el corrimiento en la fecha del aumento se suma a otras implementadas a lo largo del año, para mitigar el costo que las tarifas tienen para los usuarios residenciales: el escalonamiento del incremento de abril y la decisión de diferir el pago del 22% de la tarifa durante los meses de invierno -de mayor consumo- para su compensación en los de verano, donde el uso del servicio disminuye notoriamente.

Para finalizar, al aumentar los servicios también transfiere aumento a los precios y la inflación no se detiene. Por ello, los salarios de los trabajadores deberían retornar a la histórica cláusula gatillo donde el aumento que se concede deberá ser extensivo a los haberes mensuales de los trabajadores.

*Docente, exconcejal PJ, fundador y primer titular de la Asociación de Defensa del Consumidor de Viedma