El recaudador se va

Si el sucesor de Silvani no es un convencido de la necesidad de perseguir a los evasores, el gobierno deberá considerar privatizar la recaudación.

Por Redacción

Según Carlos Silvani, el motivo por el cual decidió abandonar su puesto como jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos consistió en su negativa a permitirse ser «objeto de un manoseo» por parte de ciertos grupos políticos. Por ser cuestión de un técnico prestigioso sin deseo alguno de prestarse a las maniobras bizantinas y a menudo mezquinas que tanto divierten a los «políticos de raza» locales, su actitud es fácil de comprender. Pero aunque el propósito de Silvani al explicarse así fue protestar contra el internismo «canibalesco» que constituye uno de los rasgos más notables pero menos atractivos del mundillo político criollo, su forma de expresarse confirmó que no era el hombre indicado para la función que desempeñaba. Mal que bien, en nuestro país el jefe de los recaudadores de impuestos tiene forzosamente que ser una persona sumamente combativa, para no decir autoritaria que, además de estar en condiciones de intimidar a los evasores, también posea la fuerza de carácter necesario para que hasta los intrigantes más aguerridos opten por dejarlo en paz.

Aunque nadie cuestionaba la capacidad profesional de Silvani, a pesar de la mejora sorprendente registrada en mayo, los resultados de su gestión distaban de ser espectaculares. Si la evasión fuera un problema secundario, la prolijidad que podría garantizar hubiera sido más que suficiente, pero sucede que la negativa de tantos a cumplir con sus obligaciones para con el resto de la sociedad constituye uno de los flancos más débiles del país. Así las cosas, era natural que diversos integrantes del gobierno de la Alianza, en primer lugar el vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, pensaran en reemplazarlo por alguien de instintos más predatorios, pero según parece no tenían en mente a nadie en particular, sin duda porque ni la UCR ni el Frepaso se destacan por la capacidad administrativa de sus militantes. De todos modos, se trata de una omisión reveladora que es sintomática de la improvisación que ha sido tan típica de todos los gobiernos argentinos de los años últimos, los cuales, por no poder confiar demasiado en los militantes de sus respectivos partidos, se acostumbraron a repartir cargos clave entre amigos personales, parientes o, como en el caso de Silvani, de técnicos que aprendieron su oficio en organismos internacionales. Huelga decir que tales problemas no surgirían si el país contara con un Estado genuino, pero gracias a la resistencia de políticos, sindicalistas y otros que siempre se han opuesto a una reforma global que los privaría de sinecuras para sus clientes y, en algunos casos, de oportunidades para concretar negociados, no hay ninguna parte de la administración pública que no sea inoperante.

A menos que el sucesor de Silvani sea no sólo un administrador capaz sino también un auténtico convencido de la necesidad de atacar, con todas las armas que pueda recibir de manos de los legisladores, a los miles de evasores que año a año se las arreglan para mofarse de las amenazas meramente verbales de los funcionarios de turno, tarde o temprano el gobierno tendrá que considerar la alternativa de privatizar la recaudación, recurriendo a un esquema acaso primitivo pero así y todo de eficacia probada, tal como ha planteado el economista Roberto Alemann. Es que en nuestro país la burocracia estatal se ha mostrado penosamente incapaz de llevar a cabo una tarea que la mayoría de los gobiernos desde el inicio de la historia escrita ha considerado fundamental. Además, nadie puede ignorar que los recortes presupuestarios recientes no contribuirán en absoluto a mejorar la moral de una repartición que nunca ha sido célebre por su eficiencia. Por eso, todo hace pensar que el próximo titular de la AFIP tendrá que superar el desafío planteado por las deficiencias de la repartición que herede antes de poder concentrarse en la caza de los evasores. Si no logra hacerlo, la privatización, por humillante que fuera para un gobierno dominado por individuos de actitudes decididamente estatistas, constituiría una salida que por lo menos le permitiría hacer frente a la evasión masiva impúdica que está en la raíz de tantos males sociales y económicos.