El temor al cambio

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Con cierta frecuencia, dirigentes oficialistas, como los gobernadores provinciales Daniel Scioli y Jorge Capitanich, nos advierten que sería sumamente irresponsable pensar ya en las elecciones del 2015, como si a su juicio se tratara de un tema que nada tiene que ver con la realidad actual, aunque saben muy bien que virtualmente todos los políticos del país tienen los ojos puestos en la próxima carrera presidencial. El malestar que sienten dichos gobernadores puede entenderse. Temen que luego de las elecciones legislativas de octubre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se quede tan aislado del resto del país que le resulte muy difícil sobrevivir hasta la fecha prevista por el calendario constitucional para que la transición resulte ordenada. El peligro sería menor si la Argentina contara con instituciones democráticas tan fuertes como las existentes en los países desarrollados pero, por desgracia, éste dista de ser el caso. El Frente para la Victoria gobernante no es un partido político genuino sino una coalición coyuntural, improvisada sobre la marcha, que se ve conformada por personas que, por distintos motivos, han optado por apoyar la gestión de Cristina. Asustados por los resultados de las primarias de agosto, algunos “militantes” del FpV ya se han alejado del oficialismo aprovechando los pretextos que insisten en brindarles la presidenta y sus acompañantes más polémicos. Si los siguen muchos otros, el desbande resultante podría provocar una crisis institucional muy grave porque, como es notorio, Cristina suele reaccionar frente a cualquier intento de limitar el poder omnímodo al que se ha acostumbrado calificándolo de “golpista”, “destituyente” o “desestabilizador”, dando a entender así que la única alternativa al statu quo sería un gobierno antipopular, antinacional y antidemocrático, una especie de dictadura militar disfrazada. Así las cosas, no le sería del todo fácil resignarse a ser lo que los norteamericanos llaman un “pato rengo”, un mandatario saliente que, para su frustración, ya carece del poder necesario para imponer su voluntad y por lo tanto se ve constreñido a desempeñar un papel secundario. Por ser tan personalista la cultura política nacional, la estabilidad depende mucho de la autoridad del jefe de Estado de turno. De difundirse la sensación de que es en verdad vacilante, amplios sectores ciudadanos le darán la espalda, como sucedió en la fase final de la gestión truncada de Fernando de la Rúa. Mientras que en los países más avanzados la mayoría privilegia las instituciones por encima de las personas, en la Argentina aún escasean los dispuestos a hacerlo, de ahí el nerviosismo que se ha apoderado de Scioli, Capitanich y otros que quieren una transición ordenada, en parte porque apuestan a que se apague la estrella del intendente de Tigre, Sergio Massa, si se ve obligado a esperar casi dos años más antes de poner en marcha su campaña presidencial, pero también porque entienden que al país no le convendría en absoluto otro interregno caótico. Antes de alcanzar la presidencia de la República, Cristina se comprometió a fortalecer las precarias instituciones nacionales pero, una vez instalada en la Casa Rosada, decidió que sería de su interés debilitarlas aún más. Puede que, desde su punto de vista, le haya resultado provechoso no tener que preocuparse por los organismos de control y los engorrosos trámites parlamentarios, pero al acercarse su período en el poder a su fase final, se habrá dado cuenta de que la situación en la que está por encontrarse sería mucho mejor si siempre hubieran sido más robustas las estructuras institucionales del país, puesto que en tal caso no hubiera caído en la tentación de burlarse tanto, y de manera tan provocativa, de todos los límites formales. Pero, claro está, ya es tarde para que los kirchneristas desanden lo andado. También lo es para que convenzan nuevamente al grueso del electorado de que el camino que eligieron es el correcto. Con soberbia, llevaron el país hacia una crisis socioeconómica de proporciones que le costará mucho superar y, para más señas, sus integrantes tendrán que rendir cuentas ante la Justicia por muchos presuntos actos de corrupción, lo que, huelga decirlo, planteará un desafío angustiante a sus eventuales sucesores.