El unicato de Fernández

Una de las consecuencias menos esperadas que ha provocado la pandemia de covid-19 es esta especie de modificación o adulteración de la institucionalidad argentina. Desde la sanción de la Constitución nacional en 1853 el gobierno nacional se divide en tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que se equilibran, se complementan y se controlan unos a otros; sin embargo a partir del anuncio del aislamiento social obligatorio allá por un lejano 20 de marzo el gobierno se configuró en forma exclusiva y excluyente en el Poder Ejecutivo, es decir el presidente Alberto Fernández. Sin que existiera una expresa delegación de facultades, lo cierto es que en la práctica existe una suerte de suma del poder público, sin plazo, por parte del Ejecutivo.

En este sentido es llamativa y preocupante la actitud ausente del Congreso nacional, donde tanto los senadores como los diputados, oficialistas y opositores, no han mostrado voluntad para hacerlo funcionar y para cumplir con sus deberes en un momento de tantas dificultades como las actuales. Esa desidia se ha pretendido disfrazar con maniobras y recursos efectistas como la insólita consulta de la vicepresidenta a la Corte Suprema acerca del funcionamiento y validez de sesionar a distancia algo totalmente propio del Senado o los ensayos tecnológicos del diputado Massa más propios de un show televisivo que de un acto administrativo.

La excepcionalidad del momento y las graves condiciones socio-económicas por las que atraviesa el país exigen el inmediato funcionamiento del Congreso para tratar las diferentes medidas y opciones que se deben instrumentar para la coyuntura y el futuro, que todo hace presumir aún más complejo. ¿Será que los senadores y diputados no tienen opinión y/o propuestas sobre lo que sucede en el país y por eso no les interesa reunirse? De ser esta la causa sería muy lamentable para la república y la democracia. Igual actitud reticente ha sido protagonizada por el Poder Judicial estableciendo ferias injustificadas, paralizando la actividad judicial con serios perjuicios para miles de personas que dependen de esas decisiones.

Este unicato del Ejecutivo, de negativas y peligrosas consecuencias, se repite en la mayoría de las provincias y los municipios, donde las Legislaturas y Consejos Deliberantes son meros espectadores resignando un protagonismo que les corresponde en razón de la función que detentan.

Como contrapartida a estas defecciones, frente a la amenaza de la pandemia con millones de personas sometidas a la pobreza, con la incertidumbre acerca del futuro y a pesar de las dificultades de toda índole, la sociedad ha dado muestra de un comportamiento ejemplar y valorable por el esfuerzo, el sacrificio y la voluntad cumpliendo el aislamiento como forma de impedir el avance del virus.

Carlos Segovia

DNI 7.304.065

Cipolletti