Embargo por la compra de vagones paralizó al Idevi

VIEDMA .- El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) dejó de funcionar en la práctica por un embargo judicial en sus cuentas. El organismo no puede entonces cobrar deudas, ni pagar a proveedores, ni comprar bienes para su funcionamiento.

El ente llegó a esta grave situación al prosperar en la Justicia Federal de esta capital un pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que reclamó el pago de 2,5 millones pesos. El embargo corresponde a la falta de pago de los derechos de importación de los vagones españoles adquiridos para SeFePa, durante la gestión de Horacio Massaccesi.

El congelamiento alcanzó hasta ahora a los 54.000 pesos en efectivo y 162.000 pesos en bonos Río serie II, lo que está impidiendo que pueda abonar los salarios de los empleados y continuar con las obras de mantenimiento del canal principal.

Al confirmar la resolución emitida días atrás por la jueza Mirta Fillipuzzi de Ciancaglini, el interventor Raúl Otero indicó que también está afectada la recaudación por deudas de los chacareros ante créditos otorgados en gestiones anteriores, y los pagos a proveedores y de cuotas de un subsidio convenido con el Consorcio de Riego del Valle Inferior. Ni siquiera pueden comprar combustible para recorrer parcelas en sus vehículos.

El funcionario se mostró preocupado sobre todo por la cuestión vinculada a abonar los salarios de los trabajadores porque «el dinero no es nuestro, es de ellos».

No obstante, dijo sentirse atado de pies y manos en virtud de que los ingresos y egresos no pueden derivarse por otra vía evitando así caer en contradicciones con los preceptos que plantea la Ley de Contabilidad General de la provincia.

La única vía que le queda es un pedido de levantamiento de la ejecución fiscal dispuesta por Fillipuzzi de Ciancaglini. Los funcionarios de Fiscalía de Estado trabajaban ayer afanosamente para presentar cuanto antes el escrito.

Fuentes de la Fiscalía de Estado consultadas por «Río Negro», indicaron ayer que el pedido de revisión se basará en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja perfectamente establecido que los bienes de un organismo público -de imprescindible necesidad- no pueden ser paralizados por un embargo.

La intención de mínima es conseguir que el embargo sea reducido al 10% del monto que tienen las cuentas, sobre todo cuando hay de por medio un carácter alimentario con el cobro de sueldos.

Mientras esto sucede con el funcionamiento del Idevi, Sefepa ni siquiera tiene ya en su poder gran parte del material rodante adquirido a la ferroviaria española ReNFe. El interventor de la empresa Sefepa Osvaldo Mildenberger los cedió en préstamo a la Unidad Ejecutora Bonaerense a cambio del peaje gratis en el corredor Bahía Blanca-Carmen de Patagones. El Idevi debió constituirse en 1994 en el importador real de las locomotoras y vagones ante RENFE porque era el único organismo en condiciones de efectuar esa operación.