Embrollo previsible

Puesto que a esta altura todos los militares en el país entienden que si un acusado de haber violado los derechos humanos viaja por el mundo bien podría terminar entre rejas, el mayor retirado Jorge Olivera es el único responsable de que le ha tocado el honor dudoso de ser el primer integrante de las fuerzas armadas argentinas que se ha visto detenido en el exterior por presuntos delitos perpetrados en el país, en su caso, por haber participado en el secuestro de la ciudadana francesa Marianne Erize en 1976. Aunque en diversas ocasiones había sido advertido por sus superiores de los riesgos, Olivera -el cual, según parece, se cree una suerte de cruzado nacionalista- optó por desoír los consejos y, lejos de intentar mantener un perfil bajo con la esperanza de pasar inadvertido, hizo lo posible por llamar la atención a su presencia en Europa y a su trayectoria personal al procurar demandar ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher por el hundimiento del crucero General Belgrano en 1982, con la intención de asestar así un golpe contra el imperialismo sajón y de probar, para su propia satisfacción por lo menos, que las violaciones de los derechos humanos son tan rutinarias que el aporte al género de los militares del Proceso ni siquiera merecería un comentario.

Por razones comprensibles, el arresto de Olivera en Roma a pedido de la Justicia francesa ha irritado a los mandos castrenses, los cuales ya saben que cualquier intento de reivindicar la represión ilegal les sería contraproducente y que por lo tanto episodios de este tipo sólo servirán para demorar su eventual rehabilitación. Aunque es evidente que algunos uniformados se sienten tentados a defender a Olivera, protestando contra el colonialismo judicial europeo del cual lo creen víctima, sorprendería que los jefes sumaran sus voces al coro. Por ahora, cuando menos, se han conformado con «solidarizarse» con sus familiares. En cuanto al gobierno del presidente Fernando de la Rúa, no tardó en subrayar su neutralidad, por decirlo así, señalando que Olivera disfrutará de la ayuda consular que suele recibir todo ciudadano argentino detenido en un país extranjero, pero de nada más. Por cierto, ni a De la Rúa ni a ningún otro miembro de su gobierno le interesa participar de un intercambio meramente retórico en torno de los alcances de la «territorialidad» y a la evolución reciente del concepto de soberanía nacional.

Desde luego, el que un argentino pueda ser detenido en Italia pero no en la Argentina misma por crímenes cometidos aquí constituye una anomalía evidente, pero nadie ignora que la razón por la cual la Justicia local no puede tocarlo tiene que ver con la amenaza que en cierto momento planteaban a la sociedad civil las fuerzas armadas. Sin embargo, sería inútil perder el tiempo lamentando lo injusto que es que las primeras «víctimas» de Justicia globalizada hayan sido latinoamericanos, serbios y ciudadanos de países asiáticos relativamente débiles, no europeos occidentales o norteamericanos. En el «Primer Mundo», la defensa de los derechos humanos, si bien imperfecta, ha sido normal desde hace décadas, mientras que en América Latina se trata de un fenómeno relativamente reciente, motivo por el cual abundan los individuos como Olivera que sólo lograron sustraerse a la Justicia por contar con el apoyo de organizaciones, las fuerzas armadas, que estaban en condiciones de chantajear al resto de la sociedad. Por supuesto, en ciertos países europeos como España la situación no es tan distinta, pero por razones acaso ideológicas los que dicen sentirse preocupados por la «asimetría» de la Justicia internacionalizada no han intentado atenuarla pidiendo la detención de presuntos criminales franquistas. Tal vez deberían hacerlo, mostrando de este modo que la Argentina, consciente de que los principios que posibilitaron el arresto del general Augusto Pinochet en Londres y, últimamente, el del mayor Olivera en Roma, ya constituyen un hecho inmodificable, ha decidido colaborar plenamente con los esfuerzos por hacer de la defensa de los derechos humanos básicos una causa auténticamente universal.