En busca de una doctrina

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Para justificar la intervención militar en Libia, Estados Unidos y algunos integrantes de la Unión Europea, con el aval parcial del Consejo de Seguridad de la ONU y la Liga Árabe, se afirmaron moralmente obligados a defender a la población civil amenazada por las fuerzas del régimen. Esperaban alcanzar tal objetivo atacando desde el aire a las tropas leales al dictador Muammar Gaddafi, pero, si bien en algunos lugares han logrado frenar su avance contra los bastiones rebeldes, ya saben que no les resultará tan fácil como creían poner fin a la crisis humanitaria que se ha producido. Para hacer aún más difícil la situación en que se encuentran los aliados occidentales, Libia no es el único país en que civiles corren el riesgo de ser víctimas de matanzas indiscriminadas. En Siria, Yemen y otras partes del mundo árabe, para no hablar de Irán, China, Birmania y Corea del Norte, el régimen puede matar a cualquiera sin temer ser blanco de la versión más reciente del “imperialismo de los derechos humanos” que solía denunciar la dictadura militar del Proceso. Frente a las convulsiones que están agitando a casi todos los países árabes, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, acompañados por España e Italia, todavía no han conseguido acordar una estrategia convincente. Quisieron que la ola de rebeliones que se inició a fines del año pasado en Túnez desembocara en la democratización de la mayor parte de la inmensa región que se extiende desde Marruecos hasta la frontera de Irán, pero ya se habrán dado cuenta de que sus esfuerzos por ayudar a quienes parecen compartir sus propios valores podrían resultar contraproducentes. Por desgracia, no hay ninguna garantía de que la eventual caída de regímenes autocráticos en el norte de África y el Oriente Medio no sea aprovechada por islamistas o por una nueva generación de dictadores. Tampoco la hay de que, aun cuando comenzaran a surgir gobiernos democráticos, lograran atenuar los gravísimos problemas sociales y económicos que están en la raíz de las rebeliones contra un statu quo que para muchos se ha hecho intolerable. Desde el punto de vista de los europeos, lo que está sucediendo en el mundo árabe es muy peligroso por dos motivos. Uno tiene que ver con el petróleo del que dependen: temen que el precio suba mucho en los meses y años próximos, lo que haría aún más ardua la recuperación económica que necesitan para aumentar la cantidad de fuentes de trabajo. Otro es que la inestabilidad creciente del mundo árabe está impulsando la emigración de muchos que entienden que por ser tan terribles las perspectivas de sus propios países les convendría aprovechar la oportunidad que se ha abierto para trasladarse a Europa. No exageran los voceros del gobierno italiano que advierten sobre el riesgo de un éxodo de “proporciones bíblicas”; miles de refugiados ya han llegado a la pequeña isla de Lampedusa y, de intensificarse las luchas que están librándose en Libia, los seguirán muchísimos más. Huelga decir que los socios europeos de Italia no tienen ningún deseo de ayudar; por el contrario, el gobierno francés ya ha impedido el ingreso de un tren que llevaba tunecinos, negándoles el permiso para entrar en su país. Otros gobiernos de la Unión Europea son igualmente reacios a aceptarlos. Aunque la actitud que han asumido los franceses sea sumamente antipática, es comprensible la voluntad de Sarkozy, que en este ámbito cuenta con el respaldo de sus homólogos en Berlín, Londres y otras capitales, de hacer saber a los habitantes del mundo árabe que para todos, salvo los miembros de una pequeña minoría que están en condiciones de conseguir visas, emigrar a Europa no constituye una opción. Las nutridas comunidades musulmanas que se han establecido en Francia, Alemania y el Reino Unido no han logrado integrarse plenamente a las sociedades anfitrionas, con el resultado de que cada vez más europeos creen que permitirles adquirir dimensiones aún mayores gracias a los aportes de grandes contingentes de “expulsados” tendría consecuencias desastrosas. Asimismo, en buena parte de Europa están surgiendo nuevos partidos políticos, calificados de “ultraderechistas” por los defensores del multiculturalismo, que se oponen frontalmente a los cambios supuestos por la presencia de millones de personas cuyas costumbres y creencias les son radicalmente ajenas.