“¿En defensa de la carrera docente en la educación pública?”
Los abajo firmantes somos integrantes del espacio Encuentro Fadecs. En mayo del 2014 accedimos a cargos de gestión en el decanato y en el Consejo Directivo por el ejercicio de la democracia universitaria. El 9 del corriente este diario publicó una carta titulada “En defensa de la carrera docente en la universidad pública”. No es nuestra intención responder al abogado Baldemar Pedro Urra, firmante de esa carta. Nos interesa presentar algunas reflexiones en virtud de que, creemos, algunas de las expresiones vertidas allí distorsionan lo que en materia de carrera docente se propone en la universidad y, por otra parte, porque pareciera que quienes participamos de la actual gestión de la facultad hemos tomado decisiones de manera caprichosa. El Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue (O 470/09) organiza la carrera docente y establece que las designaciones, tanto en lo que respecta al ingreso como al ascenso, son potestad de los órganos colegiados. Aun cuando el estatuto contempla la posibilidad de docentes ad honórem como colaboradores, no lo hace como forma de inicio en la carrera docente. Por otra parte, el convenio colectivo de trabajo, que es fruto de la lucha de los trabajadores de la docencia universitaria, no reconoce ningún trabajo ad honórem como parte de la carrera docente. Encuentro Fadecs propuso en su plataforma que uno de sus objetivos era propiciar que “todos los cargos con responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje sean rentados”, por lo cual no es una novedad para los integrantes de la comunidad educativa la posición asumida al respecto. Hemos adoptado una definición de carácter político-educacional en materia de educación superior, promoviendo el fortalecimiento de un cuerpo docente rentado, en el marco de la regulación estatutaria de la universidad. En la carta también aparece distorsionado el funcionamiento del órgano de cogobierno de la facultad: el Consejo Directivo es un cuerpo colegiado, de composición inter-claustral, de 16 miembros. Si la decisión tomada en el Consejo ocurrió con el voto del decano, quien preside el cuerpo y sólo puede votar en caso de empate, quiere decir que al menos en este tema no hay consenso. La decisión criticada por el abogado Urra no salió “sólo por el apoyo del decano”: fue tomada por un grupo de consejerxs directivxs de distintos sectores políticos legítimamente elgidxs para el ejercicio de una función que, entre otras, tiene la potestad de designar o no a quienes ejercerán la tarea docente. Si una carrera en una universidad pública necesita del concurso de docentes ad honórem para su funcionamiento y si la decisión de no designar docentes ad honórem perjudica “el normal funcionamiento” de diferentes cátedras, lo que se advierte es la necesidad de incrementar el presupuesto universitario genuino para hacer la cobertura de cargos correspondiente. En ese sentido van los esfuerzos de Encuentro Fadecs y, por ende, sería conveniente aunar esfuerzos de distintos sectores de la facultad para reclamar por el incremento del presupuesto universitario y por su distribución de manera equilibrada, subsanando los desequilibrios entre diferentes unidades académicas, situación que ha sido puesta de manifiesto por las actuales autoridades universitarias. Creemos que no se pone en riesgo un grupo de cátedras o una carrera cuando con decisiones de política educativa se busca que el cuerpo docente de una facultad sea rentado. Por el contrario, una de las mayores debilidades que tienen incluso las grandes universidades del país es el elevado número de auxiliares docentes ad honórem. El hecho de que en algunas universidades se haya naturalizado el ejercicio de la docencia ad honórem no implica que ése deba ser el camino a seguir. No lo es, al menos, en el sentido y letra del estatuto que regula toda la Universidad Nacional del Comahue. Todxs quienes nos hemos formado en la universidad pública lo hemos hecho a partir de nuestro propio esfuerzo, con el acompañamiento de nuestras familias y el trabajo de docentes y trabajadores no docentes. Y también por los aportes económicos de anónimos ciudadanos que todos los meses pagan sus impuestos, aun aquellos que quizá nunca tendrán la posibilidad de transitar (ellos o sus hijxs) por pasillos y aulas universitarias debido a su situación de precariedad económica, laboral o educacional. Ellos debieran ser los legítimos destinatarios de nuestros mejores esfuerzos profesionales. Quienes nos formamos en la universidad pública, si a alguien le debemos algo es a la sociedad. Y si el trabajo ad honórem es un trabajo “por honra, prestigio y satisfacción personal”, como afirma el abogado Urra, quizá entonces el trabajo de los profesionales que “se sienten en deuda” debería estar direccionado hacia aquellos sectores de la sociedad que por su situación de vulnerabilidad y de marginalización no pueden acceder, por ejemplo, a los beneficios de la Justicia y, sin embargo, aportan con sus impuestos tanto a la formación universitaria como al sostenimiento del Poder Judicial. Carlos Pescader, DNI 14.174.528 Ana Matus, DNI 21.129.633 Jorge Benítez, DNI 13.574.740 Alejandro Rost, DNI 20.980.967 Guillermo Maqueda, DNI 20.988.588 Helga Ticac, DNI 22.693.709 Julio Monasterio, DNI 27.939.562 Pablo Schleifer, DNI 27.091.457 Micaela Gomiz, DNI 29.034.316 Agustina Naffa, DNI 32.544.889 Valeria Belmonte, DNI 25.538.376 Rodolfo López Cotti, DNI 31.829.943 Lorena Riffo, DNI 31.600.592 Francisco Álvarez, DNI 21.847.908 Belén Álvaro, DNI 25.782.802 Fabián Bergero, DNI 16.819.708 Jorgelina Montero, DNI 31.076.052 Roca
Carlos Pescader, DNI 14.174.528 Ana Matus, DNI 21.129.633 Jorge Benítez, DNI 13.574.740 Alejandro Rost, DNI 20.980.967 Guillermo Maqueda, DNI 20.988.588 Helga Ticac, DNI 22.693.709 Julio Monasterio, DNI 27.939.562 Pablo Schleifer, DNI 27.091.457 Micaela Gomiz, DNI 29.034.316 Agustina Naffa, DNI 32.544.889 Valeria Belmonte, DNI 25.538.376 Rodolfo López Cotti, DNI 31.829.943 Lorena Riffo, DNI 31.600.592 Francisco Álvarez, DNI 21.847.908 Belén Álvaro, DNI 25.782.802 Fabián Bergero, DNI 16.819.708 Jorgelina Montero, DNI 31.076.052 Roca
Los abajo firmantes somos integrantes del espacio Encuentro Fadecs. En mayo del 2014 accedimos a cargos de gestión en el decanato y en el Consejo Directivo por el ejercicio de la democracia universitaria. El 9 del corriente este diario publicó una carta titulada “En defensa de la carrera docente en la universidad pública”. No es nuestra intención responder al abogado Baldemar Pedro Urra, firmante de esa carta. Nos interesa presentar algunas reflexiones en virtud de que, creemos, algunas de las expresiones vertidas allí distorsionan lo que en materia de carrera docente se propone en la universidad y, por otra parte, porque pareciera que quienes participamos de la actual gestión de la facultad hemos tomado decisiones de manera caprichosa. El Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue (O 470/09) organiza la carrera docente y establece que las designaciones, tanto en lo que respecta al ingreso como al ascenso, son potestad de los órganos colegiados. Aun cuando el estatuto contempla la posibilidad de docentes ad honórem como colaboradores, no lo hace como forma de inicio en la carrera docente. Por otra parte, el convenio colectivo de trabajo, que es fruto de la lucha de los trabajadores de la docencia universitaria, no reconoce ningún trabajo ad honórem como parte de la carrera docente. Encuentro Fadecs propuso en su plataforma que uno de sus objetivos era propiciar que “todos los cargos con responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje sean rentados”, por lo cual no es una novedad para los integrantes de la comunidad educativa la posición asumida al respecto. Hemos adoptado una definición de carácter político-educacional en materia de educación superior, promoviendo el fortalecimiento de un cuerpo docente rentado, en el marco de la regulación estatutaria de la universidad. En la carta también aparece distorsionado el funcionamiento del órgano de cogobierno de la facultad: el Consejo Directivo es un cuerpo colegiado, de composición inter-claustral, de 16 miembros. Si la decisión tomada en el Consejo ocurrió con el voto del decano, quien preside el cuerpo y sólo puede votar en caso de empate, quiere decir que al menos en este tema no hay consenso. La decisión criticada por el abogado Urra no salió “sólo por el apoyo del decano”: fue tomada por un grupo de consejerxs directivxs de distintos sectores políticos legítimamente elgidxs para el ejercicio de una función que, entre otras, tiene la potestad de designar o no a quienes ejercerán la tarea docente. Si una carrera en una universidad pública necesita del concurso de docentes ad honórem para su funcionamiento y si la decisión de no designar docentes ad honórem perjudica “el normal funcionamiento” de diferentes cátedras, lo que se advierte es la necesidad de incrementar el presupuesto universitario genuino para hacer la cobertura de cargos correspondiente. En ese sentido van los esfuerzos de Encuentro Fadecs y, por ende, sería conveniente aunar esfuerzos de distintos sectores de la facultad para reclamar por el incremento del presupuesto universitario y por su distribución de manera equilibrada, subsanando los desequilibrios entre diferentes unidades académicas, situación que ha sido puesta de manifiesto por las actuales autoridades universitarias. Creemos que no se pone en riesgo un grupo de cátedras o una carrera cuando con decisiones de política educativa se busca que el cuerpo docente de una facultad sea rentado. Por el contrario, una de las mayores debilidades que tienen incluso las grandes universidades del país es el elevado número de auxiliares docentes ad honórem. El hecho de que en algunas universidades se haya naturalizado el ejercicio de la docencia ad honórem no implica que ése deba ser el camino a seguir. No lo es, al menos, en el sentido y letra del estatuto que regula toda la Universidad Nacional del Comahue. Todxs quienes nos hemos formado en la universidad pública lo hemos hecho a partir de nuestro propio esfuerzo, con el acompañamiento de nuestras familias y el trabajo de docentes y trabajadores no docentes. Y también por los aportes económicos de anónimos ciudadanos que todos los meses pagan sus impuestos, aun aquellos que quizá nunca tendrán la posibilidad de transitar (ellos o sus hijxs) por pasillos y aulas universitarias debido a su situación de precariedad económica, laboral o educacional. Ellos debieran ser los legítimos destinatarios de nuestros mejores esfuerzos profesionales. Quienes nos formamos en la universidad pública, si a alguien le debemos algo es a la sociedad. Y si el trabajo ad honórem es un trabajo “por honra, prestigio y satisfacción personal”, como afirma el abogado Urra, quizá entonces el trabajo de los profesionales que “se sienten en deuda” debería estar direccionado hacia aquellos sectores de la sociedad que por su situación de vulnerabilidad y de marginalización no pueden acceder, por ejemplo, a los beneficios de la Justicia y, sin embargo, aportan con sus impuestos tanto a la formación universitaria como al sostenimiento del Poder Judicial. Carlos Pescader, DNI 14.174.528 Ana Matus, DNI 21.129.633 Jorge Benítez, DNI 13.574.740 Alejandro Rost, DNI 20.980.967 Guillermo Maqueda, DNI 20.988.588 Helga Ticac, DNI 22.693.709 Julio Monasterio, DNI 27.939.562 Pablo Schleifer, DNI 27.091.457 Micaela Gomiz, DNI 29.034.316 Agustina Naffa, DNI 32.544.889 Valeria Belmonte, DNI 25.538.376 Rodolfo López Cotti, DNI 31.829.943 Lorena Riffo, DNI 31.600.592 Francisco Álvarez, DNI 21.847.908 Belén Álvaro, DNI 25.782.802 Fabián Bergero, DNI 16.819.708 Jorgelina Montero, DNI 31.076.052 Roca
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