En defensa de lo indefendible

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Si bien es imposible despolitizar la Justicia, ya con escasísimas excepciones los jueces y fiscales son tan propensos como los demás a simpatizar con alguna que otra corriente ideológica, la mayoría entiende que militar desembozadamente a favor de un partido determinado equivale a atentar contra la autonomía del Poder Judicial y por lo tanto contra la democracia. He aquí el motivo principal por el que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación comenzó el año difundiendo un documento en el que criticó con vehemencia insólita la conducta de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Para indignación de la Asociación, Gils Carbó, que figura entre sus miembros, ni siquiera se esfuerza por brindar la impresión de sentirse por encima de las reyertas políticas que están agitando al país. Antes bien, actúa como lo que sin duda alguna es, una militante política que está dispuesta a subordinar absolutamente todo a la defensa de los intereses de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin preocuparse por el desprestigio resultante. Según la Asociación, la procuradora ya ha causado un enorme daño, uno “nunca visto”, a la institución que dirige al nombrar fiscales y reubicar a otros procedentes de provincias feudales sin respetar las reglas correspondientes con el propósito evidente de obstaculizar los intentos por averiguar la ruta tomada por el “dinero K”. Aunque la Asociación dice que “será muy difícil de revertir en un futuro” los daños que atribuye a Gils Carbó, es de prever que, tarde o temprano, la procuradora se vea sometida a juicio político, ya que sería inconcebible que otro gobierno, aun cuando lo encabezara el supuesto oficialista Daniel Scioli, tolerara por mucho tiempo la presencia de una funcionaria tan polémica en el cargo que ocupa a partir de la defenestración de Esteban Righi en el 2012. Asimismo, para entonces el grueso de los legisladores actualmente kirchneristas se habrá adaptado a las circunstancias imperantes, abandonando a su suerte a su jefa anterior, Cristina, para congraciarse con su sucesor. Es innegable que Gils Carbó se encuentra en una situación muy incómoda, ya que no le es del todo fácil servir a un tiempo a la presidenta y a la Justicia. Para mantener a raya a los fiscales y jueces que están investigando los negocios que han servido para enriquecer a la familia presidencial, ha tenido que intentar colonizar el Poder Judicial con personajes acostumbrados a dar prioridad a su lealtad para con Cristina y su “proyecto”, pero puesto que tales militantes u oportunistas por lo común carecen de las cualidades habitualmente consideradas imprescindibles para desempeñarse como fiscales, han abundado los nombramientos “sin requisito, sin concurso ni evaluación”, a menos que uno tome por válido “un examen dentro del régimen denominado de ‘ingreso democrático’ al Ministerio Público”. Como es notorio, cuando el gobierno kirchnerista habla de “democratizar” la Justicia, lo único que tiene en mente es reemplazar a quienes no comulgan con sus propias ideas por otros dispuestos a actuar como oficialistas serviles, de tal modo socavando el orden, a su entender liberal y burgués, según el cual el Poder Judicial debería ser independiente del Ejecutivo. Puede que Gils Carbó comprenda que “las reformas” que están procurando impulsar se parecen mucho más a las que se llevaron a cabo en Estados totalitarios como la Alemania nazi o la Unión Soviética que a las apropiadas para una democracia y que, luego de pensarlo, hubiera preferido no ir tan lejos, pero, por desgracia, no le ha sido dado asegurarles a la presidenta y otros miembros del gobierno la protección legal que tan desesperadamente necesitan sin alejarse de las normas republicanas. Sucede que la ofensiva que han emprendido Cristina y la procuradora contra el Poder Judicial se debe menos a su eventual entusiasmo por esquemas autoritarios que a la conciencia de que, si la Argentina sigue siendo una democracia cabal, llegará el día en que los acusados de graves actos de corrupción tengan que rendir cuentas ante la Justicia. Se trata de un riesgo que Cristina no quiere correr, pero avalar todos los excesos cometidos por Gils Carbó le sería contraproducente si, como consecuencia, la mayoría de los jueces y fiscales decidiera que les convendría llamar la atención a su propia independencia.

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