En el banquillo
No es exactamente común que la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, México, Turquía, Taiwán y otros países se junten para condenar, en términos muy duros, la conducta de un gobierno determinado ante la Organización Mundial del Comercio, pero es lo que acaban de hacer. El viernes pasado manifestaron la “continua y profunda preocupación” que les ocasionan las medidas ordenadas y aplicadas por el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno que, desde luego, tiene el pleno respaldo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mal que nos pese, todo hace pensar que el equipo de Cristina se las ha arreglado para exasperar a los gobernantes de una larga serie de países importantes, incluyendo a muchos que hubieran preferido pasar por alto sus excentricidades pero que están tan hartos de recibir quejas que se han sentido constreñidos a expresar su indignación. Para los países cuyos representantes firmaron el documento, lo más desconcertante es que haya una gran diferencia entre las afirmaciones de los voceros de nuestro gobierno y lo que efectivamente hacen, de ahí las alusiones a la “política de facto” que se caracteriza por “la falta de transparencia” al basarse en los ya célebres “llamados telefónicos” de funcionarios kirchneristas que sirven para presionar a los empresarios para que colaboren con “el modelo”. Parecería que Cristina, Moreno y otros funcionarios creían que, con tal que no dejaran nada escrito, podrían erigir una multitud de barreras proteccionistas sin que ningún “socio” comercial se diera cuenta. De ser así, se equivocaron. Desde el punto de vista de buena parte de la comunidad internacional, la insólita forma de operar de quienes manejan nuestra economía es evidencia más que suficiente de su voluntad de engañar a los demás, como ya vienen haciendo desde hace años con las estadísticas fraguadas por el Indec con el propósito de modificar las expectativas y, lo que es más grave aún, de no tener que pagar muchos millones de dólares a los tenedores de bonos cuyo rendimiento depende de la tasa oficial de inflación. Los gobiernos de todos los países que se combinaron para criticar las medidas restrictivas aplicadas por Moreno procuran proteger, bajo distintos pretextos, a sectores económicos propios, pero suelen hacerlo de manera relativamente sofisticada, respetando por lo menos la letra de las reglas comerciales consensuadas aun cuando violen el espíritu. En cambio, el gobierno de Cristina se destaca por la impericia llamativa de muchos funcionarios clave que fueron nombrados merced a su lealtad hacia la presidenta, su militancia ideológica y su presunto compromiso con “el proyecto”, y por su propensión notoria a reaccionar frente a las dificultades formulando declaraciones altisonantes. Así, pues, la secretaria de Negociaciones Económicas Internacionales, Cecilia Naón, o sea, la encargada de defender los intereses comerciales del país ante el resto del mundo, es una joven procedente de La Cámpora que, según se informa, no tiene ninguna experiencia en estos menesteres y que por lo tanto no tiene posibilidad alguna de convencer a sus interlocutores de que, las apariencias no obstante, la Argentina es una víctima inocente de los prejuicios ajenos. Por desgracia, es muy poco probable que los países que se reunieron para protestar contra la política comercial sui géneris de los kirchneristas se limiten a denunciarla en los foros internacionales. Luego de haber firmado un documento tan contundente como el del viernes pasado, por lo menos algunos se sentirán obligados a tomar represalias concretas, de las que una podría consistir en una decisión por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y sus aliados de reemplazar el G20, del que la Argentina es un miembro, por otro organismo similar pero un tanto más selectivo, asestando de tal modo un golpe doloroso al prestigio de nuestro país. Para asegurar que ello no ocurra, el gobierno de Cristina tendría que intentar acatar ciertas normas internacionales, poner fin a su campaña virulenta contra el FMI, confeccionar estadísticas económicas más verosímiles que las del Indec intervenido, respetar los fallos del tribunal arbitral del Banco Mundial y, por supuesto, reconciliarse con la OMC, pero escasean motivos para creer que a esta altura esté dispuesto a modificar su comportamiento.
