En falta

neuquén

La calurosa madrugada del 2 de febrero de 2006 nació el Consejo de la Magistratura de Neuquén. Gobernaba Jorge Sobisch y la creación de ese organismo fue uno de los anzuelos para justificar la necesidad de la reforma de la Constitución. Siempre da prestigio anunciar que se le dará más transparencia al proceso de selección de cualquier cosa. La promesa fue de trámite y de resultado: mejoraría el servicio de justicia porque se elegiría, ahora sí, a los mejores. Hasta entonces el sistema era oscuro y caprichoso. Algo cambió, tampoco demasiado.

El diseño que se eligió fue raro: siete integrantes, cuatro por la Legislatura que no sean diputados, dos por los abogados (todos con el alto sueldo de camarista), uno por el Tribunal Superior de Justicia (ad honórem), mandato por cuatro años con asincronía respecto del Ejecutivo. Se dejaron de lado otras posibles integraciones, más participativas, más balanceadas y menos onerosas.

El mentor fue el abogado radical Hugo Prieto, entonces cercano a Horacio Quiroga. Recibió el apoyo del Movimiento Popular Neuquino y el rechazo de todos los demás bloques.

Al MPN no le sobraban votos y necesitaba de los radicales. Se habló de un acuerdo de intercambio de favores políticos, nada ajeno a los cuerpos colegiados.

Aquella madrugada de febrero en la que se aprobó esa parte del texto constitucional hubo varios cruces en la asamblea constituyente, uno en especial entre Prieto y Osvaldo Pellín (bloque Encuentro Amplio), que veían el mismo vestido de distintos colores.

Pellín alertó sobre que el Consejo de la Magistratura podría quedar integrado “por los amigos de los diputados, los compañeros, los correligionarios”. Prieto le contestó: “Algunos probablemente designen amigos, otros posiblemente actúen con responsabilidad y busquen la mejor designación posible”.

Hasta aquí la historia, resumida para quienes no la conocen o la olvidaron.

Ese organismo que nació de una promesa formulada sin demasiada convicción y de un acuerdo de necesidad entre dos partidos políticos fue poblado mayormente con asesores de bloques legislativos. Algunos después se convirtieron en ministros (Gabriel Gastaminza) o presidentes del Tribunal de Cuentas (Hugo Acuña) o antes habían sido convencionales oficialistas (Carla Castiglioni).

La desjerarquización llegó a la cúspide en este febrero: a nueve años de su nacimiento, el Consejo de la Magistratura quedó desintegrado.

Hasta ayer tuvieron mandato improrrogable los consejeros elegidos en el 2011 y de sus reemplazantes sólo uno asumió: Oscar Massei, representante del Tribunal Superior. Los dos que eligen los abogados mediante voto directo quedaron en el limbo y lo grave es lo que pasa con los cuatro representantes de la Legislatura. No fueron designados y, por los nombres que circulan, serían propuestos amigos de, familiares de. Como temía Pellín. Estos días “Río Negro” publicó abundante información sobre el escándalo, los interesados pueden rastrearla en las ediciones de la semana.

Hace cuatro años la Legislatura designó a sus representantes a último momento, con los plazos que impone la ley ya vencidos. Ahora avanzó otro paso por fuera del borde legal: ni siquiera se sabe cuándo los designará.

No es caer en el hiperformalismo. Se trata del organismo que elige jueces, fiscales y defensores que cumplen un rol cuya importancia es innecesario destacar. Hay derecho a reclamar un mínimo de prolijidad.

Pero ni aquella vez ni ésta se escucharon demasiadas quejas por el daño institucional. Y la ciudadanía se siente ajena a los avatares de un organismo que nació blindado. El mensaje desde el primer día fue muy claro: elegir integrantes del Poder Judicial es un asunto que atañe a políticos profesionales y abogados.

La Legislatura no es una escribanía del gobierno (tiene varios proyectos del Ejecutivo frenados), pero es difícil imaginar que se haya llegado a esta situación sin conocimiento de Jorge Sapag.

Quizá el gobernador se enteró tarde de lo que se cocinaba entre los diputados. Quizá está demasiado distraído apuntalando la campaña de su candidato Omar Gutiérrez. No se le pasó por alto, pongamos por caso, crear en el mismo febrero una supersecretaría de asistencia social para el triángulo Neuquén-Plottier-Centenario, como se informa en esta edición del diario. Cualquiera de las encuestas que circulan entre los partidos políticos menciona que en ese área geográfica se definirá la elección del 26 de abril.

Sapag abrirá hoy el período de sesiones ordinarias de esta Legislatura en falta. Será, además, una simbólica señal de largada para el último tramo de la campaña electoral que desemboca en el 26A, con paradas estratégicas en Chos Malal (29 de marzo) y Zapala (12 de abril).

El viernes que viene vence el plazo para presentar candidatos y se conocerán los nombres de quienes integrarán las listas de postulantes a la Legislatura. Los que ya están en la función pública deberán tomarse licencia como marca la ley. Eso sí lo cumplirán.

En su último discurso tras dos períodos consecutivos de gobierno, Sapag hará la consabida enumeración de sus logros, abrumará con números de inversiones millonarias venidas o por venir, llamará a mirar con optimismo el futuro.

El subtexto será claro: “Miren lo que hizo el Movimiento Popular Neuquino, miren lo que viene, ¿para qué cambiar si así estamos fenómeno?”.

En primera fila estarán Ramón Rioseco, candidato del Frente para la Victoria, y Horacio Quiroga, de Nuevo Compromiso Neuquino. Podría decirse que irán a escucharlo, si no fuera porque en realidad van para contestarle apenas termine.

Guillermo Berto – gberto@rionegro.com.ar