En la mira

Al iniciarse la gestión del presidente Fernando de la Rúa, muchos -incluyendo sin duda a virtualmente todos los integrantes del gobierno mismo- previeron que al nuevo gobierno no le sería dado hacer un esfuerzo genuino por investigar la corrupción menemista con la intención de ver encarcelados a los eventuales culpables de enriquecerse a costa de los demás habitantes del país. En vista de la realidad política, cuya característica más evidente era la debilidad relativa de la Alianza frente al peronismo en su conjunto, tal convicción pudo justificarse. Sin embargo, a partir de entonces el panorama ha experimentado algunas modificaciones, de modo que ya no es utópico creer que la Alianza podría estar en condiciones de desconocer el tácito «pacto de gobernabilidad» conforme al cual las autoridades tendrían que conformarse con denunciar a los «emblemáticos» Víctor Alderete y María Julia Alsogaray – los que, por casualidad, procedieron de la Ucedé, no del PJ, y por lo tanto son políticamente vulnerables-, dejando para otra oportunidad la investigación de las fortunas acumuladas por personajes más poderosos como el ex presidente Carlos Menem o el ex ministro de virtualmente todo Erman González. Al denunciar ante la Justicia no sólo a los dos «emblemáticos» sino también a la ex secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, el gobierno ha dado un paso significante, haciendo que el querellante sea el Estado y también ha puesto en marcha un proceso que con toda seguridad continuará cobrando importancia.

En última instancia, el destino de la «lucha» contra la corrupción anunciada por el gobierno dependerá del poder político de los acusados. Si éstos conservaran la capacidad para paralizar el país, cualquier intento de averiguar el crecimiento de su patrimonio durante la década menemista podría desatar una crisis institucional mayúscula que plantearía una amenaza muy seria a la continuidad democrática. Pues bien, a partir de diciembre del año pasado los menemistas se han aislado en el seno del movimiento justicialista a raíz tanto del avance de los tres gobernadores que ambicionan suceder a De la Rúa, Carlos Reutemann, Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota, como de la tendencia de otros referentes justicialistas a sospechar que no les convendría en absoluto quedarse pegados a un dirigente agresivo cuyo ciclo parece haber terminado. Por eso, la idea de una ofensiva contra los presuntos corruptos menemistas parece menos arriesgada de lo que fue el caso sólo un par de meses antes. La opinión pública local e internacional está claramente en favor de una campaña de este tipo. Y, como el presidente habrá aprendido durante su visita a Davos, la lucha contra la corrupción está convirtiéndose en un asunto prioritario para los líderes de las naciones más poderosas, lo cual hace pensar que a menos que De la Rúa consiga mejorar mucho su imagen internacional, el país no recibirá las inversiones sin las cuales no le sería dado crecer.

Otro factor de peso consiste en que, una vez iniciadas, las investigaciones propenderán a expandirse porque sería sencillamente absurdo suponer que sólo se habría tratado de delitos particulares perpetrados sin el conocimiento de los demás miembros del ex gobierno. De confirmarse la sospecha de que los «emblemáticos» lograron estafar al país por muchísimo dinero, sería muy difícil fingir creer que lo hicieran a espalda de los otros integrantes del equipo gobernante, sobre todo de uno cuyo jefe siempre procuró controlar a sus subordinados. Asimismo, al multiplicarse las denuncias, los funcionarios de la Oficina Anticorrupción tendrán forzosamente que tomar en serio las acusaciones dirigidas contra figuras hasta ahora no cuestionadas. Dicho de otro modo, aun cuando el gobierno prefiriera abstenerse de investigar a personajes como Menem o Alberto Kohan, le será cada vez más difícil impedir que la Justicia comience a pedirles una rendición de cuentas, lo cual significa que andando el tiempo la lucha contra la corrupción cobre dimensiones muy superiores a las previstas cuando De la Rúa se preparaba para asumir las responsabilidades de presidente de la República.