Advierten que la ley de humedales frenará proyectos productivos como los de litio

Por Sabrina Pont

Horas antes de que quede postergado una semana el plenario que estaba previsto para el jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, en el que el kirchnerismo buscaba darle dictamen al proyecto de ley de humedales del legislador bonaerense Leonardo Grosso, los diez gobernadores que conforman el Norte Grande -de gira por EEUU para buscar atraer inversiones para sus distritos, junto con el ministro del Interior, Wado De Pedro- manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Para los mandatarios, la propuesta normativa avanza sobre sus jurisdicciones y, en caso de aprobarse, “afectará desarrollos productivos que son fundamentales para las economías regionales” y que incluso también el gobierno nacional está impulsando, como es el caso de los proyectos mineros del litio.

“Ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias”, remarcaron los diez mandatarios, entre quienes están los de Jujuy, Salta y Catamarca, las tres provincias que concentran reservas de litio, en un documento que acordaron y firmaron en conjunto para reforzar su postura mientras avanza la discusión en el Congreso.

“Compartimos la importancia de sancionar una ley de humedales, después de tantos años de debate”, indicaron en ese texto, pero advirtieron: “corresponde a las provincias la potestad de realizar sus inventarios y deben ser ellas las que en coordinación con Nación elaboren el inventario nacional. Lo mismo debe suceder con los ordenamientos territoriales de humedales”.

En ese sentido, también apuntaron que, como las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, les corresponde a ellas “conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas”. Y añadieron: 

“Ninguna ley debe establecer moratorias que generen una paralización a las actividades productivas, ni a las actuales, ni a los proyectos en desarrollo, ya que todos los proyectos que tengan lugar en humedales deben atravesar los correspondientes procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por las provincias”.

En los días previos al plenario suspendido, se realizó una reunión informativa en la que voceros del sector privado y científicos expusieron sus posturas sobre el tema.

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La palabra de los expertos

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En ese marco, en representación del sector minero, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Luciano Berenstein, adviritó que “tal como está planteado el proyecto, nuestro país se quedaría sin minería” y amplió “Hay trece proyectos mineros en curso en todo el país que también podrían ser puestos en cuestionamiento, no solo afecta a la llegada de inversiones nuevas de litio y de cobre”.  Muchos de los proyectos mineros se desarrollan en zonas aisladas, donde existen humedales, o vegas o ambientes asimilables a humedales, y según los referentes del sector, una incorrecta definición, objetivos y alcances de la eventual ley, podría impedir su desarrollo.

Por su parte, Juan José Neif, magister en ecología acuática e investigador del CONICET, consideró que “se desvirtuó la antinomia entre producción y conservación” y consideró que “se necesitan leyes provinciales, no nacionales”.

“Es verdad que hay lugares en Argentina donde los humedales están en peligro -el caso del Delta- y debieran generarse leyes a nivel provincial”, dijo y amplió: “Otra cosa es extender una ley a toda la Nación, siendo que los humedales son un objeto polifacético diferente de lo que son los bosques o lagos, que además es un sujeto elástico, es muy difícil de manejar desde la delimitación que se pretende para todo el país”.

En esa línea, Pablo Mercuri, ingeniero de producción agropecuaria en representación del INTA, resaltó los aspectos económicos y sociales relevantes de los humedales para Argentina, algunos de ellos “estratégicos”. “Todos los humedales de Argentina tienen sistemas productivos, tienen gente viviendo, trabajando, gente que depende de los servicios ecosistémicos de los humedales”, indicó. “El proyecto en discusión tiene que tener un mejor balance entre producción y protección ambiental. Un punto importante es que la autoridad de aplicación no sea sólo Medio Ambiente, que también entren Agricultura y Minería”, opinó.

Por su parte, Fabiana Navarro, licenciada en Ciencias Biológicas, consideró que no hay factibilidad de cumplir con lo que plantean las iniciativas. “Los tiempos que proponen los proyectos para hacer el inventario nacional de humedales no son realistas. Son muy cortos. Necesitamos evaluar nuestros recursos naturales, pero seamos serios. No atemos el ordenamiento a plazos incumplibles”, evaluó.

Asimismo, Jorge Adámoli, ingeniero agrónomo e investigador del CONICET e INTA, manifestó que “cuando hablamos de incendios, tenemos que hablar de una emergencia que tenemos que resolver en muy corto plazo. Cuando hablamos de ordenamiento territorial de humedales, hablamos de programas de medio y largo plazo. Una ley no va a resolver la emergencia”.