El petróleo y la minería juegan su propio partido por las grandes inversiones en el RIGI

Si pensamos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como un torneo, hay dos equipos que vienen jugando buena parte del campeonato y estos son la minería y el petróleo y gas. Mientras uno acumula más proyectos aprobados; el otro pisa fuerte entre las iniciativas que todavía esperan entrar oficialmente a la cancha.

El número de proyectos permite dimensionar el tamaño de la competencia. Hasta octubre de 2026, según los datos oficiales de la Secretaría de Economía incluidos en el portal del régimen, el RIGI contabiliza 24 proyectos por una inversión total de US$56.198 millones, asociados a 108.450 empleos directos e indirectos.

Pero detrás de ese número hay otro partido en juego. Además de las iniciativas que ya consiguieron la aprobación, existen proyectos que todavía atraviesan la etapa de evaluación técnica. Allí el panorama cambia, el petróleo y gas pasan a ocupar el primer lugar por cantidad de iniciativas, seguido por la minería, la energía eléctrica y la tecnología.

Si ser mira el plantel que ya salió a la cancha, la minería tiene una presencia fuerte. Cuando se mira el banco de suplentes, los hidrocarburos aparecen con una cantidad importante de jugadores esperando el ingreso.

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La minería pisa fuerte

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La minería es uno de los sectores que más peso tiene dentro de los proyectos aprobados. Y, además, concentra iniciativas de gran escala vinculadas principalmente con el litio, el cobre, el oro y la plata.

Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan reúnen varios de esos proyectos. En Jujuy aparece la ampliación de Cauchari Olaroz, de Minera Exar, con una inversión prevista de US$1.241 millones. El proyecto contempla la construcción de pozos de extracción, pozas de evaporación y una nueva planta de producción para incrementar la capacidad en 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente y alcanzar un total de 85.000 toneladas anuales.

En Salta, en tanto, aparecen tres proyectos aprobados por una inversión acumulada de US$4.055 millones: Rincón, Diablillos y Sal de Oro II. El proyecto Rincón, de Rincón Mining, contempla una inversión de US$2.744 millones para producir carbonato de litio, con una capacidad inicial de 53.000 toneladas anuales y un potencial de expansión hasta 60.000 toneladas mediante tecnología de extracción directa de litio.

Diablillos, por su parte, está orientado a la explotación de oro y plata, con una planta de procesamiento de 3,15 millones de toneladas anuales. La inversión prevista es de US$764 millones.

La lista minera se completa con iniciativas de litio en Catamarca. Allí aparece Hombre Muerto Oeste, con US$292 millones de inversión; la expansión Fase 1B de Fénix, con US$531 millones; el proyecto de la sucursal dedicada de Liex, con US$710 millones; y Sal de Oro II, con US$547 millones.

Recientemente, el presidente Javier Milei se reunió con el CEO de Glencore, Gary Nagle, y anunció la aprobación de Agua Rica, un proyecto de cobre y oro ubicado en Catamarca. La iniciativa contempla una inversión estimada en 4.000 millones de dólares, aunque durante sus primeros 2 años se desembolsarían 771 millones.

Pero si hay una camiseta que se destaca por el monto, es la de los grandes proyectos de cobre.

San Juan tiene cuatro proyectos aprobados y una cartera que incluye Los Azules, Carbonatos Profundos, la ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación de Veladero y Vicuña.

Los Azules contempla una inversión de US$2.672 millones para la exploración y explotación de cobre, mientras que Carbonatos Profundos prevé US$665 millones para reactivar la mina Gualcamayo y desarrollar nuevos recursos de oro. La ampliación de las fases 8 y 9 de Veladero suma otros US$436 millones y, según la descripción oficial, generará exportaciones por US$3.800 millones.

Y aparece Vicuña, uno de los proyectos de mayor escala de toda la nómina: US$9.737 millones de inversión y una iniciativa que contempla la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata, junto con infraestructura para una operación minera a cielo abierto.

El proyecto prevé una planta concentradora, instalaciones de lixiviación, infraestructura eléctrica, sistemas de suministro de agua, caminos de acceso y alojamientos. En este tramo del campeonato, la minería no juega solamente con cantidad, además tiene algunas de las inversiones individuales más grandes del tablero.

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Del otro lado, Vaca Muerta

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Si la minería tiene su fortaleza en los grandes proyectos extractivos, el petróleo y gas llegan con otra lógica y una combinación de desarrollo de áreas, transporte, infraestructura y procesamiento que tiene a Vaca Muerta como uno de sus principales escenarios.

Neuquén concentra tres proyectos aprobados por US$6.187 millones. Entre ellos aparece Rincón de Aranda, de Pampa Energía, con una inversión prevista de US$4.522 millones. Entre los últimos ingresos se ubican la incorporación de Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que prevé una inversión de 12.400 millones de dólares a lo largo de 25 años para ampliar la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta.

El desarrollo contempla la perforación de 259 pozos y la infraestructura necesaria para tratar una producción máxima de 44.000 barriles de petróleo diarios. Además, el proyecto prevé 305 millones de barriles de petróleo de exportación durante su operación.

El otro gran frente está en la infraestructura necesaria para sacar el gas de la Cuenca Neuquina hacia nuevos mercados. San Matías Pipeline contempla la construcción de un gasoducto de 480 kilómetros entre Tratayén, en Neuquén, y San Antonio Oeste, en Río Negro.

El proyecto tiene una inversión prevista de US$1.300 millones y una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios. La obra apunta a evacuar producción incremental de Vaca Muerta hacia terminales de licuefacción en el Golfo San Matías.

Y ahí aparece otro dato que muestra cómo el partido del petróleo no se juega solamente dentro del yacimiento y cómo también la infraestructura entra en la competencia.

En La Pampa, por ejemplo, la ampliación del Gasoducto Perito Moreno contempla cuatro nuevas plantas compresoras para incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas natural. La inversión prevista es de US$550 millones.

El proyecto, según la descripción oficial, permitiría sustituir importaciones de hidrocarburos por US$700 millones y generaría un ahorro fiscal estimado en US$500 millones.

A esa misma lógica responde la ampliación de Mega, que suma US$365 millones para incrementar en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de líquidos del gas natural. Las obras abarcan instalaciones en Loma La Lata, el transporte por poliducto y la planta de fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca.

Si bien la minería y el petróleo y gas aparecen juntos dentro del mismo régimen, los proyectos no tienen necesariamente el mismo perfil. La minería concentra grandes desarrollos que pueden demandar años de construcción, puesta en marcha y expansión, con proyectos de litio, cobre, oro y plata distribuidos principalmente en el norte y oeste del país.

Los hidrocarburos, en cambio, combinan proyectos directamente productivos con obras de infraestructura destinadas a aumentar la capacidad de transporte, procesamiento y exportación.

Por eso, el mapa cambia según dónde se mire. En los proyectos aprobados, la minería aparece como el sector con mayor cantidad de iniciativas. En los que todavía están bajo evaluación, petróleo y gas pasa al frente.

Es como mirar dos tablas diferentes del mismo torneo: una muestra quiénes ya consiguieron entrar a la cancha y la otra quiénes están esperando la autorización para hacerlo.

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El banco de suplentes

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El volumen de proyectos que todavía están en evaluación permite entender por qué el partido está lejos de terminar. El portal de monitoreo registra 22 proyectos bajo revisión técnica, con una inversión potencial acumulada de US$101.241 millones y más de 103.000 empleos asociados.

Y en ese grupo, el petróleo y gas ocupa el primer lugar por cantidad de iniciativas, seguido por minería, energía eléctrica y tecnología.

El dato es relevante porque muestra que el RIGI no se limita a los proyectos que ya tienen una resolución publicada en el Boletín Oficial. Hay una segunda tanda de inversiones que todavía atraviesa el proceso de evaluación y que podría modificar el mapa sectorial cuando avance hacia la aprobación.

El régimen comenzó a tomar forma en 2024, cuando se registraron US$612 millones presentados como monto de inversión. En 2025, la cifra ascendió a US$3.701 millones y para 2026 llegó a US$6.196 millones. Para 2027, las proyecciones incluidas en la información oficial elevan el monto a US$6.251 millones.

La curva de desembolsos también tiene un momento de mayor intensidad, el pico se concentra entre 2026 y 2028, con máximos anuales superiores a los US$5.500 millones, impulsados principalmente por proyectos energéticos y mineros.

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Las reglas del torneo

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Para entrar al campeonato, los proyectos tienen que cumplir una serie de condiciones. El piso general de inversión es de US$200 millones, aunque la reglamentación puede establecer montos sectoriales de hasta US$900 millones y hasta US$1.000 millones por etapa para determinados proyectos de infraestructura energética.

También existe una exigencia de inversión temprana que indica que los proyectos deben alcanzar al menos el 40% del monto mínimo durante los primeros dos años, con una excepción reglamentaria que permite un porcentaje no inferior al 20%.

El régimen también establece condiciones vinculadas con el carácter de largo plazo, los activos computables, la participación de proveedores locales y la permanencia de los activos afectados al proyecto. En particular, los beneficiarios deben comprometer al menos el 20% de la inversión en pagos a proveedores locales del proyecto.

El objetivo es que las grandes inversiones no funcionen como una isla, sino que generen actividad alrededor de cada desarrollo. La letra chica también contempla seguimiento por parte de la autoridad de aplicación, que puede intervenir ante desvíos o modificaciones de los planes aprobados. Y hay una característica que ayuda a entender la dimensión temporal del régimen y es que los planes de inversión pueden extenderse hasta 2056.

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Un campeonato que todavía se está jugando

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Con ese escenario, el RIGI tiene una particularidad, el marcador va cambiar, según el momento del partido que se observe. La minería llega con una fuerte presencia entre los proyectos aprobados, con iniciativas de litio, cobre, oro y plata y algunas inversiones individuales de varios miles de millones de dólares.

El petróleo y gas, por su parte, tiene una presencia destacada tanto en los proyectos vinculados con Vaca Muerta como en la infraestructura necesaria para transportar, procesar y exportar esos recursos. Y, entre las iniciativas que todavía están en evaluación, encabeza la cantidad de proyectos.

Por eso, más que un duelo cerrado entre dos sectores, el mapa del RIGI muestra dos estrategias distintas dentro del mismo torneo. Una ya tiene varios jugadores confirmados en la cancha, mientras que la otra conserva un banco de suplentes cargado de proyectos que todavía esperan la aprobación.

Por el momento, mientras las inversiones empiezan a desplegarse, el partido recién entra en una etapa en la que los próximos años serán claves para ver cuánto de esos anuncios termina convertido en pozos, minas, plantas, gasoductos, puertos y nuevas capacidades de producción y exportación.