Juicio por YPF: el Gobierno negó estar en «desacato» ante la amenaza de sanciones en Nueva York

El Gobierno nacional salió este miércoles al cruce de versiones que indicaban que la jueza del segundo Distrito de Nueva York, Loretta Preska, había abierto la puerta para declarar a la Argentina en “desacato” por no cumplir con parte de sus pedidos de información en el juicio que se tramita por la expropiación de YPF.

Caso YPF: la Argentina negó incumplimientos ante la jueza de Nueva York

 “La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes de la Procuración de la Nación y remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.

En las últimas horas Preska fijó una nueva audiencia para el 23 y 24 de marzo, instancia en la que se debatirá si Argentina cumplió con la entrega de los chats y mails de sus funcionarios solicitada por la jueza.

“En relación con el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios, es preciso remarcar que dicha medida fue apelada por el Estado argentino por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense”, señalaron desde la Procuración.

Las fuentes oficiales explicaron que “la Argentina actúa de buena fe” y que “se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”. Asimismo, afirmaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”.

Juicio por la expropiación de YPF: el Estado habló de “hostigamiento” judicial

En ese marco, fuentes oficiales calificaron la orden de discovery como “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios”, en contradicción con el derecho internacional público y con las reglas básicas que rigen las relaciones entre Estados.

Según explicaron desde la Procuración, esta maniobra responde a una estrategia de la parte actora “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”.

Asimismo, desde la Procuración del Tesoro desmintieron de manera enfática las versiones sobre eventuales sanciones o un supuesto desacato. “Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, afirmaron fuentes del organismo.

Detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, y que cualquier eventual decisión quedará exclusivamente sujeta a la evaluación razonada del tribunal. “Cualquier afirmación en sentido contrario constituye una operación mediática irresponsable”, señalaron.

 En paralelo, las partes se encuentran a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo, un fallo que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena por más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina, recordaron desde la defensa.

“La defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, concluyeron desde la Procuración del Tesoro, y remarcaron que “la Argentina está actuando conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley, lejos de cualquier escenario de desacato”.