Más allá de la segmentación tarifaria

Este proceso debe significar un camino de reorientación en las políticas públicas. No debe ser sólo un beneficio de precio, sino también de seguridad.




Por Federico Lutz (*)

Luego de sortear diversos contrapuntos internos el Gobierno Nacional logró dar inicio al proceso de segmentación tarifaria de la electricidad y el gas. Para bien o para mal, por convicción política o necesidad macroeconómica, lo cierto es que en pocos meses las distribuidoras federales y del interior del país tendrán en sus cuadros tarifarios un esquema de pago que se sintetiza en tres grandes escalones.

En el primero estarán los beneficiarios de la tarifa social (menores ingresos), con un tope del 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior, es decir un máximo de aumento del 21% del precio actual del servicio hasta fin de año; en el segundo segmento, el incremento será hasta el 80% del coeficiente de variación CVS de 2021, es decir antes de fin de año se aumentará hasta el 42% del precio actual del servicio (ciudadanos de ingresos medios), y en el tercer escalón -un 10% de la población- todos los demás usuarios que no recibirán ningún tipo de subsidios (por ser de mayores ingresos) y que abonarán la tarifa plena en un sendero acelerado.

El trazo grueso de la política tarifaria parece ser claro; hartamente proclamado por diversos sectores y de aceptación pacífica, pese a las dificultades que surgirán en el proceso de instrumentación en las compañías.

Ahora bien, la segmentación ha sido tardía, y como herencia del esquema tarifario anterior tenemos una innumerable cantidad de ciudadanos víctimas de la pobreza energética y de los efectos negativos de no contar con precios y condiciones asequibles sobre las fuentes energéticas.

La imposibilidad de pagar el precio de la tarifa impulsó la clandestinidad en el uso de los servicios, y esta se ejecutó -como no podía ser de otra forma- bajo enormes falencias a la seguridad pública de las personas y bienes.

Miradas simplistas fueron cómplices de la proliferación de asentamientos urbanos sin infraestructura, ni suficiente, ni segura; la pobreza parece haber sido durante décadas un tema circunscripto a los datos que arrojaban las estadísticas. Durante años una persona y sus familias pudieron haber pasado del empleo al desempleo, de la indigencia a la asistencia social mínima, de haber carecido de servicio de salud a contar con un hospital cercano; pero hay algo que nunca cambió, si su conexión eléctrica o de gas era clandestina e insegura, se mantuvo así en todos los tiempos.

Los Estados dieron durante años erróneas señales socioeconómicas para la población. Permitieron que millones de argentinos consuman energía subsidiada sin merecerlo, y forzaron a otros tantos al mencionado uso clandestino, principalmente de la energía eléctrica, y en algunos casos también del gas.
Este juego de equivocadas señales condujo a un “uso poco racional de la energía” de quienes tenían acceso a la misma a bajo precio; y a un “uso clandestino e inseguro”.

El uso de los recursos públicos puestos en el consumo -subsidios-, y no en la infraestructura fue un error que hoy roza la fatalidad en miles de puntos del país.

Se le pagó la energía eléctrica -y el gas- a millones de asalariados, comercios, profesionales, empresas, que gozaban de condiciones de vida digna o de una condición comercial o empresaria que daban cuenta de su capacidad de afrontar tarifas más razonables en la relación precio / costo. En paralelo privamos a otros tantos millones de argentinos de una conexión física normalizada y segura de energía eléctrica (y por caso gas) que hacía, más que a su confort o performance económica del negocio, a la vida misma. Esta última situación es el próximo enemigo a vencer; cuidar los factores de acceso a la energía a través de precios socioeconómicos, de modo alguno puede hacer caer en el olvido el deber de custodia de la vida de la ciudadanía.

Con tarifas un poco más razonables para un sector altamente intervenido por el Estado -energético-, es hora que los esfuerzos exigidos a un grupo de la población (media / alta) no se conviertan en el mero hecho populista de tener tarifas bajas para los más vulnerables. Debe comenzarse el camino de reorientación de las políticas públicas -y sus recursos- para que el beneficio de las tarifas sociales implique no solo la posibilidad de pago del precio de la energía -electricidad y gas-, sino la clara meta de que esa energía suministrada sea bajo una conexión normalizada y segura, que deje de arriesgar día tras día la vida de las personas, sus familias y bienes.

El camino iniciado para garantizar tarifas que brinden accesibilidad a los servicios públicos y derroten la pobreza energética trae como razonable exigencia el deber de los Estados de saldar la herencia de la clandestinidad, evitar que se vuelva a repetir, y por sobre todo la necesidad de asumir inmediatamente los procesos de normalización de conexiones de carácter seguro, con el objetivo de proteger la vida.

La segmentación de tarifas sin velar por la inclusión social de las personas a las fuentes energéticas de manera segura nos alejará de las debidas políticas socioeconómicas, y convertirá esta etapa en un amargo proceso de ajuste del gasto público.

(*) El autor de esta columna es abogado y especialista en Economía de la Energía. Actualmente es el gerente general de la Cooperativa Eléctrica Bariloche.


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