Audiencia pública: Nación anunció que trasladará todo el costo del gas dolarizado a tarifas
El secretario de Energía de la Nación anunció el traslado a tarifa del costo dolarizado del gas a partir de febrero. Será en tres cuotas consecutivas y tendrá un fuerte impacto en los facturas pues hoy se abona solo el 17%. Fue durante la audiencia pública en la que se debaten las nuevas tarifas de transporte y distribución. También anunció la puesta en vigencia desde abril de un nuevo sistema de subsidios.
Por el aumento del cargo fijo, las boletas de la región tendrán un mínimo de 3600 pesos y para una familia tipo será de entre 10.000 y 15.000 pesos por mes.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realiza hoy la Audiencia Pública 104 para definir las nuevas tarifas del servicio de gas natural de todo el país. Las distribuidoras y transportistas presentaron pedidos de aumentos de entre el 350 y el 700% en sus ingresos. El titular de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo anunció que el 1 de abril entra en vigencia un nuevo sistema de subsidios más acotado y que desde el mes que viene se trasladará a las tarifas el costo dolarizado del componente gas.
Tarifa de gas: Con pedidos de aumento de hasta el 700% comienza la audiencia pública
El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer orador en la audiencia pública que comenzó esta mañana para debatir, entre otros puntos, las nuevas tarifas de transporte y distribución del servicio de gas. Sin embargo, el funcionario dejó dos grandes anuncios en su presentación que prometen disparar las tarifas más de un 200%.
El primero, es que la decisión del gobierno de trasladar completamente el precio del gas como producto a las tarifas lo cual tendrá un fuerte impacto en los bolsillos. Según detalló, hasta el 2019 el 100% del costo del Precio en Punto de Inyección al Sistema de Transporte (PIST) estaba trasladado a la tarifa, pero desde entonces se comenzó a postergar.
Al respecto, indicó que «en el mes actual se está pasando 0,7 dólares, que es el 17% del valor, la diferencia es absorbida por el Estado. Solo se paga el 17,5% del PIST, el 82,5% restante lo pagan todos los ciudadanos tengan o no servicio y se traduce en menores fondos para jubilación, salud y mayores impuestos».
Rodríguez Chirillo explicó que actualmente el precio promedio del PIST es de 4 dólares por millón de BTU, pero que lo que abonan los usuarios es de 1,50 dólares. Y anunció que la propuesta del gobierno es «el traslado gradual del PIST para la readecuación progresiva de subsidios».
Y detalló que dicho traslado se adecuará en función del precio al tipo de cambio con un esquema que indicó será «del 33% en febrero, marzo y abril».
Dicha propuesta se complementa con una reformulación del actual sistema de subsidios, ya que el funcionario aseguró que «la segmentación actual se mantiene hasta el 1 de abril cuando el nuevo esquema de subsidios entra en vigor en dicha fecha», es decir cuando se complete el traslado del costo del PIST.
Cómo serán los nuevos subsidios
Rodríguez Chirillo explicó que se van a «reasignar los subsidios a los sectores más vulnerables, estableciendo volúmenes máximos de los energéticos subsidiados con una canasta básica energética básica por zona bioclimática».
Detalló que se trata de una «nueva conceptualización de los subsidios», ya que consideró que la actual «segmentación ha tenido su falencia. Los tres grupos siguen recibiendo subsidios porque los precios generalizados fijados en los mercados mayoristas no cubren el total de los costos, hay superposición de beneficiarios de planes sociales, hay falta de control del padrón de usuarios, discrepancias con RASE y sin control del grupo conviviente».
El nuevo esquema que propone el equipo de Milei tiene 5 ejes:
El titular de Energía explicó que primero se buscará «determinar los ingresos totales del grupo conviviente en una unidad familiar». El segundo eje será «determinar una canasta básica energética de luz y gas que cubra las necesidades básicas indispensables que se determinará en una cantidad de kWh y metros cúbicos mes, que será el máximo de lo que se considera viable».
El tercer punto del nuevo esquema de subsidios es que «la canasta básica se determinará según los tipos de consumo de las distintas zonas del país».
El cuarto eje marca que «para determinar el subsidios se deben descontar de las cantidades los ingresos del grupo social correspondiente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso, subsidiando la diferencia».
En tanto que Rodríguez Chirillo sumó que «el subsidio será diferencial cuando el costo básico de la energía supere un porcentaje determinado del grupo conviviente».
Rodríguez Chirillo: «Un sistema desfinanciado, ineficiente y con riesgos de desabastecimiento»
El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, marcó que estamos «sumidos en una crisis que nos dejó el anterior gobierno, con una crisis en la energía y en los servicios públicos».
Y indicó que se trata de «un modelo que llegó a su fin y que nos dejó en una situación de vulnerabilidad en la que se prestan los servicios públicos que quiero transmitir la situación en la que se encuentran. Por la que fue necesario dictar el decreto de emergencia energética a diciembre de 2025″.
El titular de Energía realizó un resumen del estado actual del sistema energético en el que destacó 11 puntos.
1- «Las anteriores administraciones dejaron un estado en el que el sistema energético actual se encuentra altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgos de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de 30.000 millones de dólares en los últimos 10 años.
2- Se ha producido un paulatino debilitamiento del sector y del rol del Estado.
3- Ausencia de señales de mercado para alentar inversiones y mejorar la infraestructura, siendo el Estado el que debió hacer las escasas obras y costosas. El costo del primer tramo del GPNK y la tardía reversión del Gasoducto Norte lo ponen en evidencia.
4- Paralización del ritmo de las inversiones y crecimiento de las importaciones.
En 2023 se dejó una deuda de 230 millones de dólares por la importación del gas de Bolivia que hay que honrar bajo amenaza de corte»
Eduardo Rodríguez Chirillo, Secretario de Energía de la Nación.
5- El Estado ha ido absorbiendo mediante gasto público, dos tercios de los costos de suministro de gas actual. Los contratos del Plan Gas Ar en dólares que paga Enarsa por el plan gas a un promedio de 3,80 dólares por millón de BTU vende a las distribuidoras a 1,2 dólares en promedio en 2023. El costo promedio de importación de Bolivia es de 10 dólares por millón de BTU y se vende a 1,82 dólares el MBTU, generando pérdidas cuantiosas al estado. En 2023 el Estado dejó sin pagar una deuda de 230 millones de dólares que actualmente tiene que honrarse bajo apercibimiento de corte.
Respecto a la importación de cargamentos de GNL: En 2023 Enarsa adquirió en Escobar a US$ 21,83 el MBTU y vendió a US$1,82 a las distrubuidoras, y en Bahía Blanca adquirió a US$ 15,50 el MBTU y vendió a 1,62.
6- El cuadro tarifario de gas tiene más de 60 tarifas distintas y en algunas provincias hasta 90, con subsidios cruzados.
7- El esquema tarifario de transporte es obsoleto y unidireccional.
8- La falta de terminación de RTI y congelamiento de tarifas llevaron a que no reflejen el costo de servicio y empresas dejaran de hacer las obras necesarias y el consumo aumentara.
9- Los subsidios a la oferta alteraron el comportamiento de la demanda. La segmentación quedó por la mitad y lejos estuvo de contar con un diseño adecuado para quienes realmente necesitan los subsidios.
10- Existen limitaciones para la importación de equipamiento que entorpecen el desarrollo del sector.
11- Abordaje incorrecto del cambio climático y del uso racional.
Siguiendo el orden de la audiencia, tomó la palabra un representante del ministerio de economía, Martín Vauthier. Explicó cuánto representan los subsidios a la energía en el PBI: en 2019, los subisidios representaban el 1%. Este porcentaje ha variado a lo largo de los años hasta llegar al 1,5% en 2023. «Los subsidios fueron la mayor parte del déficit fiscal en 2022», subrayó.
«La necesidad de ir a un equilibrio financiero no se trata de una cuestión técnica teórica alejada de la población, si no que es una condición necesaria para dejar atrás toda esta historia de fracaso que ha tenido la economía y ha sufrido la sociedad argentina. Creemos que es necesario que se pueda realizar ahora y sostener en el tiempo», cerró.
Camuzzi gas del Sur: «el 76% de los usuarios verían aumentos menores a 3.500 pesos»
Le siguió Guillermo Cánovas, representante de Transportadora Gas del Norte (TGN), quien marcó que «desde hace varios años, la prestación del servicio publico de gas se viene brindando con las tarifas retrasadas«. Explicó que desde abril de 2019 a diciembre del 2023 los costos se multiplicaron por 29 y las tarifas aumentaron por 5.
Indicó que la inflación no reflejada en la tarifa es del 523%. Este prcentaje es el que buscan recomponer a través de las tarifas. El impacto difiere según la localización geográfica y tipo de usuario. Por ejemplo, los usuarios residenciales en Buenos Aires, nivel 1, con la readecuación del servicio de transporte, que hoy paga 4.208 pesos por mes, tendrá un aumento de 2077 pesos, lo que representa una suba del 49%.
Al referente de TGN le siguió Ruben del Muria, de Transportadora Gas del Sur (TGS), cuya actualización tarifaria tendrá un impacto en la región. «Desde marzo de 2019, la variación del IPIM, (el indice que debe usarse para actualizar las tarifas) ascendio al 1387% a noviembre del 2023. Mientras que la tarifa aumentó un 212% en el mismo periodo«, señaló. La firma solicita una actualización mensual siguiendo este índice publicado por Indec.
TGS solicita la puesta en vigencia del ajuste transitorio a las tarifas de transporte igual al porcentaje del atraso tarifario registrado a diciembre del 2023. Según los datos presentados, es de 567,3%. Por ejemplo, un usuario residencial del nivel 1, en la actualidad paga $132 promedio en concepto de transporte, con la adecuación tarifaria pasaría a pagar $878. El impacto sería de $746 promedio mes en concepto de transporte.
Por Camuzzi Gas del Sur y Gas Pampeana, habló Walter Pavan, quien señaló que en la factura sólo el 14% representa la tarifa de distribución. Los efectos del atraso tarifario se reflejan en «los usuarios que todavía no se pueden conectar», debido a que las inversiones en los últimos años fueron destinadas a la «seguridad y confiabilidad del sistema y no a nuevas incorporaciones. No podemos hacer inversiones en expansión», señaló Pavan.
En este caso, un usuario residencial nivel 1 paga $4.164 la factura en promedio y pasaría a pagar $7.430. La variación en la tarifa de distribución es de $2.673. Cuando analizan el universo total de clientes, la recomposición tairfaria que solicitan implica aumento en la factura menor al $3.500. Esta suba la vería reflejado el 76% de sus usuarios. Los restantes verán un porcentaje mayor. La empresa tabién propone una actualización mensual.
Desde Energía Argentina SA (Enarsa), habló Carlos Bischoff. Enarsa cumple un rol para el normal abastecimiento de los consumos de la demanda residencial solicitado por las distribuidoras y subdistribuidoras de gas natural por redes, con las condiciones del mercado actual. Parte se efectúa a través del conocido como Plan Gas, las importaciones de Bolivia y las de GNL.
En la compra a productores y venta a distribuidoras a partir del Plan Gas, uno de los grandes problemas es la gran disparidad en el precio de compra y el de venta. En 2023, la compra estaba en 3,28 dólares el millón de BTU (574 millones de dólares en el año) y la venta en 1,14 dólares (164 millones de dólares). En subsidios alcanza los 2,85 dólares por millón de BTU. En concepto, fueron 410 millones de dólares en 2023.
Bischoff explicó que al 10 de diciembre del 2023 se registró una deuda con YPFB por 234 millones de dólares que suma intereses por pagos fuera de término, un saldo que resta pagar de agosto y las inyecciones de septiembre y octubre. Mientras que la deuda con productores locales asciende a 27.229 millones de pesos por la inyección de septiembre del año pasado.
Katopodis: «nos vienen a plantear que el ajuste de tarifas tiene que ser mensual cuando los salarios están congelados»
El ministro de infraestructura y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, subrayó que la adecuación tarifaria se da en un «contexto de una importante recesión de la economía de caida de poder adquisitivo y del salario real, en un contexto de freno de la economía que empieza a manifiestarse».
«Sacarle la plata del bolsillo a la gente para ponersela en los bolsillos de los grandes empresarios no va a resolver los problemas del país», subrayó el referente. «Nos vienen a plantear que ese ajuste además tiene que ser mes a mes cuando el salario de los trabajadores está congelado. Es inadmisible», apuntó.
«Rechazamos de manera clara y categórica el pedido de este incremento. No venimos a oponernos, venimos a anticiparles lo que está pasando en la calle. Hacen las cuentas al revés: aumentan tarifas, prepagas, servicios y bajan salarios y jubilaciones. Este no es el camino», marcó.
Los pedidos de aumentos
El eje de la audiencia serán los pedidos de aumento de las transportistas y distribuidoras. En el caso de TGS y TGN solicitaron subas del 567 y 573% respectivamente, que por la estructura de las boletas de gas, su incidencia del costo de las transportistas es del 2% en el final de las facturas.
La audiencia comenzó con una apertura técnica realizada por el titular de Enargas, Carlos Casares, quien junto a la gerenta del organismo, Carolina Guerra Bianciotti, presiden el encuentro.
Casares detalló que la actualización de las tarifas buscada se encuadra con el decreto 55/23 que declaró la Emergencia Energética en el país hasta el 31 de diciembre del 2025. Y en ese sentido sostuvo que es «necesario brindar desde ahora señales claras y precisas para un consumo eficiente y racional y para un servicio de calidad que estimule y acompañe el crecimiento de la demanda».
Y enfatizó que «nos encontramos en una etapa de transición, procurando evitar que los servicios devengan en la obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente actualización tecnológica, la deficiente adecuación a las necesidades de la demanda y a fin de evitar una profundización la falta de ampliación de redes».
Para la región, la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur solicitó un aumento del 543,6% a aplicarse a partir de febrero. Por el peso que tiene este ítem en las boletas, los usuarios residenciales de Neuquén registrarán una primera suba promedio del 55% en sus facturas.
La distribuidora del Área Metropolitana de Buenos Aires, Metrogas, solicitó un alza del 375%. Su vecina, de la provincia de Buenos Aires, Naturgy, presentó un pedido por el 437%.
Camuzzi Gas Pampeana presentó un pedido de aumento del 421%, Ecogas lo hizo por un 126%, Gasnor planteó subas de entre el 438 y el 704% según el tipo de usuario.
Pero el debate promete ser acalorado ya que no solo están estos pedidos de aumentos sino que además hay dos factores más en juego: el impacto de la devaluación en el costo del gas como producto, y qué hará Nación con la segmentación y los subsidios.
El impacto que la devaluación del peso tendrá en el costo del gas (PIST) podría tener un impacto aún más alto que estos aumentos pedidos por las distribuidoras y llevar el incremento por encima del 100%.
El listado incluye 124 oradores inscriptos que tendrán entre 30 y 5 minutos para exponer sus planteos.
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