Enfrentamientos necesarios
Acaso porque no les es dado culpar a la oposición por el delito, los voceros gubernamentales, encabezados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tratan de hacer pensar que hablar de violencia equivale a estimularla. A su modo, han hecho suya aquella consigna del gobierno de Isabel Perón conforme a la cual “el silencio es salud”. Según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el clima de inseguridad que se ha difundido por el país se debe a que en el transcurso de los dos años últimos hubo “92.350” alusiones al delito en distintos programas de televisión. Asimismo, la presidenta, claramente enojada porque a juicio de muchos obispos “la Argentina está enferma de violencia”, atribuyó la advertencia que acaba de formular la Conferencia Episcopal sobre la agresividad creciente de los delincuentes al supuesto deseo de la Iglesia Católica de “reeditar viejos enfrentamientos”, ya que, como señaló, hubo violencia “en serio” en la Argentina de cuarenta años atrás. Parecería, pues, que la única violencia que le preocupa a Cristina es la política, que a menos que los delincuentes intenten disfrazarse de lo que hoy en día se llaman luchadores sociales deberíamos pasar por alto los robos y asesinatos que tanto impacto han tenido en la opinión pública. Es poco probable que Cristina realmente crea que haya muchos obispos que quisieran ver reeditados los enfrentamientos entre izquierdistas y derechistas, montoneros peronistas y esbirros de la Triple-A peronista, que sirvieron para despejar el camino que llevaría el país a un golpe militar. Sucede que ni ella ni sus colaboradores, con la eventual excepción del subsecretario de Seguridad, Sergio Berni, saben cómo reaccionar frente al aumento alarmante del delito y la brutalidad ya rutinaria de muchos delincuentes. El desconcierto que sienten puede comprenderse. Los kirchneristas pronto cumplirán once años en el poder y, si bien algunos siguen imputando todos los problemas que no han conseguido atenuar a lo hecho por el gobierno del compañero Carlos Menem en la década de los noventa del siglo pasado, los más lúcidos entienden que, a esta altura, ensañarse con “el neoliberalismo” que supuestamente se había apoderado del país durante la década ganada por el riojano no los ayuda del todo. Aún más dolorosa para el gobierno de Cristina que las palabras urticantes elegidas por los obispos para aludir al aumento del delito fue la forma en que lo vincularon con la corrupción y con el desembarco de contingentes nutridos de narcotraficantes. Podría argüirse que el delito violento es común a muchos países y que no sería razonable suponer que la Argentina estaría en condiciones de mantenerse libre del flagelo, pero es imposible minimizar la responsabilidad del gobierno por la virtual institucionalización de la corrupción que ha facilitado el ingreso de los carteles colombianos y mexicanos de la droga. En este ámbito, el gobierno kirchnerista ha hecho muy poco que podría considerarse positivo. Antes bien, debido a su afán por politizar la Justicia y su evidente falta de interés en todo lo relacionado con la gestión, ha permitido que los cárteles extranjeros se consolidaran en el país y que surgiera una multitud de organizaciones locales dispuestas a disputar, o compartir, un mercado de consumo cada vez mayor. Así las cosas, acusar a los obispos de querer “reeditar viejos enfrentamientos” es claramente absurdo. Fuera de algunas sectas oficialistas que, en teoría por lo menos, se adhieren a los “ideales” setentistas, a nadie se le ocurriría reanudar los conflictos de otros tiempos. En cambio, muchos, entre ellos los obispos, quisieran ver un enfrentamiento genuino entre los resueltos a defender los valores democráticos y los derechos humanos irrenunciables por un lado y, por el otro, los delincuentes y sus aliados corruptos enquistados en la Policía, hay que suponerlo, la Justicia y ciertas reparticiones gubernamentales. Por desgracia, no será posible derrotar a los delincuentes y los corruptos con nada más que exhortaciones bienintencionadas. También sería necesario un esfuerzo denodado para mejorar el desempeño de las fuerzas de seguridad, hacer mucho más eficaz el sistema judicial y, desde luego, impedir que los corruptos sigan saqueando al país con la impunidad insolente a la que se han acostumbrado.
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