Entregan las 264 casas de la polémica en Viedma
Del total de inscriptos, un centenar planteó impugnaciones y reclamos ante la Defensoría del Pueblo. Desde el IPPV hubo pocas respuestas. La entrega se hizo sin acto y en reserva.
VIEDMA (AV).- El IPPV comenzó ayer con la entrega de las 264 viviendas de esta capital, que fueron concluidas hace meses pero la cesión se demoró a partir de cuestionamientos en adjudicación inicial.
Un centenar de inscriptos formalizaron denuncias en la Defensoría del Pueblo, quien solicitó explicaciones al IPPV. Las respuestas -según el organismo que conduce Ana Piccinini- fueron insuficientes.
Demasiados interrogantes y muchas quejas. Un clima arriesgado que determinó una sigilosa entrega de parte del IPPV a los adjudicatarios, que ayer cumplieron las últimas formalidades y poco a poco fueron recibiendo las llaves de sus nuevos hogares.
No hubo motivación gubernamental para el tradicional acto de entrega, que habitualmente encabeza el gobernador Miguel Saiz o el presidente del instituto, Vicente Pili.
Las dudas se sucedieron cuando se conoció el listado de preadjudicados. Antes, la demanda de interesados -como siempre- superaba ampliamente a la oferta. Unos 2.800 viedmenses se habían anotado para acceder a una de las 264 viviendas. El primer relevamiento dejó sólo 1.200 que cumplían con los requisitos centrales, como acreditar ingresos mínimos del grupo familiar, el período de residencia y no disponer de inmuebles.
A principios de noviembre, el IPPV publicó la nómina de preadjudicatarios. Las denuncias se multiplicaron. La Defensoría recepcionó un centenar de reclamos que determinaron que Piccinini intervenga y solicite explicaciones al instituto que conduce Pili.
Pasaron más de 50 días y el IPPV no concluía con los trámites. Al final, la semana pasada, el gobernador habría instruido que las viviendas se asignen «para antes de concluir el año».
Se optó por una entrega silenciosa. La explicación oficial se concentró en que se trata de una determinación nueva, como ya se entregaron barrios en Regina y
Cervantes. A pesar de esta estrategia, en el IPPV se advertía demasiada incomodidad cuando ayer «Río Negro» quiso saber el lugar de firma de documentación y la entrega de llaves.
Mientras tanto, la Defensoría no ocultaba su malestar ya que el instituto sólo respondió parcialmente al centenar de reclamos que se formalizaron ante la preadjudicación de esas unidades habitacionales.
Luego del escándalo desatado por la difusión del listado en los primeros días de noviembre, con acusaciones de que fue digitado para favorecer a quienes tenían más vínculos con el Instituto de la vivienda, la Defensoría otorgó 30 días hábiles. Sin embargo, las contestaciones que llegaron se circunscribieron a mencionar que habían citado a algunas personas para atender su reclamo puntual.
Las evaluaciones críticas que se hicieron sobre el procedimiento de preadjudicación están relacionadas con que la totalidad de casas que se están entregando en el barrio San Martín eran del sistema denominado «demanda libre», es decir de total disponibilidad de acuerdo a los requerimientos que estaba recibiendo el instituto.
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