Entregaron inmuebles y se liberaron de la causa penal por fraude contra el Estado

Cinco lotes por más de 2.300 metros cuadrados, cotizados en 10,5 millones, fue la reparación de los acusados. El jueves se realiza el “control de acusación” para el juicio contra Alejandro Gatica, titular del gremio de los legislativos, en Viedma.

El dirigente del gremio legislativo se encamina al juicio. El jueves será la audiencia de control de acusación. (foto: archivo)

El dirigente del gremio legislativo se encamina al juicio. El jueves será la audiencia de control de acusación. (foto: archivo)

Cinco acusados en la causa de APEL logran el beneficio de “suspensión de juicio a prueba” con la cesión de cinco lotes en favor del Estado provincial, cotizados en unos 10,5 millones de pesos.

Además, este jueves 28 se cumplirá la audiencia de acusación contra los otros imputados, incluyendo al secretario general del gremio legislativo, Alejandro Gatica.

Ambas instancias se encuadran en la causa de defraudación al Estado rionegrino por parte de la conducción del gremio legislativo por el manejo del Fondo de Viviendas, conformado con fondos públicos.

Recientemente se concretó una primera resolución cuando el juez Ignacio Gandolfi convalidó una propuesta de resarcimiento de cinco imputados como “partícipes necesarios” del manejo irregular del Fondo, administrado por APEL.

En su último cálculo, la fiscalía penal estimó un perjuicio al Estado por algo más de 49 millones, diferenciado en tres etapas. Marcó un manejo irregular del Fondo, entre agosto del 2010 -cuando se creó- y marzo del 2013, por 24.129.109 pesos y en 170.371 dólares. Otra defraudación de 1,3 millones por retención indebida de pagos efectuados por adjudicatarios, a partir del 2014 hasta el 2018. Y un tercero cuando APEL mantuvo durante un año (abril del 2013 a marzo del 2014) el cobro por cuotas por lotes y percibía aportes estatales.

El cuestionado Fondo fue creado en el 2010 con la inyección de fondos públicos y quedo bajo la administración del sindicato legislativo para soluciones habitacionales del personal de ese Poder. La Legislatura lo intervino cuatro años después a partir de la denuncia penal por su irregular manejo.

La Justicia otorga a cinco acusados el beneficio de suspensión del juicio, requerido por su defensor Juan Carlos Chirino, a partir de la entrega de cinco lotes y “a realizar trabajos -no remunerados-, de carácter comunitario”, puntualmente por “50 horas en la Cooperadora Grupo Scout Virgen del Carmen, de Carmen de Patagones”. La oferta fue aceptada por el magistrado y, antes, convalidada por el fiscal Pedro Puntel y el querellante Favio Igoldi (que representó a un particular damnificado, que logró un resarcimiento de 110 mil pesos).

Los cinco terrenos cedidos están ubicados al ingreso al Barrio Lavalle de Viedma y suman 2.340 metros cuadrados. La cotización planteada en la audiencia llega a los 128.750 dólares, es decir, unos 10,5 millones de pesos.

Antes, los imputados habían ofrecidos tres inmuebles pero, en esa ocasión, el representante del Ministerio Publico lo consideró insuficiente.

La Fiscalía de Estado, en defensa del erario público, no estuvo de acuerdo con el resarcimiento final pero Gandolfi le recordó que su oposición no podía pasar de las quejas ya que no se había presentado como querellante.

La resolución alcanza a Gonzalo Angos, Ricardo Angos, Susana Inostroza, Mario Montero de Espinosa y Alberto Otermin. Ellos actuaron en la venta a Gatica de inmuebles en Viedma y en el balneario de San Blas, abonados con dinero del Fondo, sin “concurso de precios, ni se acreditó la razonabilidad del precio”, entre otras irregularidades.

Fueron -según la acusación- “partícipes necesarios de las maniobras defraudatorias”, incluso tres simulan “ser adquirentes intermediarios en estos negocios inmobiliarios y disimular los sobreprecios, asegurando el retorno a Gatica y su círculo familiar así como a su socio, Angos”.

Aún así, el magistrado justifica el beneficio porque “no se trata de un delito doloso cometido por un funcionario público”, la propuesta es oportuna y los imputados carecen de antecedentes penales, acompañada “con la conformidad motivada y razonable del fiscal”.

Considera que es “la mejor solución”, pues “el Estado receptaría cinco terrenos que podría destinar a los fines sociales que las políticas públicas entiendan prioritarios -viviendas, escuelas, parques, hospital, etc”.

No se presentó como querellante

La Fiscalía de Estado no coincidió con el acuerdo. El juez Gandolfi recogió sus quejas aunque aclaró que esa oposición no significaba más que eso y advirtió que ese organismo no se presentó como querellante. Esta actuación otorga mayor participación en el proceso. Por ejemplo, en contrapartida, un damnificado se transformó en querellante -patrocinado por Favio Igoldi- y se requirió de su aceptación, previo entendimiento por un resarcimiento particular.

En la audiencia, la representación de la Fiscalía de Estado rechazó la oferta de los imputados. En su resolución, Gandolfi aclaró que ese órgano “no puede prestar una conformidad condicionada” porque “nunca se constituyó en parte querellante, pudiendo haber hecho. Eso -agrega- le “hubiera facultado a ejercer todas los derechos y atribuciones derivados de su posición de víctima”. En cambio, su participación en el proceso penal “debe limitarse a ser oído y a aceptar o no la reparación, no pudiendo pronunciarse”.

El rechazo de la Fiscalía de Estado por “insuficiencia de la reparación integral no alcanza” para trabar el beneficio, y “no se puede pretender la reparación integral, sino en la medida de las posibilidades de la economía de los imputados”.
Igualmente, Gandolfi reafirma que la Fiscalía “tendría habilitada la acción civil para demandar las restantes sumas que entienda reclamar”.
En realidad, el órgano de control estatal, que conduce Julián Fernández Eguía, ingresó forzado en el proceso. En los últimos dìas, según trascendió, la Fiscalía habría pedido ser querellante para la otra parte de la causa.


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