Esclavos de una mentira

Cuando el entonces presidente Néstor Kirchner optó por embellecer las estadísticas confeccionadas por el Indec con el presunto deseo de manejar las expectativas inflacionarias, ya que en su opinión se trataba de un fenómeno más psicológico que financiero, no pudo prever que su propio “proyecto” sería la víctima principal de lo que habrá tomado por un ejemplo genial de viveza criolla. Sin embargo, desde aquel día fatídico el gobierno nacional está atrapado en un pozo del cual no le será posible salir indemne, razón por la que se ha negado a intentarlo. Aunque es de suponer que tanto Néstor Kirchner como su esposa y sucesora, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pronto entendieron que eran escasos los beneficios que les reportaba la difusión oficial de estadísticas fraudulentas y que las desventajas se hacían cada vez mayores, no encontraron la forma de sincerarlas. Los costos no sólo económicos sino también políticos de la insensata maniobra que emprendió el gobierno a inicios del 2007 ya han sido muy elevados. Todo hace pensar que seguirán aumentando. Puede que a juicio de quienes se jactan de su “heterodoxia” el que los directivos del Fondo Monetario Internacional se hayan sentido constreñidos a formular una “moción de censura” porque a pesar de las advertencias el gobierno continúa publicando “datos inexactos” se ha debido nada más que al “ánimo sancionatorio de castigo” que el Ministerio de Economía imputa al organismo multilateral, pero sucede que la frustración que con toda seguridad siente Christine Lagarde es compartida por los funcionarios de todos los gobiernos de países significantes, por buena parte del empresariado local y hasta por sindicalistas que dicen apoyar al kirchnerismo. Según se informa, Lagarde misma no quería ver sancionado al gobierno de Cristina, pero las presiones de los delegados de Estados Unidos, Europa y Japón no le dejaron más alternativa. Así las cosas, no tiene mucho sentido atribuir la primera moción de censura a un miembro que ha producido el FMI en sus 69 años de historia a la hostilidad de un puñado de técnicos despechados; a lo sumo, la postura asumida por el gobierno servirá para arrancar algunos aplausos a los ya convencidos de que todos los problemas económicos y sociales del país han sido provocados por una conspiración “neoliberal” planetaria. En el exterior está consolidándose el consenso de que, a menos que el gobierno de Cristina tome las “medidas correctivas” exigidas por el FMI, la Argentina tendría que ser expulsada del organismo por negarse a respetar sus estatutos, lo que haría muy difícil su permanencia en el G20 que supuestamente representa a la elite mundial pero que, como muchos han señalado, sólo refleja la realidad de tres lustros atrás y por lo tanto debería verse reemplazado por una agrupación un tanto menos arbitraria. Aunque sigue siendo poco probable que la Argentina kirchnerista se vea expulsada formalmente del FMI y el G20, los perjuicios ocasionados por la conciencia generalizada de que las estadísticas difundidas por el gobierno se basan en nada más firme que sus necesidades propagandísticas ya han incidido de manera muy negativa en la evolución de la economía al privarnos de inversiones cuantiosas. Pero no sólo se trata del precio que la ciudadanía está pagando por la pésima imagen internacional que el gobierno de Cristina se las ha arreglado para merecer. El intento vano de engañar a virtualmente todos ha contribuido a distorsionar la política económica oficial porque el gobierno se cree obligado a brindar la impresión de tomar en serio sus propios números. Con todo, aunque algunos miembros de los diversos equipos económicos rivales que luchan por imponerse, comenzando con el viceministro Axel Kicillof, sabrán muy bien que la intervención del Indec ha tenido consecuencias desastrosas y que tarde o temprano será necesario cortar por lo sano, temen que cualquier intento de salir de la situación aberrante en la que se han metido les resulte todavía peor en lo que es, al fin y al cabo, otro año electoral. Es que, aun cuando no se tratara de un choque tan brutal como el provocado en los años setenta del siglo pasado por el Rodrigazo, un eventual sinceramiento no podría sino significar el abandono definitivo del “modelo” con el que Cristina se siente identificada y que, según ella, deberían adoptar los europeos.

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