Escuelita IV: fue polémica la audiencia preparatoria

NEUQUÉN (AN).- Aun cuando el juez Alejandro Silva, presidente del tribunal que además integran Marcos Aguerrido y Guido Otranto, que conducirá el juicio La Escuelita 4 por delitos de lesa humanidad cometidos en la zona en la última dictadura militar, por fuera del marco formal del proceso pidió a los representantes de los organismos de derechos humanos que no se coloquen banderas ni pancartas en el ingreso a la sala los días de audiencia, los dirigentes rechazaron de plano ese requerimiento. “Mientras la Justicia cumple su cometido la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro (APDH) cumplirá el suyo, irrenunciable, que es político y pedagógico: explicar el terror es lo que permite superar el terror”, señaló en un comunicado la referente de la organización, Noemí Labrune. Natalia Hormazábal y Leticia Celli, querellantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), también se expresaron en forma categórica: “No vamos a pedirle a quienes esperaron casi 40 años por este juicio, que bajen sus banderas”. El pedido de Silva se hizo días atrás al finalizar la audiencia preparatoria del juicio que comenzará el 9 de diciembre, en el local de Amuc, en la avenida Argentina al 1600. En esa ocasión las autoridades judiciales no le permitieron al reportero gráfico de “Río Negro” tomar imágenes del encuentro con el argumento, no convincente, de que como la reunión era preparatoria no se le permitía su ingreso. En la audiencia, tal su cometido, se fijaron los lineamientos generales del juicio, entre ellos los jueces le pidieron a los representantes de los 22 imputados, el fiscal y los acusadores que ajusten al máximo la lista de testigos que, hasta el momento, trepa a cerca de 400. Se determinó que las audiencias se harán los lunes, a partir de las 12; los martes, desde las 9, hasta la tarde y los miércoles, desde las 9 hasta el mediodía. Los primeros días se destinarán a leer la requisitoria de la fiscalía. Participaron de la audiencia además de los citados el fiscal Wálter Romero; defensores oficiales, entre ellos Gabriela Labat; María Laura Olea, defensora de padre, Enrique Braulio Olea; Juan Cruz Goñi querellante por la APDH y Marcelo Medrano, por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro.

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