España en paro

Redacción

Por Redacción

Si bien la tasa de desocupación en España ya supera el 22%, con más de 4,65 millones de personas que dependen por completo de la seguridad social o de la ayuda que les proporcionan sus familiares, y podría aumentar todavía más en los meses próximos, no se trata de un nivel sin precedentes. Como señaló el líder del Partido Popular español, Mariano Rajoy, en el año 1996 el nuevo gobierno de José María Aznar había heredado de los socialistas de Felipe González un índice de “paro” del 22%, cifra que se redujo al 10% cuando en el 2004 regresaron los socialistas encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, pero ni siquiera los jefes del PP conservador creen que las recetas de Aznar servirían para reducir el problema gigantesco planteado por el desempleo masivo. En España, la economía sencillamente no está en condiciones de mantener ocupados a casi todos los miembros de la fuerza laboral que efectivamente existe. En los años que siguieron a la dictadura franquista, “la reconversión” industrial impulsada por gobiernos de centroizquierda, en especial el de González, dejó marginada a una franja muy amplia que carecía de los conocimientos y aptitudes necesarias para una economía en vías de modernizarse. Después vino una etapa en que, merced a la integración europea, los créditos blandos posibilitados por la adopción del euro y una burbuja inmobiliaria fenomenal, los españoles se creyeron tan “competitivos” como los franceses y alemanes, pero por desgracia la crisis internacional se encargó de enseñarles que sólo se trataba de una ilusión. España dista de ser el único país en que abundan las personas que se prepararon para un futuro que no llegaría. Tal y como ha sucedido en la Argentina, donde desde hace décadas ha sido frecuente que arquitectos o abogados trabajaran como taxistas, en el mundo desarrollado se cuentan por millones los que esperaban ser profesionales prósperos sólo para descubrir que tendrían que conformarse con un oficio a su juicio más humilde. Hacer más tolerable el drama así supuesto no será del todo fácil. Virtualmente todos los gobiernos occidentales se resisten a reconocer que es una cosa garantizar a la mayoría de los jóvenes una educación terciaria, pero es otra muy distinta suponer que la “salida laboral” de quienes se gradúen será equiparable con la que esperaban los diplomados de generaciones anteriores, cuando sólo los integrantes de una elite reducida conseguían un título universitario. Mal que nos pese, igualdad de oportunidades educativas no equivale a igualdad de resultados. Las perspectivas ante “los parados” de España, de otros países europeos y de Estados Unidos no son nada promisorias. Incluso si las economías del mundo desarrollado se recuperan de los golpes asestados por la crisis financiera con mayor rapidez de lo que muchos prevén, tardarán en aparecer empleos en cantidades suficientes para quienes carecen de talentos o calificaciones especiales. Un motivo consiste en la competitividad creciente de países superpoblados como China y la India, que están apoderándose de una gama cada vez más amplia de actividades fabriles y oficinescas; otro en que, como suele suceder durante una recesión, la búsqueda de mayor eficiencia por parte de los empresarios los ha llevado a aprovechar mejor los avances tecnológicos que, huelga decirlo, les han permitido producir más con menos empleados y también han hecho obsoletos muchos oficios antes bien remunerados. Asimismo, la propensión natural de los sindicatos a concentrarse en conservar fuentes de trabajo, oponiéndose a “la flexibilidad” laboral, brinda a los empresarios motivos adicionales para negarse a contratar a personas que, de modificarse las circunstancias, no podrían despedir. Aunque en los países relativamente ricos las dimensiones de la economía negra son inferiores a las habituales en otras latitudes, parecen destinadas a seguir creciendo hasta que tener un empleo “formal” y disfrutar de la protección brindada por las leyes laborales sea privilegio de una minoría. Los gobiernos de los países avanzados y sus habitantes, pues, se ven ante una serie de desafíos que, hasta hace apenas dos años, creyeron propios de las lucubraciones de futurólogos imaginativos, de ahí el desconcierto que tantos claramente sienten.


Si bien la tasa de desocupación en España ya supera el 22%, con más de 4,65 millones de personas que dependen por completo de la seguridad social o de la ayuda que les proporcionan sus familiares, y podría aumentar todavía más en los meses próximos, no se trata de un nivel sin precedentes. Como señaló el líder del Partido Popular español, Mariano Rajoy, en el año 1996 el nuevo gobierno de José María Aznar había heredado de los socialistas de Felipe González un índice de “paro” del 22%, cifra que se redujo al 10% cuando en el 2004 regresaron los socialistas encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, pero ni siquiera los jefes del PP conservador creen que las recetas de Aznar servirían para reducir el problema gigantesco planteado por el desempleo masivo. En España, la economía sencillamente no está en condiciones de mantener ocupados a casi todos los miembros de la fuerza laboral que efectivamente existe. En los años que siguieron a la dictadura franquista, “la reconversión” industrial impulsada por gobiernos de centroizquierda, en especial el de González, dejó marginada a una franja muy amplia que carecía de los conocimientos y aptitudes necesarias para una economía en vías de modernizarse. Después vino una etapa en que, merced a la integración europea, los créditos blandos posibilitados por la adopción del euro y una burbuja inmobiliaria fenomenal, los españoles se creyeron tan “competitivos” como los franceses y alemanes, pero por desgracia la crisis internacional se encargó de enseñarles que sólo se trataba de una ilusión. España dista de ser el único país en que abundan las personas que se prepararon para un futuro que no llegaría. Tal y como ha sucedido en la Argentina, donde desde hace décadas ha sido frecuente que arquitectos o abogados trabajaran como taxistas, en el mundo desarrollado se cuentan por millones los que esperaban ser profesionales prósperos sólo para descubrir que tendrían que conformarse con un oficio a su juicio más humilde. Hacer más tolerable el drama así supuesto no será del todo fácil. Virtualmente todos los gobiernos occidentales se resisten a reconocer que es una cosa garantizar a la mayoría de los jóvenes una educación terciaria, pero es otra muy distinta suponer que la “salida laboral” de quienes se gradúen será equiparable con la que esperaban los diplomados de generaciones anteriores, cuando sólo los integrantes de una elite reducida conseguían un título universitario. Mal que nos pese, igualdad de oportunidades educativas no equivale a igualdad de resultados. Las perspectivas ante “los parados” de España, de otros países europeos y de Estados Unidos no son nada promisorias. Incluso si las economías del mundo desarrollado se recuperan de los golpes asestados por la crisis financiera con mayor rapidez de lo que muchos prevén, tardarán en aparecer empleos en cantidades suficientes para quienes carecen de talentos o calificaciones especiales. Un motivo consiste en la competitividad creciente de países superpoblados como China y la India, que están apoderándose de una gama cada vez más amplia de actividades fabriles y oficinescas; otro en que, como suele suceder durante una recesión, la búsqueda de mayor eficiencia por parte de los empresarios los ha llevado a aprovechar mejor los avances tecnológicos que, huelga decirlo, les han permitido producir más con menos empleados y también han hecho obsoletos muchos oficios antes bien remunerados. Asimismo, la propensión natural de los sindicatos a concentrarse en conservar fuentes de trabajo, oponiéndose a “la flexibilidad” laboral, brinda a los empresarios motivos adicionales para negarse a contratar a personas que, de modificarse las circunstancias, no podrían despedir. Aunque en los países relativamente ricos las dimensiones de la economía negra son inferiores a las habituales en otras latitudes, parecen destinadas a seguir creciendo hasta que tener un empleo “formal” y disfrutar de la protección brindada por las leyes laborales sea privilegio de una minoría. Los gobiernos de los países avanzados y sus habitantes, pues, se ven ante una serie de desafíos que, hasta hace apenas dos años, creyeron propios de las lucubraciones de futurólogos imaginativos, de ahí el desconcierto que tantos claramente sienten.

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