Estado y servicios públicos

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GASTÓN CONTARDI (*)

Los servicios públicos, entendidos como aquellas acciones que por sí o por terceros ejerce el Estado en pos del bien común, constituyen una función esencial y originaria de la organización política y social que las instituciones gubernamentales prescriben como vocación y detentan como obligación. Bajo la jurisdicción municipal, el grado de atención de aquellas necesidades básicas que la comunidad requiere para cubrir sus condiciones mínimas de vida es un buen indicador para medir el nivel de la gestión pública presente y el esperado. Por obvias que parezcan tales afirmaciones, aportan un punto de partida que permite claridad a un análisis más profundo de la situación que estamos atravesando en dicha materia. Con una tasa de crecimiento demográfico por encima de la media nacional, la ciudad de Neuquén debe comenzar a pensarse como un municipio cuyos desafíos exigen del Estado un rol que trascienda las funciones de alumbrado, barrido y limpieza (ABL). Se estima que la población de la ciudad crece a una tasa media anual del 14,8% (2001-2010). Más allá de la coyuntura económica producida por la caída del barril de petróleo, todo indica que la explotación no convencional de hidrocarburos inducirá, más temprano que tarde, a un crecimiento poblacional cada vez mayor, con su consecuente impacto en variables macro (empleo, inversión, demanda de nuevos bienes y servicios, valor de la tierra y acceso a los servicios públicos esenciales). Mientras los nuevos requerimientos son exponencialmente crecientes, la prestación de servicios públicos esenciales arroja en el presente un pasivo social importante. En materia de redes de gas, existe un déficit del 10% sobre las viviendas regularizadas. Es decir, sin contabilizar aún los asentamientos en proceso de regularización y los nuevos emprendimientos inmobiliarios. En relación con el agua potable, si bien se registra a partir del desarrollo del acueducto Mari Menuco-Confluencia una posibilidad concreta de abastecimiento, la distribución encuentra complicaciones no menores producto del mal estado de las redes. A dicha situación debemos agregar la ausencia de un contrato de concesión que enmarque la relación entre el Estado municipal y la empresa prestataria del servicio. Situación que reportó, entre otros incidentes, la necesidad de que el Poder Judicial obligue al Estado a proveer de agua potable a un sector de la población. Hecho inadmisible y sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. El servicio de distribución de energía eléctrica es el que arroja los índices más alentadores. Prácticamente toda la población recibe el servicio, aunque a valores altos en relación con la región. Es debido aclarar que buena parte de los asentamientos irregulares aún constituye una materia pendiente en este aspecto. Un párrafo aparte merece la movilidad urbana. El mal servicio de transporte público de pasajeros no sólo es motivo de malestar de amplios sectores de la población, sino también una franca debilidad para afrontar la saturación del tránsito de vehículos particulares, que ante la ausencia de medios alternativos tiende a una conflictividad cada vez mayor. El acceso a la tierra, el mantenimiento de los espacios verdes y la infraestructura de desagüe pluvio-aluvional, entre otros, agregan al diagnóstico un saldo deudor en materia de prestación, desarrollo y mantenimiento de servicios básicos. Pero los datos cuantitativos del déficit demandan un análisis cualitativo de la situación a saber: las carencias en la prestación de servicios recaen sobre los sectores socioeconómicos más vulnerables. La ciudad de Neuquén tiene un pasivo social cuya solución se presenta impostergable. El desarrollo sustentable (crecimiento económico, equidad y cuidado del ambiente) no puede pensarse en el mediano y largo plazos sobre la base de crecientes desigualdades. La categoría de ciudadano/a se desdibuja en la diferencia de oportunidades y la ausencia de políticas públicas compensatorias, mientras los niveles de inseguridad, violencia y crispación son cada vez menos casuales y cada vez más producto de una causalidad inherente a un modo sesgado de concebir el desarrollo. La desigualdad no puede ser entendida como una problemática sectorial, debe concebirse en su real dimensión cuyos efectos repercuten en el conjunto. Los neuquinos ya hemos experimentado en el pasado los errores que suelen cometerse en la abundancia. Para afrontar el prometedor futuro debemos replantear la relación entre el Estado municipal y la prestación de los servicios públicos esenciales, entendiendo su prestación como una obligación ética en la lucha por la igualdad y una dirección estratégica en la orientación del desarrollo. Claro, si no queremos hacer de Neuquén “un gigante con pies de barro”. Por ello, concibo como requisito indispensable de los nuevos tiempos realizar un acuerdo preelectoral explícito entre quienes pretendemos gobernar la ciudad que garantice un aumento sostenido de las inversiones en materia de prestación de servicios e infraestructura básica y un marco jurídico que oriente el mediano plazo y otorgue previsibilidad al desarrollo armónico de nuestra ciudad. (*) Presidente del bloque UCR del Concejo de Neuquén