Etapa nueva en Chile
Puesto que es fundamental para la democracia el principio de que nadie puede considerarse por encima de la ley, la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de despojar al ex presidente Augusto Pinochet de su inmunidad significa que por fin Chile está saliendo de un larguísimo período de excepción seudodemocrática en el cual la vigencia de las instituciones ha sido limitada por los fusiles de las Fuerzas Armadas. De no haber sido por la amenaza latente así supuesta, nuestro vecino hubiera podido evolucionar a un ritmo comparable con el que resultó posible aquí debido a una derrota que desprestigió tanto a los militares, que se vieron constreñidos a abandonar sus pretensiones tutelares tradicionales, lo cual posibilitó, por primera vez en muchas décadas, que el país desarrollara sus instituciones en libertad y los dirigentes políticos comenzaran a asumir plenamente sus responsabilidades. Irónicamente, si bien Pinochet actuó como aliado de Gran Bretaña en el conflicto que pondría fin a la hegemonía castrense en la Argentina, los servicios que brindó a la corona no fueron óbice para que la Justicia británica, al mantenerlo detenido durante más de un año, obligara a los chilenos a hacer frente a la anomalía planteada por el status privilegiado de un senador vitalicio acusado de graves crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el caso Pinochet, al dejar sentado que los tratados internacionales son algo más que declaraciones inocuas destinadas a reflejar las intenciones presuntamente buenas de los firmantes, ha inaugurado una época distinta en la que a los dictadores no les será tan fácil como antes hacer gala de su desprecio por «la justicia de los hombres».
Con todo, aunque ya es posible que Pinochet se vea constreñido a rendir cuentas ante la Justicia chilena por algunos de los crímenes de los cuales ha sido acusado, sobre todo por los relacionados con los asesinatos perpetrados en el marco de la llamada «Caravana de la Muerte» que ordenó a fines de 1973, no parece demasiado probable que el eventual juicio tenga las mismas consecuencias que las logradas en nuestro país por el «proceso al Proceso» que se celebró durante la gestión del presidente Raúl Alfonsín. Si bien todavía abundan las personas tanto de la derecha como de la izquierda que siguen convencidas de que no contribuyeron en absoluto al desastre sanguinario de los años setenta que culminó con la «guerra sucia», la mayoría abrumadora de la ciudadanía parece entender muy bien que la violencia política es de por sí mala, sentimiento que ha asegurado que a pesar de todos sus problemas el país haya continuado siendo relativamente pacífico. Pero mientras que aquí pocos se animarían a afirmarse «videlistas», en Chile el pinochetismo aún constituye una corriente poderosa, mientras que la izquierda totalitaria sigue mereciendo el apoyo de sectores que son mucho más amplios que sus equivalentes en la Argentina.
Por lo tanto, sería poco probable que el eventual juicio a Pinochet o a otros líderes militares tuviera los efectos pedagógicos y terapéuticos que serían deseables. Aunque los chilenos están plenamente enterados desde hace mucho tiempo de lo que sucedió en los años de la dictadura, muchos consideran a Pinochet el «salvador de la patria» y ninguna revelación concebible les induciría a cambiar de actitud. Por el contrario, el que la Corte de Apelaciones haya producido su fallo poco después de la asunción de un presidente socialista, Ricardo Lagos, y luego de la detención domiciliaria del ex dictador en el Reino Unido cuyo gobierno es de signo similar, les parecerá una confirmación de su convicción de que su «tata» es víctima de una conspiración izquierdista internacional. Se equivocarán: ni los jueces chilenos que acaban de fallar en favor de quitarle la inmunidad, ni el juez español Baltasar Garzón, ni -obvio es decirlo- los lores británicos, son marxistas vengativos resueltos a humillar al general que derrocó a un camarada presidente, sino personas que anteponen la ley a los intereses políticos coyunturales, reivindicando de este modo un principio cuyo largo eclipse en el siglo XX hizo que la Tierra fuera un infierno para decenas de millones de personas.
Puesto que es fundamental para la democracia el principio de que nadie puede considerarse por encima de la ley, la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de despojar al ex presidente Augusto Pinochet de su inmunidad significa que por fin Chile está saliendo de un larguísimo período de excepción seudodemocrática en el cual la vigencia de las instituciones ha sido limitada por los fusiles de las Fuerzas Armadas. De no haber sido por la amenaza latente así supuesta, nuestro vecino hubiera podido evolucionar a un ritmo comparable con el que resultó posible aquí debido a una derrota que desprestigió tanto a los militares, que se vieron constreñidos a abandonar sus pretensiones tutelares tradicionales, lo cual posibilitó, por primera vez en muchas décadas, que el país desarrollara sus instituciones en libertad y los dirigentes políticos comenzaran a asumir plenamente sus responsabilidades. Irónicamente, si bien Pinochet actuó como aliado de Gran Bretaña en el conflicto que pondría fin a la hegemonía castrense en la Argentina, los servicios que brindó a la corona no fueron óbice para que la Justicia británica, al mantenerlo detenido durante más de un año, obligara a los chilenos a hacer frente a la anomalía planteada por el status privilegiado de un senador vitalicio acusado de graves crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el caso Pinochet, al dejar sentado que los tratados internacionales son algo más que declaraciones inocuas destinadas a reflejar las intenciones presuntamente buenas de los firmantes, ha inaugurado una época distinta en la que a los dictadores no les será tan fácil como antes hacer gala de su desprecio por "la justicia de los hombres".
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