Evaluación, herramienta clave de gestión pública
NATALIA AQUILINO (*)
Para fortalecer el desarrollo con inclusión
Intentar aprender de los procesos de implementación de políticas públicas puede ser difícil. Intentar usar el conocimiento que se genera como parte de ese proceso puede ser aún más complejo. Innovar como resultado de ese aprendizaje suena a misión imposible. Por último, hacer que esa actividad implique avanzar en políticas públicas más inclusivas, más equitativas y más sensibles a los grupos más desfavorecidos resulta indispensable. Felizmente, hoy se está en presencia de enfoques, métodos y, más importante aún, de una masa crítica de personas que analizan, piensan y creen que la evaluación puede ser una herramienta de gestión pública indispensable para fortalecer un paradigma de desarrollo con inclusión. Así quedó demostrado en el Seminario Internacional Evaluar las Políticas Públicas para un Desarrollo Inclusivo que organizó la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, en el marco del Programa de Evaluación de Políticas Públicas. Sin embargo, tal como se analizó en esa jornada, no son pocos los desafíos que enfrenta el Estado argentino para materializar y sostener intertemporalmente el ciclo virtuoso de la evaluación. En primer lugar, apareció el debate sobre la institucionalización. Así, parece ineludible, para apuntalar la construcción de un sistema nacional de evaluación, la mirada y el desarrollo de políticas e instrumentos propios que reflejen las particularidades de la administración pública nacional y que garanticen la apropiación por parte de los actores que serán sujetos activos de su implementación. En segundo término, fue evidente que es necesario capitalizar las experiencias nacionales, provinciales y municipales que se están llevando adelante con buenos resultados. Ejemplos de monitoreo y evaluación como los del Programa Conectar-Igualdad, el Programa Sumar, Remediar Redes o el Programa de Mejoramiento de la Educación Rural, entre otros, pueden ser fuente para la sistematización de buenas prácticas. En tercer lugar, también resulta indispensable debatir si la opción estratégica por distintos enfoques y métodos complementarios, pero también muchas veces opuestos en los valores que los sustentan conduce a un sistema que sea viable. Balancear posiciones y adoptar criterios metodológicos útiles a distintos fines es un camino que hay que recorrer. Adicionalmente, existen debates pendientes. Por un lado, el de desarrollar capacidades para diseñar e implementar diversos tipos de evaluación de programas y proyectos. Esto es especialmente relevante ya que, según el análisis de evaluabilidad que viene haciendo el Cippec desde el 2012, si bien el 55% de los programas y planes define una matriz de monitoreo y evaluación, sólo el 60% de los casos analizados emplea indicadores de impacto que permitan retroalimentar el diseño e implementación tal como plantea la resolución. Por otro lado, es extremadamente relevante promover la sensibilización, la consolidación en agenda e institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en la sociedad civil como una demanda concreta para un Estado más inteligente, capaz de aprender de sí mismo y utilizar esa información para tomar mejores decisiones. Finalmente, habrá que pensar en cómo hacer públicos los resultados de las evaluaciones para promover procesos de toma de decisiones y juicios de valor más informados en todos los sectores. Un sistema nacional de evaluación debería responder sistemáticamente por lo menos cuatro interrogantes: quién evalúa a quién, para qué evaluar, qué evaluar y qué hacer con la información obtenida. Este encuentro nacional, que tuvo una gran participación federal, es un gran paso para el diseño de una mirada que permita aprender e innovar en materia de políticas públicas. (*) Directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)
