Evo Morales denuncia intentos golpistas

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AP

LA PAZ.- El gobierno boliviano denunció ayer supuestos planes desestabilizadores detrás del motín que realizan policías de bajo rango y luego que estos rechazaron un acuerdo que buscaba responder a su demanda de mejoras salariales

El presidente Evo Morales dijo ayer que no sacará a los militares para controlar el motín policial y culpó a un grupo de opositores a su gobierno por alentar un movimiento golpista en su contra.

“Los opositores buscan que saquemos a las Fuerzas Armadas para que haya muertos, pero no nos prestaremos al juego”, afirmó el mandatario en un acto realizado en la localidad minera de Corocoro, en el sudoeste de La Paz.

Morales dijo que existen reportes de los servicios de inteligencia de su gobierno, incluso grabaciones de audio, que alertan de un plan subversivo que pasa por asesinar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien negoció con los amotinados desde el sábado.

Según el presidente, este grupo opositor, al que no identificó, “usó a la policía para hacer golpe de Estado y matar al ministro de Gobierno”.

“Nosotros pedimos (a los policías) que paren en sus intentos de desestabilizar al gobierno porque creemos que ese es el propósito y que ahí las mujeres (esposas de los policías descontentos) tienen mucho que decir’’, dijo ayer la ministra de Comunicación, Amanda Dávila en declaraciones a la televisora estatal Bolivia TV.

“Los partidos opositores en Bolivia están alentando con su silencio; no es casual lo que ha sucedido en el Paraguay, allí grupos de derecha han cometido este golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo’’, agregó, en alusión a la destitución de Lugo el viernes tras un rápido juicio político en que se le culpó por mal desempeño en sus funciones.

Un grupo de policías de baja graduación tomó el viernes pasado por la fuerza varios cuarteles en las principales ciudades de Bolivia para exigir al gobierno de Morales mejoras salariales y la anulación de la ley 101 sobre faltas disciplinarias.

Ayer a la madrugada, su gobierno y un grupo de representantes de los amotinados firmaron un acuerdo, que luego fue desconocido por policías de otras regiones del país, que exigieron participar activamente en las negociaciones.

Más temprano, la ministra Dávila, reconoció que las demandas de los policías tenían alcance nacional. De hecho, al menos 32.000 efectivos de baja graduación dejaron de cumplir sus habituales tareas de seguridad desde que estalló el conflicto.

Dávila culpó a los opositores Movimiento Sin Miedo (centro izquierda) que controla la alcaldía de La Paz, la capital administrativa de Bolivia, y a Unidad Nacional (centro derecha) del industrial cementero Samuel Doria Medina, de propiciar un escenario para desestabilizar al gobierno.

Los partidos de oposición rechazaron las acusaciones del gobierno, mientras al menos 3.000 policías amotinados salieron nuevamente a protestar frente a Palacio Quemado, la sede del gobierno, para plantear sus exigencias. (DPA/AP)