Explican los problemas en las termas de Copahue y niegan privatización

Usuarios, vecinos y dirigentes denunciaron el estado de abandono del complejo. La ministra de Turismo recorrió el complejo y ordenó que se redoblen las tareas de mantenimiento.

El estado del complejo de termas de Copahue preocupó a usuarios, vecinos y dirigentes, pero también obligó al Gobierno a dar explicaciones sobre lo que ocurre. Aseguraron que el deterioro es propio de las condiciones climáticas y el vandalismo fuera de temporada a la vez que rechazaron cualquier intento de privatización.

Quien deslizó esta idea fue la concejala y exdiputada provincial del FIT, Angélica Lagunas, en una denuncia por el abandono de la infraestructura. «Si esto no es así seria de fundamental importancia que la ministra de Turismo y otros funcionarios y funcionarias se presenten en el lugar», instó la dirigente y tuvo respuesta porque, ayer, Marisa Focarazzo recorrió el complejo.

Según informó el director provincial de gestión operativa de Termas, Ariel Retamal, la ministra constató que se cuentan con los insumos suficientes para trabajar y ordenó que se redoblen los esfuerzos para garantizar el mantenimiento.

Además, Retamal explicó que algunos baños estaban suspendidos por una situación particular. Dijo que se rompió una serpentina que calefacciona el agua y es de un acero especial, por lo que debe ser reparada por un soldador capacitado especialmente que pertenece a la firma que brinda garantía sobre el artefacto.

Con respecto a los problemas en las instalaciones, el director los adjudicó al deterioro que producen las condiciones climáticas fuera de temporada. «Hasta diciembre tuvimos nieve», enfatizó. Además, aseguró que se realizan actos de vandalismo.

Luego, el funcionario respondió punto por punto a las críticas. Sobre la sospecha de Lagunas de un intento de privatización fue categórico: «lo niego totalmente, sino no tendríamos concursos ni convenios. Hay un sentido de pertenencia. Somos conscientes de donde estamos y lo que tenemos».

Retamal también reclamó pruebas sobre los cuestionamientos al manejo de fondos. La delegada de ATE de Loncopué, Barbara Maldonado, declaró que era necesario que se realice una auditoría para controlar posibles irregularidades. Aseguró que se realizan compras directas cuando deberían hacerse licitaciones y que los directores de planta política bloquean la labor de los designados por convenio.

El funcionario respondió que no hay denuncias ni observaciones del Tribunal de Cuentas sobre el manejo de fondos y que todas las conducciones se generaron por concurso, no por designaciones políticas. «No se que fundamentos hay para decir esas cosas», lamentó Retamal.


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