Facilitan los trámites para legalizar viviendas

VIEDMA (AV).- La Legislatura aprobó ayer un instrumento para facilitar la aprobación de las mensuras en inmuebles de viviendas familiares y además reformuló el Fondo Social para Desocupados, financiado con la retención a los jubilados que volvieron a trabajar en el Estado.

También creó un registro de «organizaciones del voluntariado social» con el objetivo de alentar el «trabajo voluntario gratuito y políticas sociales comunitarias».

La sesión fue presidida por Jorge Pascual. Se aprobó disponer de un esquema simple para «el otorgamiento de planos de mensura de los inmuebles asentados como viviendas únicas del grupo familiar ocupante, cuya regularización dominial está pendiente por razones económicas».

Presentada por el bloque de Encuentro, la iniciativa fue aprobada por unanimidad y fundamentada en el recinto por las legisladoras María Arriaga y la radical Ana Piccinini.

La diputada de Encuentro afirmó que «una importante franja social no puede regularizar la situación dominial de sus inmuebles», que todavía «no llegaron a tenerlos a su nombre».

Las unidades a regularizar «no deberán estar comprendidas en el IPPV y en el Fonavi». Se deberá acreditar que el inmueble está destinado a «vivienda única, exclusiva y permanente del grupo familiar y no ser propietarios» de otra unidades, ni «disponer de un ingreso familiar mensual no superior a la línea de pobreza». Arriaga manifestó que la «propuesta se convierte en un instrumento más que beneficiará a las actualizaciones de Catastro para obtener gráficos y base de datos ciertos para establecer políticas acordes al crecimiento y desarrollo de los espacios urbanos».

Mientras tanto, Piccinini adelantó el apoyo oficialista porque «dará solución a muchas familias que por razones económicas se ven imposibilitadas de disponer del plano de mensura de los inmuebles donde tienen asentadas sus viviendas». Esta norma permitirá al «grupo familiar, que no tiene escritura ni plano de mensura, puede llegar a requerir la tan ansiada escritura pública».

También, la Legislatura aprobó una iniciativa -presentada por el justicialista Alcides Pinazo- donde Río Negro adhiere a la ley nacional 25.855 sobre trabajo «voluntario gratuito y políticas sociales comunitarias, creando el registro único de Organizaciones. El autor manifestó que «son medidas de fomento y divulgación de las actividades desarrolladas por las organizaciones y los voluntarios». Agregó que es «un reconocimiento a las entidades y personas que trabajan en el voluntariado social». El registro propuesto está orientado a transparentar aportes remitidos por el Estado a estas entidades.

Asimismo, el PJ y la UCR apoyaron la creación del Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados, que fue presentado por el radical Adrián Torres. En realidad, ese instrumento ya existe pero esta ley pretende ordenar el esquema, conformado con las retenciones salariales a jubilados que fueron reincorporados al Estado provincial.

Primera ley de un particular

Un particular -el periodista Alberto Ricaldoni- consiguió ayer la aprobación de su proyecto de ley, impulsado por iniciativa popular.

Esta norma es la primera constituida en ley a partir de una presentación de un ciudadano.

El tratamiento igualmente fue largo. Ricaldoni presentó su iniciativa en agosto del 2003, es decir, pasaron 19 meses hasta que ayer la Legislatura aprobó su proyecto.

Su iniciativa establece que el laboratorio provincial de medicamentos (Prozome) «imprimirá en caracteres del sistema Braille el nombre de todos sus productos en las cajas o cualquier otro envase». Asimismo, otros dos particulares formalizaron iniciativas propias: los abogados Miguel Cardella y Néstor Larroulet. El primero formalizó una presentación que después se incorporó al debate de la mediación judicial. El segundo presentó una iniciativa -todavía en análisis- que propicia varias modificaciones electorales, como una renovación parcial cada dos años de los miembros de los poderes legislativos de la provincia y los municipios. La iniciativa deberá estar redactada en forma de proyecto, con sus fundamentos. El autor deberá constituir «domicilio legal en Viedma, contar con firma certificada ante el Juzgado de Paz, autoridad policial, escribano público o autoridad administrativa autorizada». Las presentaciones podrán hacerse en forma individual o, también, pueden estar acompañadas de la firma de un mínimo del 3 por ciento de los ciudadanos que se encuentren inscriptos en el padrón electoral de las últimas elecciones generales.