Fallas mortales

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

Río Negro se estremeció. El asesinato en Cipolletti se llevó toda certeza. La Justicia volvió a quedar en la mirada censora. El caso parece no ofrecer matices. Un vecino cae acuchillado cuando defiende a una mujer en un arrebato. El victimario es un joven condenado a 17 años que gozaba de semilibertad, otorgada por una resolución judicial. El bueno, el malo y el responsable, bien diferenciados. La conclusión exige más complejidad. Otras referencias: el agresor, de 42 años, acumula 13 años en prisión, un tercio de su vida. El beneficio de salidas transitorias, según trascendió, alcanzaría en el Alto Valle a unos 200 condenados, valorados por su conducta y por las patéticas condiciones carcelarias. El magistrado pondera y autoriza, valiéndose de dictámenes judiciales y, también, del Instituto de Presos y Liberados, todas redes que perduran desmanteladas. El hecho cipoleño reafirmó que el diseño estatal falló nuevamente. Más allá de esa expuesta precariedad, la Justicia evidencia otras notables faltas, puntualmente en los expedientes de corrupción en el Estado, con poderosos imputados. Esa deficiencia quedó modelada con la prescripción de una legendaria causa de Altec donde estaba imputado su expresidente, Guillermo Campbell. Después de nueve años, la Cámara de Bariloche rechazó el juicio que suponía hurgaba en la responsabilidad de esa conducción por un pago millonario a la AFIP, que incluía desvíos con “facturas apócrifas” por unos 620.000 pesos. La repulsa recayó en la Fiscalía por su dilación “sin justificación” y la hechura de una “causa complejizada”, con “trámites inusitadamente inútiles”. Antes, Campbell había sido favorecido con un sobreseimiento porque no existían elementos para acusarlo. El tejido jurídico se edifica en la confirmación o la rectificación, pero semejantes conversiones formales concluyen en el escepticismo ciudadano, máxime cuando no figuran gravámenes para esas erráticas conductas judiciales. Unas 80 causas acopiadas y, hasta ahora, una sola figura en el calendario anual de juicios contra exfuncionarios. Será en abril y está restringida a una excomisionada de Cona Niyeu, Lidia Brione, a quien se le imputa con el exdirector Carlos González el desmanejo de fondos en la construcción de un SUM en ese paraje. Los pecados perduran en los actores del servicio, aquellos de adentro y de afuera. Nada explica así que el Poder no lograra conformar un tribunal para un litigio entre la Provincia y un estudio jurídico de Viedma, Juan Zalesky. El Estado le reclama un millonario reintegro por honorarios ya pagados en acuerdos extrajudiciales, que además tiene su causa penal por los contubernios de abogados en perjuicio público, con dos condenas y prisiones. Aquel expediente se abrió en mayo del 2008 y, casi cinco años después, la Justicia no conformó un cuerpo civil para atender una apelación por las recusaciones y excusaciones de jueces y conjueces. El letargo se acentúa cuando llegan los procesos de ascensos. El protagonista del sistema queda sujeto, como aspirante, al juicio de representantes orgánicos y políticos. Cada pirueta, entonces, exige un cuidado especial. Y, actualmente, la Justicia está ocupada en esa mutación por la masiva jubilación de sus componentes. Un mapeo de la legisladora Arabela Carreras, que integra el Consejo de la Magistratura, concluye que existen 71 cargos por cubrir, con concursos en marcha. Figuran entre ellos 25 magistrados y ocho fiscales. Incluso, el año pasado se cubrieron 34 cargos, promoviendo mayormente a nativos del Poder. En Viedma, una de las cámaras penales está desierta. En la otra sala, la B, dos integrantes se jubilarán en los próximos seis meses. Para entonces, el Consejo pretende tener cubierta la Sala A. Esa pretensión está en riesgo. Los exámenes fueron impugnados y aquel cuerpo deberá resolver si abre ese reclamo cuando pretendía esta semana realizar las entrevistas finales y los dos primeros nombramientos. Una encerrona se interpone. El año pasado, en Bariloche, el Consejo aceptó similares impugnaciones por parte de jueces desaprobados para la Cámara Civil. Se mantuvieron las pruebas, pero apartando al jurado y eligiendo otro para nuevas correcciones. Esta desautorización tuvo su costo. El segundo cuadro examinador no aceptó y no respondió aún un tercero. Ese precedente resquebrajó el procedimiento de selección. Antes de la embestida presidencial, el oficialismo rionegrino ya creía en la reforma de la integración del Consejo de la Magistratura, ampliando la participación a las ONG y acotando la supremacía de los abogados y jueces. Hace casi dos años, la parlamentaria Silvia Horne presentó un proyecto para la creación de una comisión frente al esquema de “hegemonía de la corporación”. En Río Negro existe una frontera: el cambio requerirá modificar la Constitución y exigirá, cuando menos, una enmienda. Otra estructura pendiente es la reformulación del Código Procesal Penal, que una comisión especial redactó y elevó en junio del 2011, innovando en la incorporación de juicios por jurados. Estas discusiones seguirán postergadas. El poder político y los colegios volverán a sumergirse en otro intento por la ampliación del STJ a cinco miembros. El bloque del Frente lo presentará esta semana, pero deberá trabajar para su aprobación. La mayoría especial no está delimitada. La contribución radical será inferior –que bajaría en dos o tres votos– a la ofrecida en octubre, cuando faltó un solo apoyo para su sanción. La estrategia oficial hacia los justicialistas disidentes se reduce al ostracismo y se limita a excursiones individuales. Sumó a María Gemignani y se frustró con Rubén Torres, quien alertó a los suyos. Esa operación degradó más la relación general, centrada en la postergación propuesta por unos y la respuesta belicosa de los otros. Así, el bloque peronista divergente prepara un reclamo institucional por la banca de Tania Lastra, quien ingresó a la Legislatura para cubrir la vacante de Carlos Peralta aunque la misma no se generó, pues este legislador sólo pasó a ocupar la presidencia. Así se seguirán profundizando sus discrepancias. Estas expresiones convierten en exóticos ciertos planes reconstruidos. El vínculo rehecho entre Alberto Weretilneck y Miguel Pichetto sirvió para la recuperación de la candidatura al STJ de la procuradora, Liliana Piccinini, quien el año pasado anunció el retiro de esa compulsa pero lo hizo cuando su nombre quedó estrujado por la crisis oficialista. El senador volvió con esa postulación y el gobernador la evalúa, priorizando una salida político-institucional. Pero el armado final del STJ está todavía por verse. Otras opciones registra el Colegio de Abogados de Viedma. Su similar de Cipolletti recompuso deseos frente al probable crecimiento de la Corte provincial. Pululan los intereses particulares cuando la Justicia tiene otras urgencias. Nadie tiene la responsabilidad sublime del deterioro del servicio judicial; es, más bien, la conclusión de un largo y colectivo proceso. Pero los actores del presente tienen la obligación en su reorientación por la igualdad y por la recuperación de su prestigio.