Federalismo trucho

Para sorpresa de nadie, no sirvió para mucho la audiencia de conciliación que había convocado la Corte Suprema en un esfuerzo por encontrar una forma de poner fin a la disputa entre el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la provincia de Córdoba en torno a los 1.040 millones de pesos que, según el gobernador José Manuel de la Sota, deberían serle entregados, ya que los necesita para la caja jubilatoria de su jurisdicción. Lejos de estar dispuestos a negociar con los cordobeses, los funcionarios nacionales han optado por procurar aprovechar en beneficio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la situación que se ha creado, acusando a De la Sota de hacer “un show electoral” o “mediático” con el problema planteado por las jubilaciones provinciales. Y, como ya es habitual, Cristina, el vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Economía Hernán Lorenzino y otros voceros del gobierno nacional atribuyen las dificultades financieras de la provincia a las deficiencias de la gestión del gobernador. Parecería que, en opinión de los kirchneristas, todos los distritos del país están en manos de políticos manirrotos que, por motivos electoralistas, se han confabulado para sabotear la gestión económica brillante de Cristina. De más está decir que los gobernadores mismos no comparten el punto de vista de los kirchneristas pero, con la excepción de De la Sota, prefieren no correr el riesgo que les supondría protestar contra la estrategia presidencial de privarlos de los recursos financieros que a su juicio les corresponden por ley. En teoría la Argentina sigue siendo una federación, pero en realidad es un país unitario que se ve dominado por completo por el gobierno nacional, el que, a su vez, está conformado por funcionarios que obedecen ciegamente las órdenes de una sola persona. Con todo, aunque es evidente que a Cristina le gusta ejercer el poder omnímodo que, merced a la resistencia a asumir responsabilidades de la mayoría de los miembros de la clase política nacional, ha logrado acumular, entiende que para conservarlo tendrá que asegurar que otros se encarguen de los costos políticos del ajuste que ya está en marcha y que no podrá sino intensificarse en los meses próximos, de ahí los conflictos cada vez más acrimoniosos de la presidenta con las autoridades provinciales y con el jefe del gobierno de la capital federal. Por lo tanto, a Cristina le conviene hacer pensar que, a pesar de las apariencias, el orden federal disfruta de buena salud aunque, como acaba de señalar el jefe de gabinete cordobés, Oscar González, la verdad es que “el federalismo está pulverizado en la Argentina, no existe más”. Si bien por motivos históricos el sistema así denominado sigue teniendo buena prensa en nuestro país, es incompatible con el centralismo que es tan característico de la cultura política nacional y con la propensión de todos los ocupantes de la Casa Rosada a hacer depender de sus propios intereses personales el reparto de fondos. Aunque los Kirchner no han sido los primeros en discriminar entre las distintas provincias, favoreciendo a las gobernadas por aliados, ningún otro gobierno lo ha hecho de forma tan flagrante. Se trata de una modalidad que brinda al Poder Ejecutivo nacional grandes ventajas en el corto plazo, pero que a la larga podría perjudicar a Cristina, porque el supuesto compromiso de los gobernadores con su “proyecto” se basa en nada más que la conciencia de que, sin la ayuda interesada de la presidenta, no les será dado abonar a tiempo los salarios de los empleados estatales que abundan en todos los distritos del país. Se trata de un problema que en Santa Cruz ha adquirido dimensiones alarmantes y que parece destinado a provocar situaciones similares en otras provincias, puesto que el gasto público ha aumentado a un ritmo muy superior al alcanzado por la economía en su conjunto para aproximarse al 50% del producto bruto, una proporción que es superior a la anotada en la mayoría de los países del norte de Europa. Así las cosas, aun cuando se reanudara muy pronto el crecimiento macroeconómico, el gobierno no tardará en verse constreñido a ajustar todavía más, razón por la que ya se ha puesto a federalizar los costos políticos de lo que está haciendo con la esperanza de que, al obrar de tal modo, consiga monopolizar los eventuales beneficios.