Fin de época
En todos los países desarrollados se ha difundido últimamente la sensación de que ha terminado el período de creciente prosperidad que se inició después de la Segunda Guerra Mundial y que ha comenzado otro muy distinto. El perfil de lo que vendrá resulta aún borroso, pero es de prever que serán mayores las exigencias que tienen que enfrentar tanto los gobernantes como los empresarios e individuos, y que importarán menos los derechos adquiridos, sobre todo los que son imposibles de respetar, que los aportes que cada uno pueda hacer al bienestar común. Lo presienten “los indignados” de ambos lados del Atlántico. Mientras que los europeos protestan porque el panorama socioeconómico se ha modificado tan radicalmente que temen verse constreñidos a abandonar proyectos personales que, hasta hace poco, les parecieron realistas, sus presuntos equivalentes norteamericanos están en efecto reclamando más subsidios que, desde luego, no podrán conseguir porque el sector público de su país ya está hundido en deudas hasta el cuello. Desgraciadamente para los habitantes de países en que casi todos están acostumbrados a un estándar de vida muy alto, según las pautas del resto del mundo, la crisis de endeudamiento que está obligando a los gobiernos a emprender ajustes severos ha coincidido con el agravamiento de conflictos laborales. No hay –y no habrá– empleos suficientes para quienes integran la franja cada vez más amplia que está conformada por personas que carecen de las capacidades o la preparación necesarias para desempeñar un papel útil en una economía moderna. En casi todos los países avanzados se ha procurado solucionar el problema creando más empleos públicos, pero la política así supuesta ya ha alcanzado sus límites. Con escasas excepciones, los gobiernos están tratando de reducir sus gastos eliminando puestos de trabajo públicos no necesarios, lo que en países como Grecia, Italia, Francia y España está provocando la reacción airada de los perjudicados. La semana pasada, la calificadora de riesgos Fitch rebajó las notas de la deuda soberana de Italia y España varios puntos, por entender que sus perspectivas son “negativas” debido a las dudas en cuanto a la capacidad de los gobiernos de sendos países para aplicar los programas de austeridad que tienen en mente. Como ya es rutinario, la medida molestó a los funcionarios responsables del manejo económico, pero no motivó sorpresa porque casi todos dan por descontado que a los países de sur de Europa no les será dado superar los problemas ocasionados por la brecha creciente entre su propia productividad y la de Alemania. Para hacerlo, tendrían que privilegiar las partes más dinámicas de sus economías respectivas en desmedro de las poco competitivas, pero en tal caso condenarían a decenas de millones de personas a vivir de subsidios decididamente magros. Antes de estallar la crisis financiera del 2008, los gobiernos de todos los países ricos apostaban a que era posible compatibilizar la necesidad de hacerse cada vez más eficientes con la justicia social, pero parecería que no lo fue. Hasta ahora, se ha podido apaciguar a quienes tienen buenos motivos para suponer que estarán entre los perdedores asegurándoles que, luego de algunos ajustes dolorosos pero así y todo pasajeros, volverá “la normalidad” de antes, pero las promesas en tal sentido se hacen menos convincentes por momentos. Puede entenderse, pues, el malestar que se ha apoderado de tantos europeos y norteamericanos que sospechan estar viviendo el comienzo de una época muy difícil en la que se ampliarán las diferencias económicas entre los capaces de aprovechar las oportunidades brindadas por la evolución de la economía y quienes se sabrán superfluos, ya que intuyen que, aunque sólo fuera en términos económicos, sus eventuales aportes no justificarán los ingresos que esperaban conseguir. Para los políticos y para los demás, el drama –del que aún no ha concluido el prólogo– que está desarrollándose en los países avanzados planteará un sinfín de dificultades. Los “emergentes”, incluyendo, desde luego, a la Argentina, también tendrán que enfrentarlas, razón por la que sería mejor que sus gobernantes se resistieran a la tentación de atribuirlas no a la naturaleza misma del progreso económico sino a los errores cometidos últimamente por sus homólogos del “Primer Mundo”.
