Fin del cepo, comienzo del plan económico

“Si el traslado a precios fuera excesivo se irá diluyendo la mejora del tipo de cambio real”.

Con el fin del cepo cambiario, una semana después de haber asumido, el gobierno de Mauricio Macri cumplió la más prematura y arriesgada de sus promesas electorales. Las primeras dos jornadas sin controles en el resucitado mercado único y libre de cambios (MULC) parecieron darle la razón: no hubo corridas ni intervención del Banco Central y el dólar cerró la semana por debajo de los 14 pesos (13,95 en las casas de cambio y 13,42 a nivel mayorista) y hasta de las previsiones del propio equipo económico. Es tan cierto que el dólar minorista tuvo una fuerte suba del 41,7% (que implica una devaluación del peso de 29,4%) con respecto al tipo de cambio oficial controlado de 9,84 pesos como que esta última cotización era ficticia. A ese precio abundaba la demanda y desapareció la oferta de dólares, con lo cual las reservas del BCRA no dejaron de caer a pesar de los controles. La novedad es que el último viernes ingresaron capitales externos y las reservas registraron el primer repunte en tres meses al cerrar en 24.383 millones de dólares. También habrán de sumarse las anunciadas liquidaciones de grandes cerealeras (6.000 millones en tres semanas) a cuenta de próximas exportaciones de granos, que ahora se agilizarán tras la eliminación de las retenciones (y la baja de cinco puntos porcentuales para el complejo sojero) concretada antes del levantamiento del cepo. Con este refuerzo de divisas, el BCRA podrá atender la demanda de los importadores (previsiblemente más atenuada por el dólar más caro) y normalizar la actividad productiva y comercial, frenada por la combinación de trabas, cupos y deudas pendientes. El stock de esta deuda comercial se irá cancelando con un cronograma de pagos parciales o bien a través de un bono en dólares negociable en los mercados. Esta devaluación, de hecho, fue la más anunciada de la historia económica reciente. Una prueba es que, apenas se conoció el triunfo electoral de Macri, muchas empresas comenzaron a subir precios para cubrirse –en varios sectores con creces– de la inminente suba del dólar que se produjo ahora. Para colmo, será difícil precisar ese impacto inflacionario ya que, ante el virtual desmantelamiento del Indec que dejó el kirchnerismo, su nueva conducción dispuso suspender la difusión de los índices de precios de noviembre y diciembre, para que no resulten tan inverosímiles como los anteriores. Aun así, se estaría trabajando en indicadores provisorios más confiables. Las primeras estimaciones privadas ya registran subas del 2,5% en noviembre y del 3% en diciembre, que podrían elevarse al 4 ó 5% en enero si además se aplican quitas de subsidios y ajustes de tarifas eléctricas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con esta perspectiva por delante, el equipo económico está obligado a acelerar los tiempos para completar un programa que había definido como integral, con metas decrecientes de inflación, y se está develando por etapas sucesivas. El fin del cepo, junto con la unificación cambiaria, la devaluación y la eliminación casi total de las retenciones, trabas, cupos y permisos previos de exportación, es una fuerte apuesta a reactivar la actividad, la inversión y el empleo en los sectores que generan más divisas. Pero si el traslado a precios de la suba del dólar fuera excesivo (más alto que su incidencia sobre los costos) se irá diluyendo con el tiempo la mejora del tipo de cambio real efectivo. No sólo eso. La fuerte suba de tasas de interés en pesos que precedió al ajuste cambiario también amenaza con deprimir el consumo y la actividad económica en el inicio del 2016, si bien por ahora es la única herramienta disponible para inducir un retroceso de los precios pasados de revoluciones. Hasta fin de año lo más probable es que la Casa Rosada siga recurriendo a paliativos específicos. Ya eximió el medio aguinaldo del pago de Ganancias, anunció la continuidad del plan Ahora 12 para sostener el consumo de bienes durables y acordó una rebaja del 7% en los medicamentos de laboratorios nacionales. También negocia Precios Cuidados para una reducida canasta básica de consumo masivo, al igual que una distribución escalonada del impacto de la devaluación sobre los precios de los combustibles sobre la base de una pauta anual. Paralelamente, anticipó que homologará bonos salariales de fin de año, siempre que sean acordados entre sindicatos y cámaras empresarias. Una forma indirecta de facilitar el “acuerdo social” tripartito que prevé convocar hacia mediados de enero para encarrilar la negociación de precios y salarios. Sin embargo, para desactivar expectativas inflacionarias también necesita avanzar en políticas macroeconómicas, como la fiscal y monetaria, que a su vez son señales clave para obtener financiamiento externo a tasas razonables mientras se negocia el fin del conflicto con los holdouts, que requerirá de tiempo y apoyo del Congreso. Aquí cobra importancia la pesada herencia que dejó la administración de Cristina Kirchner y Axel Kicillof y que el gobierno de Macri aún no blanqueó públicamente, salvo en el caso del atraso cambiario ante la necesidad de levantar cuanto antes el cepo. El déficit fiscal heredado equivale al 7% del PBI en 2015 y en el corto plazo tiende a subir por el sacrificio de ingresos que implica la eliminación de las retenciones y el mayor gasto en subsidios por la suba de precios en pesos del gas y combustibles importados. Su financiamiento por parte del BCRA llegó al límite, ya que deberá emitir más de 60.000 millones antes de fin de año para pagar aguinaldos y sueldos del sector público, sin contar con el auxilio extra a provincias con el mismo fin. A la vez, el crecimiento de la base monetaria (41% anual) es incompatible con la necesidad de bajar la inflación. De ahí que aparezcan inevitables la reducción de subsidios y la suba de tarifas eléctricas, principalmente en el AMBA, como vías más directas para achicar el déficit fiscal en el 2016 aunque requieran de una compleja ingeniería para preservar a los sectores de menores ingresos, para los que se prevé una tarifa social. Otro tanto ocurrirá con el gas. Paralelamente, el equipo económico buscará colocar deuda en los mercados externos para reemplazar parcialmente la emisión inflacionaria del BCRA. Ni la herencia de déficit fiscal y externo, default parcial de la deuda, atraso cambiario y tarifario, presión tributaria récord, estancamiento productivo, economías regionales en crisis, subsidios a granel e inflación de dos dígitos anuales son responsabilidad de Macri. La incógnita es a quién atribuirá la sociedad el costo político de levantar esas hipotecas. Sobre todo, cuando los exfuncionarios K que hoy ocupan bancas en el Congreso ya le endosaban facturas antes y después de asumir la presidencia.

Néstor O. Scibona nestorscibona@gmail.com Especial para “Río Negro”