Fiscales y defensores de Neuquén se oponen a la reforma penal juvenil

Dicen que el proyecto presentado por el gobierno nacional es inconstitucional. En la provincia rige la 2.302 que reglamenta la justicia de menores. Aseguran que la iniciativa baja la edad punitiva y criminaliza la adolescencia. Proponen que el cambio se oriente a un proceso de rehabilitación.



El proyecto de reforma del régimen penal juvenil que presentó el gobierno nacional en febrero y que se está tratando en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, unió a los ministerios públicos de la Defensa y Fiscal de Neuquén en un rechazo rotundo.

Ambos organismos concuerdan en que se debe reformar la Ley Nacional 22.278 -del régimen de minoridad penal vigente desde la última dictadura-, pero afirman que se debe apuntar hacia la rehabilitación de los menores. Advirtieron que la iniciativa oficial solo pretende criminalizar.

Los planteos fueron realizados por el Defensor Penal del Niño,Raúl López, y el Fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, quienes expusieron sus posturas en distintas comisiones del Congreso en las últimas semanas.

Las estructuras orgánicas de las provincias no pueden albergar una baja de la edad punitiva. Habría que ampliar toda la estructura”.

Germán Martín es fiscal de Delitos Juveniles de Neuquén.

Los neuquinos ya hemos avanzado en esta materia. De sancionarse este proyecto significaría para nosotros volver veinte años atrás”.

Raúl López es Defensor Penal del Niño de la Provincia.

Los referentes neuquinos enumeraron entre otros aspectos, que no solo se busca la baja de la edad de imputabilidad -de 16 a 15 años-, sino que se trata de una normativa inexacta “en términos de vocabulario, en términos de las estructuras de las sanciones, en términos de los plazos y los tiempos del proyecto”, explicó Martín.

López, el defensor público, aseguró que “esta ley para los neuquinos significaría volver 20 años atrás antes de que se sancione la 2.302. Estamos en contra de que el proyecto que se puso en consideración es normativamente impreciso y desde el punto de vista jurídico es vago y regresivo. Solo pretende la sanción de un menor de edad que ha cometido un delito”.

Aclaró que “el proyecto toma más aspectos que la baja de imputabilidad. Por ejemplo el gobierno de la Nación se mete a legislar sobre competencias que son de las provincias, procesalmente la Nación no puede legislar y en el caso puntual de Neuquén, lo está haciendo sobre toda la normativa específica que es la ley 2.302.Esta ley sanciona que tiene que haber una justicia especializada, normativa y orgánica, quiere decir que tiene que haber jueces, defensores y fiscales especialistas en derecho minoril”.

Martín señaló que se trata de “un proyecto anclado en el paradigma tutelar, con seria falencia. Es un proyecto criminalizador y punitivo que vulnera estándares internacionales en términos del proceso de justicia de adolescentes que tiene que ser restaurativo y rehabilitador, lo afirman datos de la convención de los derechos del niño”.

En cuanto a las edades punitivas, el fiscal señaló que el comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que “los 16 años es la edad ideal”.

Estadísticas muestran que los delitos juveniles son pocos

Según los datos suministrados por el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, la incidencia de menores de edad en el fuero penal solo representa entre un 2 y un 4% de los delitos en Neuquén capital. Señaló que a los adolescentes se los aborda con grupos interdisciplinarios y desde el enfoque de la justicia restaurativa: entre el 90 y el 95% de los casos, los jóvenes no vuelven a estar implicados en hechos delictivos. “Siempre se busca dar una segunda y hasta tercera oportunidad”, explicó el fiscal y agregó que “no serviría el castigo y encierro a la edad de 17 años porque va a reconfirmar identidades en formación, como el lenguaje carcelario y la cultura de la delincuencia, que es difícil de revertir”.
Aclaró que en Neuquén, con los jóvenes entre 14 y 15 años -no punibles- se busca su reinserción, que regresen a la escuela y otros mecanismos como la mediación penal. En el caso de 16 y 17 años, ya están sujetos al proceso penal y se trabaja con la suspensión de juicio a prueba “se busca la reparación a la víctima, horas comunitarias y rehabilitación de adicciones”.


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