Fracaso total

En la antigüedad, las instituciones administrativas solían ser tan primitivas que para recaudar impuestos era frecuente que los gobernantes contrataran a «publicanos», pero en el mundo moderno lo normal es que el Estado se encargue de esta tarea imprescindible, razón por la cual la decisión del gobierno del presidente Fernando de la Rúa de «tercerizar» o privatizarla ha ocasionado cierta alarma. Aunque no se han brindado muchos detalles acerca de los planes oficiales, la idea de que empresas privadas sean autorizadas para cobrar dinero a los presuntamente morosos es de por sí antipática: como es notorio, se trata de una actividad tradicionalmente vinculada con matones empleados por usureros o por los dueños de casas de juego. Si bien es de suponer que el gobierno tiene en mente un sistema más civilizado, no le resultará tan fácil impedir que individuos nada recomendables opten por aprovechar las nuevas oportunidades así planteadas, tal como en efecto ha ocurrido a raíz de la «tercerización» de la seguridad. Claro, desde el punto de vista del gobierno la capacidad para provocar miedo tendría sus ventajas y pocos dudan de que los cobradores privados resultarían más eficaces que los actuales. Es ésta la opinión de la CAME, la que en un comunicado afirmó que privatizar el cobro de los impuestos «significará que, con una mínima intimidación, millones de empresarios se van a ver embargados y ejecutados», o sea, que en este ámbito, como en muchos otros, la privatización podría poner fin a una gran cantidad de arreglos delictivos tradicionales.

En vista de que se da por descontado que la evasión impositiva y previsional priva al Estado de miles de millones de pesos anuales, puede entenderse la voluntad del gobierno de intentar combatirla con métodos heterodoxos, sobre todo si tiene motivos para prever que brindarían resultados tan espectaculares como acaban de insinuar los representantes asustados de los autónomos. Si bien al país le convendría más que por fin las autoridades tomaran las medidas necesarias para que la DGI y la Aduana resultaran capaces de cumplir lo que es, al fin y al cabo, una de sus funciones básicas, según parece ambas instituciones son consideradas irrecuperables. Otro factor, claro está, consiste en el escaso respeto que merecen los organismos estatales. En ocasiones determinadas, como durante la fase inicial de la gestión de Carlos Menem, la convicción de que una DGI renovada y pertrechada de computadoras avanzadísimas estaría en condiciones de atrapar a los evasores cruzando en segundos toda la información necesaria ha hecho aumentar la recaudación, pero tales mejoras no han tardado en desinflarse al enterarse la ciudadanía de que en verdad todo seguiría igual.

Así, pues, todo hace pensar que pronto será privatizada de forma forzosamente parcial otra función antes considerada propia del sector público y que, una vez más, las razones de la decisión serán pragmáticas. El desmantelamiento del Estado que ya se había iniciado antes de la llegada al poder de Menem no ha sido impulsado por ideólogos sino por los estatales mismos que, al hacer gala de una inoperancia realmente fenomenal, han obligado al gobierno de turno a vender o, cuando menos, a «tercerizar» una serie cada vez más larga de actividades. Aunque los estatales han protestado vigorosamente contra los cambios así supuestos, no parecen haber hecho esfuerzo alguno por mejorar su propio desempeño con el propósito de convencer al gobierno y a la ciudadanía de que ninguna empresa privada podría lograr resultados superiores a un costo razonable. Que éste haya sido el caso con YPF y Entel, empresas públicas tristemente célebres por su ineficacia y por la corrupción de gerentes nombrados por razones políticas que claramente no eran capaces de competir contra las multinacionales, era comprensible. En cambio, no lo es que la DGI no haya podido cumplir sus funciones de manera adecuada. De todos los muchos fracasos del Estado argentino, éste es sin duda alguna el más doloroso: aunque la experiencia acumulada a través de los siglos en este ámbito es virtualmente inagotable, el gobierno aliancista se ha visto constreñido a recurrir a un expediente que los emperadores romanos trataron de abolir antes de iniciarse la era cristiana por considerarlo arcaico.