General inquieto
Aunque nunca hubo la menor duda de que habría «inquietud y preocupación» en el Ejército por las detenciones de militares a raíz de los juicios vinculados con los crímenes perpetrados durante los años del Proceso, es natural que el jefe de la fuerza, el general Ricardo Brinzoni, haya supuesto que otros comparten sus sentimientos, si bien por motivos muy distintos. En el pasado no demasiado lejano, aludir en público al malestar de los uniformados era de por sí un acto político, una forma de presionar a los civiles para que aceptaran las exigencias castrenses de turno. También lo es en la actualidad, pero así y todo no convendría tomar lo dicho por el general Brinzoni por una amenaza apenas velada porque, como él mismo sabe, las Fuerzas Armadas ya no constituyen una suerte de partido político blindado y, de todos modos, cualquier intento de aprovechar su capacidad bélica para conseguir algunas ventajas corporativas resultaría contraproducente. En última instancia, el futuro de las Fuerzas Armadas y de sus integrantes depende de la voluntad de la ciudadanía en su conjunto, la cual, de quererlo, podría optar por abolirlas si llegara a la conclusión de que planteara un peligro a la convivencia democrática.
A pesar de la protección que les brindan leyes que fueron aprobadas durante la gestión del ex presidente Raúl Alfonsín, período en el que las Fuerzas Armadas aún representaban una amenaza bien concreta a la joven democracia nacional, ya son muchos los militares que por diversas razones están viéndose obligados a rendir cuentas por lo hecho en el marco de la guerra sucia. Sin embargo, la mayoría de las causas, como la protagonizada por el ex general Jorge Rafael Videla, tiene que ver con retirados, de suerte que ya es reducido el riesgo de que una cantidad significante de militares en actividad sea citada por un juez para después quedar detenida. Aunque los procesados y los interrogados sigan reclamando más «lealtad» por parte de Brinzoni y los demás jefes castrenses, es de esperar que éstos se limiten a ofrecerles gestos simbólicos que no impliquen ningún intento institucional de interferir en el funcionamiento de la Justicia.
Claro, exageraba el jefe del Ejército al afirmar que nadie quiere revivir épocas pasadas: tanto los retirados que para su desconcierto están siendo interrogados sobre su papel en las muchas atrocidades que se cometieron durante el Proceso, como muchos militantes políticos, entre ellos algunos familiares de los asesinados por miembros del Ejército, no tienen ningún interés en poner fin a la lucha aunque, afortunadamente, por ahora están librándola ante los tribunales o en los medios de difusión. Para los deseosos de dejar atrás un período nefasto de la vida nacional, la negativa a asumir su responsabilidad de los hombres que gobernaron el país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983 y la tenacidad de los deudos o simpatizantes de los muertos por «subversivos» pueden resultar irritantes, pero siempre ha sido poco realista creer que luego de un par de años todos decidirían dar por concluido el asunto. Después de todo, de no haber sido los jefes militares de un cuarto de siglo atrás personas incapaces de entender que actuaban como criminales, nunca se les hubiera ocurrido combatir el terrorismo con métodos netamente terroristas; asimismo, era inevitable que los comprometidos con los «desaparecidos», trátese éstos de militantes aguerridos o de hombres o mujeres pacíficos que por algún motivo fueron arrastrados al conflicto, harían lo posible por asegurar que los artífices de la represión ilegal pagaran un precio por sus delitos. En verdad, lo sorprendente no es que las secuelas de la guerra sucia hayan seguido repercutiendo en la vida del país, sino que después de las rebeliones carapintadas virtualmente todos los episodios se han producido dentro de los límites fijados por la ley. Para aquellos militares que jamás respetaron la ley por creerla una herramienta subversiva, esta realidad no constituirá ningún consuelo; para la abrumadora mayoría – incluyendo, es de suponer, al general Brinzoni- es casi un milagro.
Aunque nunca hubo la menor duda de que habría "inquietud y preocupación" en el Ejército por las detenciones de militares a raíz de los juicios vinculados con los crímenes perpetrados durante los años del Proceso, es natural que el jefe de la fuerza, el general Ricardo Brinzoni, haya supuesto que otros comparten sus sentimientos, si bien por motivos muy distintos. En el pasado no demasiado lejano, aludir en público al malestar de los uniformados era de por sí un acto político, una forma de presionar a los civiles para que aceptaran las exigencias castrenses de turno. También lo es en la actualidad, pero así y todo no convendría tomar lo dicho por el general Brinzoni por una amenaza apenas velada porque, como él mismo sabe, las Fuerzas Armadas ya no constituyen una suerte de partido político blindado y, de todos modos, cualquier intento de aprovechar su capacidad bélica para conseguir algunas ventajas corporativas resultaría contraproducente. En última instancia, el futuro de las Fuerzas Armadas y de sus integrantes depende de la voluntad de la ciudadanía en su conjunto, la cual, de quererlo, podría optar por abolirlas si llegara a la conclusión de que planteara un peligro a la convivencia democrática.
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