Gerez: «otorgar domiciliarias por el COVID es un invento de algunos jueces»
El fiscal general anunció que mañana miércoles presentarán otra impugnación, esta vez contra la prisión domiciliaria de un abusador de Junín de los Andes. Paso a paso, cómo se llegó a ese fallo.
Gerez, junto a Breide Obeid. La fiscalía juega fuerte contra las prisiones domiciliarias. (Archivo)
El fiscal general José Gerez embistió contra los jueces de Neuquén que dictaron prisiones domiciliarias a favor de los condenados por abuso sexual: «No pueden vivir en la burbuja del derecho, tienen que vivir en la sociedad; estos fallos dejaron de lado a la sociedad».
Afirmó que no los ampara ninguna normativa provincial ni nacional, por lo que, en su opinión, «estas resoluciones son un invento de algunos jueces; hay que flexibilizar mucho el derecho para hacer entrar estos fallos».
Las dos prisiones domiciliarias que cuestiona formalmente la fiscalía fueron concedidas por el Tribunal de Impugnación con similar integración. Los jueces Richard Trincheri, Liliana Deiub y Andrés Repetto definieron por unanimidad en el caso de un hombre de Neuquén de 57 años que sufre una enfermedad respiratoria crónica, y Trincheri, Deiub y Federico Sommer lo hicieron con un hombre de Junín de los Andes de 69 años que tiene problemas de tiroides.
Los nombres no se publican para evitar la doble victimización de quienes sufrieron los abusos.
Por el primero de los casos habrá mañana miércoles una audiencia oral ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por Soledad Gennari y Alfredo Elosu Larumbe, en la cual el fiscal Maximiliano Breide Obeid expondrá argumentos para pedir que se revoque la domiciliaria y el condenado a 8 años de cárcel vuelva a la Unidad 11.
Por el caso de Junín, que se trata de un condenado a 12 años, Gerez le anticipó a Río Negro que mañana presentarán una impugnación extraordinaria ante la misma sala del TSJ, y esperan que los dos casos sean resueltos de manera favorable a la brevedad.
«El argumento central de la impugnación es el mismo: la arbitrariedad de la decisión del Tribunal de Impugnación», explicó Gerez. «En el caso de Junín impugnaremos también, de manera subsidiaria, porque no se notificó a la víctima».
El jefe de los fiscales de la provincia aseguró que «los plazos procesales no están vencidos, eso está confirmado». Aludió en ese sentido a la suspensión de términos que dispuso el propio Tribunal Superior, y «a la gravedad institucional que genera la concesión de este beneficio».
Gerez dijo que «no tenemos una norma que obligue a dar prisión domiciliaria por el Covid-19. No tenemos una acordada del Tribunal Superior, o de una Cámara de Casación que sirva de guía en supuestos novedosos como este».
«La prisión domiciliaria por coronavirus es una construcción de algunos jueces. Es un invento en base a supuestos que no existen», afirmó.
«No hay superpoblación»
Dijo el fiscal general que en Neuquén «no tenemos superpoblación carcelaria ni casos positivos entre los internos ni entre los penitenciarios».
Cuando se le consultó por el caso de Junín de los Andes, donde hay 33 internos en un espacio para 12, dijo que «hay muchos otros establecimientos donde alojar a un interno antes que el domicilio. Dudo de los controles que tenga esta gente dentro de la casa».
«Junín es una comunidad pequeña, estás mandando a una persona a vivir a diez cuadras de la víctima. Hay un error de lectura social que no se le puede permitir a un juez. No siempre tiene que fallar a favor de lo que espera la sociedad, pero tenés más argumentos a favor del no otorgamiento» de la prisión domiciliaria, indicó.
El camino a la domiciliaria
¿Cómo se llegó a la domiciliaria en el caso de Junín de los Andes?
Según lo que reconstruyó Río Negro en base a documentos judiciales y entrevistas con los protagonistas, el 20 de marzo el defensor público Lisandro Borgonovo pidió ante el juez de ejecución subrogante Mariano Etcheto la domiciliaria por un mes del hombre, de 69 años y condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de su nieta.
Ese día entró en vigencia el decreto presidencial que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Borgonovo reclamó que le otorguen el derecho en base a la edad del imputado, por integrar grupo de riesgo. El fiscal Maximiliano Cattafesta se opuso porque no había ningún informe médico ni socioambiental que lo avalara.
En esa audiencia declaró la esposa del condenado y describió cuáles eran las características del domicilio ofrecido para la detención. También fue testigo el jefe de policía del lugar, quien reveló que en la Unidad 41, con 12 plazas había 33 detenidos.
En la IV Circunscripción se conocían estos detalles, además, porque al condenado la jueza de Ejecución, Alicia Rodríguez, le había otorgado un permiso para una salida a ese domicilio un año antes.
El juez Etcheto rechazó el pedido de la defensa, que pidió revisión.
Por mayoría
El 27 de marzo fue la segunda audiencia ante un tribunal de Revisión, que volvió a rechazar el pedido aunque esta vez en fallo dividido: la mayoría la conformaron Nazarenio Eulogio y Diego Chavarría Ruiz, y en minoría quedó Juan Pablo Balderrama. El defensor impugnó.
Así se llegó a la audiencia del 7 de abril, ante el Tribunal de Impugnación, que por unanimidad dispuso la prisión domiciliaria del condenado. Lo fundó en la edad del imputado y en la recomendación de la CIDH de bajar la superpoblación carcelaria. Dijo en su fallo que tuvo en cuenta la condena impuesta y los pocos años de cumplimiento (cuatro) al momento de conceder el cambio de modalidad en el cumplimiento.
Los jueces parecían no tener conocimiento detallado o actualizado del lugar donde iba a alojarse el hombre, porque pusieron como condición previa que se realice un informe socioambiental, y que se le coloque una tobillera electrónica.
Ese tribunal estuvo integrado por Federico Sommer como presidente y autor del voto expresado oralmente, Liliana Deiub y Richard Trincheri, quien no abrió la boca en toda la audiencia (aunque luego concedió una entrevista que lo ubicó, mediáticamente, como único responsable del fallo).
El fiscal fue Fernando Rubio, quien no hizo reserva de impugnación extraordinaria.
La víctima fue notificada, tanto de la audiencia como de su resolución, según dijeron fuentes judiciales a este diario.
La última… por ahora
Se llega así a la audiencia del 22 de abril, última hasta ahora, ante la jueza Leticia Lorenzo, en la que una funcionaria de la dirección de Población Judicializada (organismo del Poder Ejecutivo) presentó vía telefónica el informa socioambiental reclamado.
En esa audiencia se detalló también que no había tobilleras disponibles para colocarle al condenado, y que no existía riesgo de fuga.
La fiscalía, una vez más, se opuso a la prisión domiciliaria. La víctima fue invitada a participar y, como en las ocasiones anteriores, declinó de asistir pero pidió que le envíen el acta de la audiencia por correo electrónico.
Desde entonces el hombre cumple domiciliaria hasta el 23 de mayo.
Último dato: el 31 de agosto cumple 70 años, y podrá reclamar la prisión domiciliaria otra vez.
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