Excarcelaciones por el coronavirus: llueven pedidos pero pocos las consiguen

Los organismos judiciales de Río Negro y Neuquén recibieron en el último mes el reclamo de unos 800 detenidos. Sólo hubo cambio de condiciones para un centenar de personas, la mayoría alojados en unidades provinciales.

 No se trató de un motín el conficto de anoche, dentro de la cárcel de Senillosa.

No se trató de un motín el conficto de anoche, dentro de la cárcel de Senillosa.

Las cárceles federales y provinciales de Río Negro y Neuquén tienen dentro de sus pabellones más de 2.500 personas. Y desde que el nuevo coronavirus llegó a la Argentina, un tercio de ellos ya hizo al menos un intento por dejar de pasar sus noches en una celda. Pero muy pocos lo consiguieron, porque a diferencia de lo ocurrido en otros puntos del país, en esta región los casos se están analizando uno por uno y, además, la mayoría de las unidades penitenciarias no están superpobladas.

“Llueven los pedidos”, sintetizó una funcionaria de la Justicia Federal sobre los reclamos de internos de los penales de Roca, Viedma y Senillosa, donde un millar de hombres y mujeres están privados de su libertad.

En los tribunales federales de la zona se percibió ayer cierto malestar con el sector político, considerando que se sobredimensionó la prisión domiciliaria otorgada a Ruth Montecino, y que poco esfuerzo se hizo para poner esa información en contexto.

Acto seguido, las fuentes consultadas por RÍO NEGRO destacaron que el Tribunal Oral Federal de Neuquén concedió hasta ahora solo una docena de cambios de modalidad de detención, mientras que el Tribunal Oral Federal de Roca hizo lo propio apenas con 3 de las 70 personas que reclamaron un beneficio durante los últimos días.

En los tribunales federales roquenses agregaron otros datos para graficar la coyuntura: esos 70 pedidos llegaron desde un universo de 112 condenados en la ciudad.

“Se quieren ir casi todos. Y van cambiando los argumentos. Primero intentan acordándose de enfermedades preexistentes –que nunca se manifestaron en los últimos años– luego van por el lado de la falta de limpieza en la unidad y así van recorriendo todos los supuestos posibles, pero a más del 90% se le rechaza el pedido”, describió un juez consultado.

En la Cámara Federal de Apelaciones de Roca comparten el criterio restrictivo. “Solo se da la prisión domiciliaria cuando el mantenerse en prisión implica agravar el cuadro de salud o cuando los servicios médicos de las unidades no cuentan con la medicación, con la tecnología o con los profesionales suficientes para atender la enfermedad que tenga esa persona”, se explicó.

A ese organismo llegaron desde el inicio de la pandemia más de 100 hábeas corpus, buscando revertir los rechazos de los juzgados de primera instancia de Neuquén, Roca, Viedma, Zapala y Bariloche.

Acerca del clima interno en las unidades que el Servicio Penitenciario Federal tiene en las dos provincias, las fuentes que dialogaron ayer con RÍO NEGRO indicaron que es tenso, pero que no se asemeja a las imágenes que llegan desde otras regiones.

“La suspensión de las visitas complicó un poco las cosas. Además, en las cárceles federales no se habilitaron los celulares, como se hizo en penales provinciales. Pero sí se distribuyeron tarjetas y se ofreció la chance de videoconferencias”, detallaron desde el fuero penal.

También se informó que el propio Servicio Penitenciario Federal ordenó a sus unidades que elabore una lista de las personas que se encontraban dentro de los grupos de riesgo, para hacer las comunicaciones correspondientes a los jueces de ejecución.

El complejo de Senillosa


De todas las cárceles de la región, la de mayor población es la de Senillosa.

En el Complejo 5 del SPF, de los 524 internos que había hasta la semana pasada, en estos días la cifra se redujo a 504, según los datos de las defensorías oficiales federales de la jurisdicción.

Debido a que la situación de cumplimiento de cada condenado depende no solo de la jurisdicción de Neuquén, sino de la definición de otros jueces del resto del país, no había hasta ayer un listado único con la totalidad de los internos que lograron prisión domiciliaria.

De los 6 procesados con preventiva que le pidieron al juez Gustavo Villanueva la prisión domiciliaria, solo 2 la obtuvieron, se indicó. De unos 15 condenados que realizaron el planteo ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén –a cargo de la ejecución– una cifra de 12 ó 13 requerimientos lograron la prisión en la casa. En todos los casos de egreso del complejo 5 de Senillosa, fueron traslados a prisiones domiciliarias.

Según se informó desde la comisión de cárceles de la Defensoría Federal en Neuquén, unas 40 personas fueron relevadas en el grupo de riesgo sanitario, con enfermedades preexistentes y en eventual riesgo mortal en caso de contraer coronavirus.

En el caso de los detenidos por delitos de lesa humanidad, el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal, Alejandro Cabral, le permitió al comisario retirado Saturnino Martínez, permanecer en prisión domiciliaria “hasta que cese la emergencia sanitaria”. Paradójicamente, la medida la adoptó el 24 de marzo pasado. Martínez fue condenado por tormentos y privaciones ilegales de la libertad en la comisaría de Cipolletti a perseguidos políticos durante la última dictadura militar. Tiene más de 70 años, pero la composición anterior del Tribunal neuquino no había accedido a la domiciliaria

Otros condenados de lesa humanidad de la jurisdicción, como Raúl Guglielminetti o Jorge Di Pasquale (en Marcos Paz) lograron la domiciliaria por decisión de los jueces federales neuquinos; pero no se efectivizó la salida por grupo de riesgo sanitario ni por tener más de 70 años porque también dependen de otros jueces (que rechazaron) que son responsables de controlar sus condenas a perpetua.

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La Justicia de Neuquén no tiene posición institucional

En las unidades de detención provinciales de Neuquén hay 516 personas privadas de su libertad, de las cuales 42 integran el grupo de riesgo por la pandemia de coronavirus y de ese universo sólo 9, que tienen condena firme, obtuvieron la prisión domiciliaria. No hay una política institucional para abordar el tema y eso se trasluce en la diversidad de fallos judiciales que se produjeron hasta el momento.

Del grupo de nueve, siete son de Neuquén capital: a tres les concedió el beneficio la jueza de Ejecución, a tres el Tribunal de Impugnación, y al restante el Tribunal de Revisión. Los dos restantes condenados son de Cutral Co y de Junín de los Andes.

El recuento arroja 16 internos menos desde que empezó la cuarentena. Los otros siete, según un informe oficial en poder del Tribunal Superior de Justicia, están con prisión domiciliaria por razones ajenas a la pandemia: agotamiento de la pena o libertad anticipada. Hay seis más que estaban en comisarías con preventiva y su régimen cambió.

El gobierno provincial solo habló de la situación carcelaria al principio de la cuarentena. Dijo que había dispuesto todos los medios para que las unidades sean higiénicas y seguras: canceló las visitas –en acuerdo con los detenidos–, distribuyó lavandina y barbijos, dispuso guardias médicas y de enfermería, vacunó a los internos contra la gripe y estableció protocolos para el personal penitenciario, que es el que entra y sale y, potencialmente, puede traer el virus a la cárcel.

El Tribunal Superior de Justicia no emitió, ni emitirá, ninguna directiva sobre el tratamiento que debe darse a los pedidos de prisión domiciliaria. “No podemos anticipar opinión con el dictado de una medida general ni decirles a los jueces ‘hagan esto, hagan lo otro’”, dijo el vocal Germán Busamia.

Tampoco la defensa pública tiene una directiva expresa de pedir la prisión domiciliaria para las personas en riesgo, según dijo la defensora de Ejecución Luciana Petraglia. Lo viene haciendo porque es su trabajo. Hay una disposición general para todos los defensores del país.

El Tribunal de Impugnación siempre votó a favor del permiso. “Nunca nos reunimos para ponernos de acuerdo y fijar una posición institucional”, dijo el juez Richard Trincheri. “Analizamos caso por caso y tenemos en cuenta el riesgo para la salud. En la última audiencia en la que intervine, por ejemplo, el imputado de 57 años tiene una EPOC, compartía el baño con cuatro personas, el pabellón con otras 19. Obviamente va a estar mejor en la casa, sin contacto con nadie”.

Quien sí tiene una posición institucional es el Ministerio Público Fiscal. “Nosotros nos oponemos a la prisión domiciliaria siempre y cuando estén dadas las condiciones de alojamiento en la Unidad 11”, dijo el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.

Sobre el caso del preso con EPOC, afirmó que “se trata de un condenado por abuso sexual. Es más probable que reincida ahora con la domiciliaria, a que se contagie de coronavirus en la cárcel”. Anticipó que presentará un recurso para que intervenga el Tribunal Superior de Justicia.

Las cárceles rionegrinas, con 97 internos menos

En Río Negro, la Justicia provincial recibió unos 700 hábeas corpus durante el último mes, pero cambió las condiciones de detención de 97 personas en el último mes y medio. La mayoría de esos detenidos ya gozaban de “semi-libertad”, estaban próximos al “cumplimiento o agotamiento de la pena” (unos seis meses antes) o tenían cercanía con otros beneficios, como la libertad “condicional”.

La pandemia y el riesgo de contagio impuso un tratamiento especial en los penales rionegrinos, que -según registros nacional de febrero- alojaba a cerca de 1040 internos, con una capacidad para unos 930 alojados.

El Servicio Penitenciario planteó su preocupación y la Justicia compartió medidas para morigerar detenciones, asegurando su sostenimiento “hasta tanto cesen” las causas actuales, según los escritos de los magistrados.

Un 52% de los internos que lograron respuesta accedió a la prisión domiciliaria, con tobilleras. Seguridad avanzó en la adquisición de más dispositivos, pues -con las anteriores- ya dispone de unas 150 activas en la provincia.

Cada caso -como siempre- parte de una resolución del juez de ejecución penal, previo requerimiento de la defensa (pública o privada) y de posturas de los fiscales. Existieron, también, media docena de habeas corpus pidiendo beneficios generales, con dictámenes de rechazos de la Procuración y del Superior Tribunal de Justicia.

Aun así, el gobierno provincial planteó la situación carcelaria a la Justicia y se conformó un Comité Especial para el abordaje del Covid-19, con representantes del Ministerio de Seguridad y de Salud, del Servicio Penitenciario, de la Policía, con un juez de ejecución, con el fiscal general y el defensor general.

En el debate, el Comité coincidió -según las actas- que “resulta una amenaza concreta a la salud” para los internos frente a los “niveles actuales de población”, por lo cual, se “dificulta el distanciamiento” y “evitar los contagios con los espacios físicos existentes”. Allí se encomienda a los miembros del Ministerio Público que “establezcan criterios comunes” frente a esta situación y la “recomendación del Comité Nacional para la prevención contra la tortura”.

En respuesta, el Procurador, Jorge Crespo emitió una resolución donde convalida una propuesta de “criterios generales” del Defensor y Fiscal General, encomendándola a los restantes miembros con un “análisis individual en cada caso en el que se planteen medidas de morigeración o alternativas de cumplimiento de pena”. Frente a los situaciones disidentes o no alcanzadas, el funcionario resalta que cada ministerio hará sus planteos en cada caso para que resuelva la juez/a correspondiente”.

Simultáneamente, en un dictamen de rechazo a un habeas corpus, Crespo abunda en el análisis de la postura, recordando los lineamientos generales asumidos por el Defensor y Fiscal General, mientras aclara que los mismos se relacionan con detenidos en “semi-libertad”, “casos de proximidad para cumplimiento o agotamiento de la pena” (unos seis meses antes) o cercanía de “acceso a beneficio, como libertad asistida o condicional”.

Al final, en esa opinión, Crespo resalta que no comparte el “carácter genérico y expansivo” del hábeas corpus que pretende la prisión domiciliaria para la totalidad de los internos”. Propone un “análisis responsable” donde se debe mensurar que no todos “cuentan con un domicilio donde cumplir la obligación de aislamiento obligatorio”, algunas familias “no están dispuestas a recibirlos” o “no pueden sostener económicamente” a otra persona. Resalta, también, detenidos con “tipo de delito, modo de comisión y tiempo de cumplimiento de pena donde no es recomendable la morigeración de la detención”.

Fuentes oficiales aseguraron que no existen liberados por la Justicia rionegrina con condenas de abusos ni de violencia de género.

Cómo y de dónde se fueron

52%
de los 97 internos obtuvieron prisión domiciliaria (tobilleras). El 28% libertad condicional, el 17% fue por agotamiento de condena y el 3% por sobreseimiento.
36
estaban detenidos en la cárcel de Roca, 21 en la de Bariloche, 19 en Viedma, 16 en Cipolletti y 5 en Choele Choel.

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