“Gracias a las compañeras Susan, Silvina y Arabela”

Es sabido que buena parte de la dirigencia política cree que los ciudadanos somos ignorantes y desmemoriados. En fin, unos perfectos imbéciles que los votamos cada cuatro años. Pero realmente sorprende ver el descaro de la senadora nacional Silvina García Larraburu al pedir una reforma del recién votado Código Civil para que se garantice el acceso a las costas ante la eliminación del camino de sirga. En su oportunidad ella votó obedientemente sin pedir que se corra una sola coma del texto original y ahora pretende esgrimirse como una defensora de los derechos que acaba de cercenar hace menos de un año. Equiparable a la camaleónica legisladora provincial Arabela Carreras, quien luego de derogar la ley que prohibía el uso de cianuro en la explotación minera propone consultar a la ciudadanía para que se exprese su voluntad sobre el tema. El nuevo Código Civil fue “vendido” como una ampliación de derechos para uniones y desuniones civiles, adopciones, etc., pero detrás del texto promocional se encubrió una fenomenal entrega de soberanía y derechos fundamentales conquistados por la sociedad durante décadas. Se quitó al acceso al agua potable el atributo de derecho humano fundamental para la vida, convirtiéndola de hecho en una mercancía más (queridas comunidades, de ahora en más, si alguna corpo amiga como Chevron, Monsanto o Barrick contamina sus fuentes de agua, tómense un avioncito hasta Holanda y vayan a quejarse a la corte de La Haya), se amputó el derecho de los pueblos originarios a reclamar su tierras, se limitaron los accesos al agua pública (lo que constituye el estatuto de la privatización), y las garantías constitucionales de propiedad privada quedan sometidas a la función social que determine La Cámpora. En este momento algunos podrán decir que todo esto fue pergeñado por un gobierno revolucionario y totalitarista que busca instaurar una patria socialista, etc. Quédense tranquilos queridos reaccionarios, las reformas impulsadas por el gobierno liderado por quienes se hicieron ricos sacándoles las propiedades a la gente con la 1050 durante la dictadura y quedándose con tierras fiscales a precio vil apuntan a otra cosa. Lamento decirles que el nuevo Código Civil no es una creación propia del gobierno, sino que es apenas una mera partitura dictada por la compañera Susan Segal, la presidente del Council of the Americas, algo así como el escritorio del fondo donde se establecen las políticas para América Latina y el Caribe (las otras Américas). Susan es la que le “sugiere” amistosamente a la presidente Cristina Fernández, durante sus visitas a New York, los lineamientos generales para el “desarrollo” del país en materia de agronegocios, minería y petróleo. Esas son las tecnologías del nuevo neocolonialismo que prescinde de las invasiones armadas para reemplazarlas por el pretendido objetivismo de la ciencia y la colaboración institucional. Hoy no alcanzan los códigos mineros, petroleros y de agricultura gestados en el consenso de Washington y cristalizados en nuestro país con leyes nacionales durante los años 90. Las que votó el ahora senador Pichetto cuando era diputado –paladín de la obediencia debida a las corporaciones internacionales– y que pusieron a la Argentina en condiciones de infraestructura idénticas a las que se somete un país al ser derrotado en una guerra. Esas leyes siguen vigentes, pero hoy no alcanzan. Las corporaciones amigas necesitan también de la Ley Antiterrorista para someter a militantes sociales, despojar a todos los ciudadanos de derechos reales, apropiarse libremente del agua y del territorio y crear licencias sociales de contaminación e impunidad. El nuevo Código Civil dice que los ciudadanos ahora son libres de hacer lo que hacían desde hace ya mucho tiempo. Los ciudadanos son libres no porque el Estado se los permite, sino porque sus derechos han sido conseguidos gracias a luchas colectivas que derribaron injusticias y prejuicios. Podrán unirse o desunirse como les plazca, como hacían antes, pero no podrán acceder al agua que los mantenga vivos, ni acceder a los ríos y lagos; y pasarán muchos años en prisión si intentan protestar realmente. Gracias compañera Susan. Gracias compañera Cristina. Gracias compañeras Silvina y Arabela. Pedro A. Trípoli DNI 22.495.130 Bariloche

Pedro A. Trípoli DNI 22.495.130 Bariloche