Gremios y vecinos no quieren que se acepte la renuncia de Bernardi

La renuncia del camarista Juan Bernardi, procurando eludir el juicio político, depositó la presión en el Superior Tribunal de Justicia, quien deberá aceptar o rechazar esa presentación. Antes, la mirada recaerá en el Consejo de la Magistratura, que está convocado para mañana y, entre otros temas, se prevé la evaluación de la solicitud del juez suspendido.

Bernardi -a traves del abogado Luis Pravato- presentó la renuncia a la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, que inicialmente remitirá la misma al Consejo ya que el camarista tiene un proceso de enjuiciamiento por “mal desempeño y graves desórdenes de conducta”. Esas acusaciones están ligadas a la causa penal donde el magistrado está procesado por “promoción de corrupción de menores”, y el expediente está elevado a juicio.

Ya el Consejo había sido convocado para mañana y la dimisión se incorporará al temario frente al enjuiciamiento en trámite. Ayer, los consejeros definían la postura que plantearán en ese cuerpo, presidido por Piccinini e integrado por tres legisladores -los oficialistas Facundo López y Adrián Casadei, y el justicialista Nicolás Rochas- y tres representantes del Colegio de Abogados, Natalia Falugi, Jorge Manzo y Nicolas Gomez. No existían definiciones y se reflejaba la complejidad de la resolución.

La presión social está bien presente y, en ese sentido, el grupo de Vecinos Autoconvocados llamó a concurrir a la reunión de mañana del Consejo. Igualmente, la definición de la aceptación o rechazo a la renuncia corresponde al STJ, por lo cual, Piccinini cumplió ayer una ronda de consultas entre los otros miembros del máximo tribunal judicial.

En su nota de cinco párrafos, Bernardi destacó en los dos últimos que la dimisión no representa acceder a su beneficio previsional y recuerda que aún le faltan tres años para acceder a la edad jubilatoria. Además, menciona que su pretendido apartamiento significará dejar de percibir parte de la remuneración que se le asigna por su condición de camarista suspendido (un 80% del haber que le correspondería). Reivindica volver al “llamar” para demostrar desde allí su inocencia.

Aún la aseveración de Bernardi, hay integrantes del Poder Justicia que aseguran que esa dimisión permitirá al camarista penal conservar sus derechos para acceder en un futuro a la jubilación especial de la ley 24.018, que garantiza un “haber del 82% de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio”.

Sitrajur calificó la acción de Bernardi como “una burda maniobra”.

Las reacciones por la renuncia de Bernardi fueron inmediatas. El reclamo al STJ para que rechace la renuncia fue planteado por el gremio judicial y el Grupo de Vecinos Autoconvocados, que convocó además a concurrir a la reunión del Consejo de la Magistratura de mañana.

Sitrajur repudió la presentación de Bernardi porque buscar “evitar una posible sanción” del Consejo de la Magistratura, “esquivando de esta manera el mecanismo institucional disciplinario.

“Lamentablemente no resulta ser una maniobra nueva ni poco conocida”, resaltó esa organización. Pide concluir con esta “práctica de impunidad” y que “las instituciones tengan su adecuado funcionamiento”, considerando “llamativa la posición del poder judicial en cuanto a disciplina”, pues es “implacables con los trabajadores pero “es laxa, permisiva y hasta cómplice” con “sus pares (jueces y funcionarios)”.

Concluye que si acepta la “renuncia y deja trunco un proceso” constituiría “una mancha imborrable de complicidad” del STJ, solicitando su rechazo para “que no sean partícipes de la burda maniobra de este juez” en procura de su impunidad.

Por su parte, el llamado Vecinos Autoconvocados -este grupo constituido a partir de las denuncias de corrupción de menores- reclamó también el rechazo de la renuncia porque su aceptación constituiría “una nueva consagración de la impunidad y una exaltación obscena y violenta de los privilegios ilegítimos de los que gozan los integrantes del Poder Judicial”. Solicitaron “gestos claros de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica”.

El resguardo previsional

El análisis obligado de la víspera fue si Bernardi -un juez con juicio político en trámite- conserva su derecho a la jubilación del 82% móvil de la Justicia. Mayoritariamente, los consultados aseguraron que la dimisión garantiza ese acceso previsional.

En el repaso de la ley 24.018, la exclusión categórica está prevista -según el artículo 29- para “los beneficiarios que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”. Puntualmente, el proceso en marcha contra Bernardi.

Por el contrario, en referencia a la edad, este régimen especial está reservado para funcionarios y jueces del Poder Judicial que “hubieran cumplido 60 años de edad y acreditasen 30 años de servicios y 20 años de aportes computables”. Y, además, deben reunir cumplir con “uno de los siguientes incisos: haberse desempeñado por lo menos 15 años continuos o 20 discontinuos” en el Poder Judicial”, de los cuales, 5 años como mínimo” debe corresponde al cargo a jubilarse; o “haberse desempeñado como mínimo durante los 10 últimos años de servicios” en el puesto que incluye esta mencionada legislación especial.