Conflicto del aserradero: tomaron la sede del ministerio de Gobierno en Roca

Un grupo integrado por al menos 20 personas ocupó esta mañana las oficinas del Centro Administrativo que depende del Ministerio de Gobierno de Río Negro y reclamaron a las autoridades provinciales una respuesta al traslado del aserradero de la Cooperativa 1° de Mayo, al predio del Parque Industrial II.

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La medida fue adoptada por los trabajadores en rechazo a la fallida mediación que se llevó adelante en el marco de una negociación que se inició a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia (por fuera de la Justicia) y de la cual participaron los propietarios de la tierra, el municipio y mediadores de ese organismo provincial.

«No hemos logrado avanzar en nada. Viene un funcionario después te mandan a otro pero no se hace cargo los que tienen que hacerse cargo», dijo Omar Carrasco -presidente de la Cooperativa 1° de Mayo- quien anunció que la protesta será por tiempo indeterminado.

El dirigente dijo que se enojan (los funcionarios provinciales) porque no los dejan trabajar a los empleados pero explicó que ellos tampoco pueden llevar adelante su tarea. «Nos vamos a quedar hasta acá hasta tener una respuesta concreta y buena del gobierno. Sino seguimos con la tomada de pelo y las boludeces que están haciendo», dijo Carrasco.

La medida fue acordada con el Frente Piquetero que también organizó una jornada de protesta que tiene su epicentro a metros de la sede que depende del Ministerio de Gobierno. «Nosotros no queremos más esta situación habrá que preguntarle al gobierno qué va a pasar con toda esta gente«, dijo el dirigente.

Para Carrasco, el acompañamiento del Frente Piquetero es una clara muestra de que «no están solos en la lucha».

Historia del proceso

La demanda de desalojo se presentó en 2014 y finalizó con un fallo de la Cámara Civil a favor de Mario Leonardo López quien había adquirido las tierras. Esa sentencia quedó firme en 2020 y no fue cumplida voluntariamente. A raíz de esa situación, se inició el actual proceso sumarísimo de Ejecución de Sentencia para poder hacer cumplir el fallo original.

Luego, la parte actora solicitó el “inmediato desalojo”, alegando que “su parte ha procurado por distintas vías lograr una solución pacífica al conflicto, con participación de distintos organismos públicos” y “pese a los esfuerzos realizados no se ha logrado aún un acuerdo consensuado para la entrega del bien”. El 11 de noviembre del 2021 se dictó la Resolución que puso fecha límite (11 de febrero de 2022) para la entrega de las tierras. Allí se realizó, además, una cronología del expediente y de las múltiples instancias conciliatorias que se habilitaron. Entre las más relevantes se enumeraron:

-El 7 de mayo de 2019, la jueza Civil María del Carmen Villalba, en primera instancia, rechazó la demanda de desalojo promovida por López contra la Cooperativa. López apeló.

-El 9 de diciembre de 2019, la Cámara Civil de Roca hizo lugar a la apelación de López, revocó la sentencia de primera instancia y dio curso al desalojo.

Una segunda instancia de diálogo se abrió el 16 de octubre de 2020 en una audiencia de la que participaron ambas partes, más representantes de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Allí se pactaron 60 días más para dialogar, pero no se alcanzó ningún acuerdo.

-Vencido aquel plazo, se abrió una tercera instancia de diálogo a partir de junio de 2021, que tampoco tuvo éxito.

-En noviembre de 2021 se otorgaron los últimos 90 días para desalojar voluntariamente.

Tras la última orden de desalojo emita por la Jueza María del Cármen Villalba, los obreros decidieron ocupar las instalaciones del aserradero con un fuerte respaldo de la CTA Autónoma. Durante el mes de mayo se extendieron las protestas que incluyeron cortes de ruta y piquetes en distintos sectores de la ciudad.

En medio de un callejón sin salida, el gobierno provincial decidió descomprimir la situación y gestionó -a través del Ministerio de Seguridad y Justicia- un cuarto intermedio que derivó en las mediaciones que se fueron desvaneciendo cuando se conoció que el acuerdo de traslado podría demandar una inversión de más de 100 millones de pesos.

Sin embargo el proceso se fue diluyendo como consecuencia del millonario monto que demandaba el traslado. Ahora, los trabajadores temen que en los próximos días se concrete efectivamente el desalojo.

Escuchá la entrevista con Omar Carrasco en «En eso estamos» de RN Radio

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