El Excel de Hacienda detrás del aumento a los judiciales de Neuquén
La oferta salarial no se movió sin consultas previas con el Tesoro provincial. Dejar afuera enero, la condición innegociable.
La asamblea de Sejun aceptó por mayoría la oferta salarial. (Archivo/Florencia Salto)
El Poder Judicial de Neuquén se convirtió en el primer (¿y único?) usuario del Fondo de Estabilización Presupuestaria, una herramienta creada para que el Gobierno provincial pueda supervisar los gastos en todas las áreas del Estado.
En la negociación salarial que terminó el miércoles pasado quedó expuesto que la oferta presentada por el Tribunal Superior de Justicia a los empleados, a través del gremio Sejun, salió de la secretaría de Hacienda del Ejecutivo o por lo menos, fue consultada al detalle en esa oficina.
La propuesta en sí fue «un espejo» que reflejó con fidelidad la que recibieron los otros gremios del Estado: ATE, ATEN, ANEL, Viales, etcétera. Así la describió la presidenta, Soledad Gennari. La imagen reflejada borró del escenario la inflación de enero, el punto más discutido por las organizaciones.
Ante los planteos de la dirigencia gremial, que buscó mejorar la oferta, la reacción de los representantes del Tribunal fue que debían realizar gestiones en el Tesoro Provincial para poder de contestar.
Finalmente hubo consenso, y el gremio aceptó los ajustes trimestrales (sin enero) y tres sumas fijas de 150.000 pesos cada una, la última a cobrar en septiembre ajustada por inflación.
Afuera del bono quedaron los vocales, camaristas, fiscales y defensores jefes y jueces de primera instancia. De acuerdo con el gremio, el 60% del gasto salarial lo representan magistrados y funcionarios.
La autarquía perdida
La razón de fondo de la dependencia financiera (que no es dependencia política, repiten en el Tribunal) es que la autarquía del Poder Judicial dejó de existir hace más de una década. El 18% de lo que recibe la provincia por coparticipación federal de impuestos no alcanza hace mucho para cubrir las necesidades, la Legislatura nunca revisó ese porcentaje -todos fingen demencia ante ese incumplimiento de la ley- y «cada vez en mayor medida dependemos de las contribuciones figurativas» (aportes del Tesoro), confirmó Gennari esta semana.
Allí entra en escena el flamante Fondo de Estabilización de Presupuestos, sancionado por ley durante la gestión anterior y reglamentado por Rolando Figueroa a principios de marzo.
En números
Algunos números gruesos. El presupuesto del Poder Judicial para 2024 fue fijado en 102.000 millones de pesos, de los cuales 91.000 se irán en sueldos. Para esa estimación no se tuvieron en cuenta incrementos salariales. Los aportes del Tesoro representaban 38.000 millones de pesos.
Como informó diario RÍO NEGRO, en febrero se hizo un recálculo. Arrojó que sin tener en cuenta nuevos incrementos salariales, el Poder Judicial necesitará 130 mil millones de pesos sólo para cancelar salarios. Es decir, 40 mil millones más de lo presupuestado.
La disparada inflacionaria que causó la devaluación dispuesta por el gobierno de Javier Milei tuvo su correlato en el acuerdo salarial y empujó todo hacia arriba. Nadie arriesga una cifra, pero es muy probable que el Tribunal deba gestionar ante el Tesoro más de 100.000 millones de pesos. Es decir, la misma cantidad que presupuestó para todo el 2024.
El gobernador Figueroa ya había estimado, en uno discurso a fines de febrero, que el déficit del Poder Judicial sería de 60 millones de dólares. Con el incremento acordado, se calcula que superará los 100 millones.
El sindicato Sejun quedó conforme con el acuerdo. «Fue la mejor negociación posible en un contexto complicado», dijo Claudio Salazar, el secretario general.
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