Figueroa marcó el pulso de las negociaciones salariales para los tres poderes en Neuquén
El gobernador trazó un camino del que nadie se pudo correr: actualizaciones por IPC sí, pero sin enero. Hubo diferencias en las sumas fijas. Las negociaciones evidenciaron la dependencia del TSJ con la Tesorería provincial.
El gobernador Rolando Figueroa marcó el límite presupuestario de las negociaciones. Foto: archivo Matía Subat.
La lapicera del gobernador Rolando Figueroa marcó el camino de las negociaciones salariales en Neuquén para los tres poderes, durante un marzo frenético dominado por el imperativo de moda, “no hay plata”. La aprobación, el miércoles, de la última oferta que había hecho el Tribunal Superior de Justicia al Sejun terminó de completar la pauta salarial que recibirán todos los escalafones del Estado provincial, aunque el sector docente, encabezado por ATEN, quedó en soledad sosteniendo su rechazo.
El principal lineamiento que bajó el ministerio de Economía, y que se terminó adoptando para la totalidad de la planta estatal, fue de sostener las actualizaciones atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero sin incluir la medición de enero.
No fue antojadizo ni obra del azar: el relevamiento que hizo el Indec arrojó para el primer mes del 2024 una inflación del 25,5% y el de Estadística y Censos de Neuquén un número apenas menor, del 24,5%. El gobierno entendió que incorporar ese porcentaje al trimestre que pagará con los haberes de enero haría crecer la masa salarial a un punto de no retorno.
Y optó por compensar ese “mes perdido” por una suma extraordinaria no remunerativa ni bonificable que no tendrá incidencia para las futuros incrementos.
El gasto salarial de Neuquén ya supera los 110.000 millones de pesos mensuales, sin contar lo que el Poder Ejecutivo transfiere al Poder Judicial, cada vez más dependiente del gobierno de turno, ni lo que se envía a los municipios, que en su mayoría tampoco alcanzan a pagar con recursos propios los sueldos de sus empleados.
El ministerio de Economía no precisó, pese a las consultas de Diario RÍO NEGRO, en cuánto crecería la masa salarial cuando se aplique el primer tramo de aumento correspondiente al IPC de febrero (cuyo ponderado arroja un 13,5%) y de marzo (que el gobierno estima en un 12%). Un número de trazo grueso hace prever que el incremento será de, por lo menos, unos 15.000 millones que se sumarán a los 12.000 millones que ya se gastarán este mes para los bonos extraordinarios de los más de 60.000 estatales.
Las actualizaciones por inflación fueron la constante en las negociaciones de los tres poderes de la provincia, aunque hubo matices en cuanto a los montos y formas de las sumas fijas.
Escalafón general, adentro
En el caso de la administración pública, el acuerdo de ATE y UPCN para el escalafón general, que se replicará en el resto de los convenios colectivos de trabajo, estableció subas atadas al IPC para el período febrero 2024 y enero 2025 a pagar en abril, julio, octubre y enero próximo. Las actualizaciones se aplicarán sobre el salario conformado del primer mes del trimestre.
Además, se estableció una suma extraordinaria no remunerativa y no bonificable de 150.000 pesos que se pagó a los estatales el 8 de marzo.
Los trabajadores también recibirán una compensación por ropa de trabajo en dos cuotas de 154.000 pesos que se harán efectivas en abril y en septiembre. En el caso de esta última, “su valor resultará de la actualización del IPC ponderado de mayo a agosto inclusive”, se precisó.
Desde ATE aseguraron que ese acuerdo terminó siendo prácticamente igual al que aprobaron los empleados judiciales el miércoles pasado para destrabar una negociación que demandó bastante más tiempo. En ese caso, también se acordaron tres bonos de 150.000 pesos, el último con una actualización atada a la inflación del período. “Les da vergüenza decir que es ropa de trabajo”, graficaron desde el gremio que conduce Carlos Quintriqueo para exponer que, palabras más, palabras menos, resultó siendo lo mismo. “Todos los acuerdos fueron en sintonía, con bonos o compensaciones de diferente monto o característica”, planteó el secretario general.
La compejidad docente
En el caso de los docentes, el núcleo de actualizaciones por IPC desde febrero también se mantuvo, aunque las particularidades propias del escalafón, sumadas a la negativa del gremio a aceptar las propuestas, llevaron al gobierno a diseñar un engranaje aún más complejo para compensar el reclamo por el negado IPC de enero.
Esto incluyó un bono de 100.000 pesos proporcional a las horas trabajadas (es decir, docentes con doble turno cobrarían 200.000), más otra suma de 125.000 pagadera en abril, otra menor, también no remunerativa ni bonificable de 21.750 por el ítem de “conectividad provincial”, además de una suba del porcentaje de antigüedad que se paga a los maestros con hasta cuatro años y una suba del ítem “ubicación por zona” para quienes dan clases en escuelas de zona “muy desfavorable”.
La propuesta la puso en vigencia Figueroa a partir de un decreto y fue la única que no logró acuerdo entre las partes. El sindicato ATEN es el único en la provincia que se mantiene con medidas de fuerza que, esta semana, alcanzarán los 11 días desde el inicio del ciclo lectivo.
Debate por la “disparidad”
Los acuerdos salariales podrán ser equivalentes entre poderes y escalafones en Neuquén, pero las bases sobre las cuales se aplican son bien distintas.
El tema lo planteó esta semana el diputado oficialista Francisco Lépore (Avanzar), quien advirtió que existe “una disparidad tremenda en materia salarial en la provincia dentro del empleo público”. “Hay funciones en otros poderes que cobran cuatro veces lo que el gobernador de la provincia. Es algo que no se puede permitir en cuanto a la estructura jerárquica del Estado”, sostuvo durante un debate en comisión.
El sueldo de Figueroa, que por ley está atado al promedio de lo que cobra un director de secundaria, un director de hospital de máxima complejidad, un diputado y el presidente del Tribunal de Cuentas, supera los 2 millones de pesos, pero un juez de primera instancia puede llegar a 5 millones.
Esa diferencia entre poderes también se repite “hacia abajo” en los empleados de planta permanente.
Una negociación discreta y ¿mejor? en la Legislatura
La vicegobernadora Gloria Ruiz no tuvo demasiados problemas en lograr un acuerdo con el sindicato ANEL que representa a los trabajadores de la Legislatura. Se alcanzó sin conflictos en una negociación silenciosa con el gremio, ahora conducido por Pablo Godoy tras décadas a cargo de Juan Benítez.
El núcleo de la propuesta no se movió del lineamiento general que planteó el Poder Ejecutivo: actualizaciónes trimestrales por Índice de Precios al Consumidor (IPC). El acuerdo, sin embargo, es el menos transparente de todo el Estado. No se divulgó el acta acuerdo y hay versiones cruzadas sobre su contenido final. El referente de ANEL aseguró que incluye el período febrero-enero y una suma “mixta”, con diferente monto de acuerdo a la categoría, pero que se acercaba a los 150.000 pesos.
Por afuera de la voz oficial, otras versiones indican que Ruiz efectivamente incorporó la inflación de enero, que ya se pagó, además de un ítem por “refrigerio”.
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