Aniversario de la explosión en Aguada San Roque: ATEN para y moviliza contra la corrupción
El 29 se cumple un año de la explosión en la escuela rural que causó tres muertes. Guagliardo dijo que el gobierno ni siquiera inició un sumario interno contra los imputados.
ATEN llamó a todas las organizaciones a movilizarse el 29 de junio. (Matías Subat)
El secretario general del gremio docente de Neuquén Marcelo Guagliardo convocó «a todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantes, organismos de derechos humanos» a movilizarse el 29 de junio, cuando se cumplirá un año de la explosión en la escuela de Aguada San Roque en la que murieron una docente y dos operarios que trabajaban en la instalación de gas.
Ese día ATEN hará paro general, y la convocatoria se realiza bajo las consignas: «por justicia para Mónica (Jara), Mariano (Spinedi) y Nicolás (Francés), para que haya escuelas seguras, para ratificar que la corrupción mata y que el gobierno es responsable». Criticó al gobernador Omar Gutiérrez porque no suspendió preventivamente del cargo a los funcionarios imputados, y «ni siquiera abrió un sumario interno».
«Lo que tenemos que lograr es la integridad de todos los que concurrimos a nuestras escuelas. Más del 87% de nuestra matrícula son hijos e hijas de trabajadores de la provincia. Es un momento para que haya una masiva participación para exigir justicia y escuelas cuidadas», señaló.
En una conferencia de prensa en la sede del gremio, Guagliardo recordó que el 9 de junio se cumplen 22 años de la muerte de la docente Silvia Roggetti, quien se lastimó porque estaba trabajando en una escuela en obra en Neuquén capital. «Aquella vez no hubo nadie sancionado, ni siquiera imputado», afirmó.
«Veintidós años después se vuelve a repetir una situación vinculada con la negligencia y la desidia. Otra vez aparece la secretaría de Obras Públicas, a la cual venimos señalando desde hace años como la responsable de la situación edilicia de las escuelas públicas de Neuquén», dijo.
El dirigente resaltó que «hay 10 imputados, tres funcionarios de Obras Públicas, que es la que hace toda la obra pública de la provincia, está ahí desde hace 40 años, maneja uno de los presupuestos más grandes de la provincia. A estas personas se las imputa por delitos vinculados a la corrupción».
La acusación la hizo ATEN en su carácter de querellante, pero también fue formulada por la fiscal Sandra González Taboada en una audiencia en Cutral Co el 26 de abril pasado, y aceptada por la jueza de Garantías Patricia Lupica Cristo.
«Sin embargo -continuó Guagliardo- el gobernador aún los sostiene en los cargos sin siquiera un sumario interno».
Es más: los funcionarios se conectaron a la audiencia judicial por zoom desde su despacho en Obras Públicas como demostración del respaldo que los sostiene.
Ratificó, en ese sentido, el pedido que hizo ATEN a través de una solicitada: la separación de los funcionarios. «De no hacerlo, el gobernador los está encubriendo».
El abogado Darío Kosokvsy, por su parte, indicó que el próximo miércoles habrá una audiencia de formulación de cargos contra el Director General de Educación Rural Fabio Luna y la Directora Provincial de Nivel Primario Patricia Cresatti, quienes no asistieron a la audiencia del 26 de abril porque su abogado defensor estaba de viaje.
El 14, en tanto, habrá una audiencia ante el Tribunal de Impugnación porque «las defensas ponen obstáculos a la estrategia acusadora. Insisten en que ATEN no puede ser querellante en la causa en relación a los delitos de corrupción, y quieren fragmentar la investigación como una forma de lograr la impunidad», explicó el abogado.
El 29 de junio de 2021 a las 13:50, en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, se produjo una explosión e incendio por una fuga de gas. Murieron los operarios Nicolás Francés, su sobrino Mariano Spinedi y la docente Mónica Jara.
Durante la investigación del hecho, la fiscalía y la querella -en representación de las víctimas y del gremio ATEN- descubrieron una serie de irregularidades que serían hechos de corrupción. Por eso además de los responsables de la empresa adjudicataria, están imputados los funcionarios que debían controlar la obra y no lo hicieron, y los que autorizaron la vuelta a clases aunque sabían que los trabajos estaban sin culminar.
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