Reforma laboral: la CGT confirmó un paro general para el día en que se trate en Diputados

En una jornada marcada por la aceleración de los tiempos políticos tras el receso de Carnaval, la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) definió este lunes un endurecimiento de su plan de lucha. Tras una reunión virtual de urgencia de su Consejo Directivo, la central obrera confirmó por unanimidad un paro nacional de 24 horas que se hará efectivo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral en el recinto.

Con esta decisión, el sindicalismo busca marcar un límite ante la intención del oficialismo de convertir el proyecto en ley antes de marzo. A diferencia de convocatorias anteriores, la central descartó realizar una movilización al Congreso, concentrando toda su capacidad de presión en una huelga total de actividades.

La efectividad de la medida está garantizada por el apoyo de la UTA, que confirmó que los colectivos no prestarán servicio durante la jornada de protesta.

La decisión de la CGT se produce en paralelo a la estrategia de «quinta a fondo» que despliega el oficialismo en el Congreso. El titular de la Cámara Baja, Martín Menem, mantiene el cronograma para que el proyecto obtenga dictamen este miércoles 18 y sea llevado al recinto el jueves 19.

El objetivo de la Casa Rosada es sancionar la ley antes de que expire el período de sesiones extraordinarias el 28 de febrero.

Sin embargo, la huelga nacional y la estrategia de la oposición de introducir cambios en los artículos más sensibles —como las propias licencias médicas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)— amenazan con dilatar los tiempos y forzar una segunda revisión en el Senado, lo que dejaría al presidente Javier Milei sin la ley aprobada para su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.

El punto de fricción: cambios en las licencias médicas

Aunque la CGT mantiene reparos sobre el nuevo esquema indemnizatorio, el foco de conflicto se desplazó hacia el artículo 44 del proyecto. Este punto, incorporado durante el debate en el Senado, modifica el régimen de haberes por licencias debido a enfermedades o accidentes ajenos al trabajo.

El texto propone una escala salarial diferenciada durante el período de inasistencia justificada, estableciendo un piso del 50% de la remuneración (con un tope del 75% en casos específicos), en contraste con el pago del 100% que rige actualmente. Mientras el Poder Ejecutivo sostiene que la medida busca desincentivar el ausentismo y otorgar previsibilidad a las empresas, el sector gremial lo interpreta como una afectación directa a la estabilidad de los ingresos del trabajador en situaciones de vulnerabilidad.