Suman cambios al proyecto de ATEN para frenar la violencia en las escuelas de Neuquén
Proponen sancionar a padres y madres cuando los que cometen una agresión física o verbal a docentes son estudiantes.
El presidente de la comisión, Francisco Lepore, fue el que trajo un borrador con las reformas. Foto Florencia Salto.
«Hay que tomar este tema con la seriedad que amerita», aseguró el presidente de la comisión de Trabajo, Francisco Lepore, a la hora de tratar el proyecto de ley del sindicato docente ATEN para prevenir y sancionar la violencia en las escuelas de Neuquén. El diputado, uno de los pilares del gobierno de Rolando Figueroa en la Legislatura, presentó ayer cambios en la iniciativa.
La conducción del gremio fue invitada la semana pasada a explicar la propuesta, que surgió luego de una serie de agresiones que se sucedieron en la provincia. La más reciente ocurrió en Zapala cuando el padre de un alumno ingresó a una escuela técnica y golpeó a docentes.
La iniciativa comprende los hechos de violencia cometidos contra trabajadores y trabajadoras por personas ajenas al sistema educativo, en el ejercicio efectivo de sus funciones, dentro o fuera de los establecimientos. Esto involucra desde empujones, insultos, gritos, amenazas, daño a bienes y la publicación o difusión de expresiones injuriantes, intimidatorias o humillantes en redes sociales.
Quedan afuera los «reclamos respetuosos» de la comunidad educativa y los episodios que sucedan entre personal de la escuela, por que allí rige el procedimiento administrativo vigente.
Este es uno de los puntos más cuestionados. Claudio Domínguez (MPN) y Gisselle Stillger (Arriba) consideran que la ley debería alcanzar cualquier conflicto en el ámbito escolar.
La opinión del CPE
En el borrador que trajo Lepore para la discusión quitó la creación de un régimen de agresores a docentes, como insistía ATEN, similar al que existe para deudores alimentarios.
Incorporó sanciones a padres y madres cuando los que cometen algún hecho de violencia son estudiantes. En este caso se aplicarán multas, obligación de participar en instancias de mediación y trabajo comunitario en caso de reincidencia.
Mantuvo la reforma en el Código de Faltas de la provincia, que tendrá un artículo específico para estos casos. Será sancionada con multa de 10 a 100 JUS ($601.095,5 a $6.010.955 según los valores actuales), trabajo comunitario de hasta 20 jornadas o arresto de hasta 30 días, a toda persona que sin pertenecer al sistema educativo ejerza violencia contra un trabajador o trabajadora de la educación en ejercicio de sus funciones.
El procedimiento será administrativo con una resolución fundada, notificando al infractor y habilitando el descargo. Esto no inhibe la presentación de una denuncia judicial.
Lepore dijo que recibirá las propuestas del resto de la comisión durante la semana y el próximo martes su idea es que haya despacho. Pedirá además al Consejo Provincial de Educación y a la ministra Soledad Martínez que opinen sobre el proyecto.
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