Guerra de medios

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En 1976, cuando los directivos de los matutinos porteños “Clarín” y “La Nación” optaron por colaborar con el régimen militar del entonces presidente (de facto) Jorge Rafael Videla en la empresa mixta Papel Prensa por querer, según sus voceros, asegurarse el control de un insumo imprescindible, cometieron un error estratégico que andando el tiempo les resultaría costoso. Debieron haber previsto que tarde o temprano tendrían problemas con gobiernos, fueran éstos militares o civiles, dispuestos a aprovechar la oportunidad así brindada para intentar repartir el papel para diarios según criterios netamente políticos, como en efecto parece haberse propuesto el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la intención de beneficiar a los medios oficialistas y castigar a los considerados críticos que se ven encabezados, en la actualidad, precisamente por “Clarín” y “La Nación”. A la luz de la voluntad manifiesta de la presidenta de destruir al Grupo Clarín por haber dejado de apoyarla durante el conflicto con el campo, las sospechas en tal sentido distan de ser arbitrarias. Asimismo, para justificar sus ataques contra “el monopolio” y contra otros medios que no comulgan con el ideario kirchnerista, el gobierno ha hecho suyos los planteos de quienes suponen que para “democratizar” la prensa es necesario ponerla bajo la tutela del Estado, “liberándola” así del sector privado o, por lo menos, de empresas periodísticas reacias a respaldar con el entusiasmo debido el “proyecto” político más poderoso de turno. Como no pudo ser de otra manera, la embestida contra Papel Prensa por parte de los kirchneristas, que no han vacilado en tratar de denigrar a los accionistas privados acusándolos de haberse visto beneficiados por las violaciones de los derechos humanos perpetrados por la dictadura militar en los años setenta, ha provocado alarma incluso entre quienes no coinciden en absoluto con los puntos de vista que se atribuyen a los dos diarios de mayor tirada del país. Entienden que se trata de un ataque frontal contra la libertad de expresión emprendido por un gobierno que nunca ha ocultado su deseo de manipular la opinión pública por los métodos que fueran y que, para más señas, se ha acostumbrado a usar el dinero aportado por los contribuyentes para financiar su propio aparato propagandístico. Como es notorio, los mentores intelectuales del gobierno se sienten comprometidos con la teoría del “relato” según la cual, en última instancia, la forma de interpretar la realidad importa más que la realidad misma. Aunque otros gobiernos, entre ellos el liderado por Carlos Menem, también han sido proclives a creerse víctimas de “campañas de prensa” inaceptables y por lo tanto con derecho a tomar medidas contra sus adversarios mediáticos, ninguno se ha mostrado tan resuelto como el kirchnerista a limitar la difusión de opiniones que no comparte o información que podría perjudicarlo. Virtualmente todos los legisladores de la oposición, incluyendo a integrantes de partidos izquierdistas habitualmente críticos del capitalismo liberal, han cerrado filas en contra de un proyecto de ley que creen sumamente peligroso y que, en opinión de los juristas, es violatorio de la Constitución nacional al facilitar “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos”. Lo que se teme es que el gobierno, además de inventar motivos para privar del insumo a medios considerados opositores, se las arregle para obstaculizar, con la ayuda infaltable de funcionarios como el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, la importación de papel so pretexto de estar defendiendo la producción local. Tal riesgo se reduciría si prosperara un proyecto radical para asegurar que, por ser cuestión de un insumo cuya importancia transciende lo meramente económico, se garantizara por ley la libre importación de papel para diarios o, mejor, el Estado dejara de participar como accionista de la empresa Papel Prensa, pero la posibilidad de que ello ocurra es bien escasa, ya que todo hace pensar que lo que está buscando el gobierno es pertrecharse de otra arma, una más, para presionar a los medios y, desde luego, para intensificar la guerra sin cuartel que está librando contra el Grupo Clarín por haberlo “traicionado” luego de respaldarlo en el tramo inicial de su gestión.