Guerra trucha
Mal que le pese al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Silvani, no le será dado «colgar a un evasor» o emular a los comunistas chinos matando a los comerciantes por emitir facturas truchas, pero si la Justicia y el Poder Legislativo colaboraran podría disfrutar un día del gusto de ver encarcelados a varios centenares de sujetos de esta clase. Es posible que esto ocurra en el curso de la gestión del presidente Fernando de la Rúa, no porque es un «duro» sino porque las circunstancias del país están eliminando muchas opciones menos antipáticas, pero así y todo pocos apostarían a ello. En la Argentina es tradicional que las esporádicas declaraciones oficiales de guerra contra los delincuentes impositivos sólo sirvan para brindar la impresión de que, por fin, las autoridades están por ponerse a la altura de sus responsabilidades. En efecto, ya han transcurrido varios años desde que un antecesor de Silvani, el fallecido Carlos Tacchi, desató una módica ola de optimismo gritando que a la primera oportunidad convertiría a los evasores en excremento. ¿Lo hizo? Claro que no. Como tantos otros, Tacchi no tardó en descubrir que la voluntad del gobierno del presidente Carlos Menem de tomar en serio la evasión fiscal no era tan grande como había creído, tal vez porque tanto los demás funcionarios como los legisladores comprendían que una campaña auténtica les costaría la amistad de buena parte del empresariado local. ¿Será distinto el gobierno de la Alianza? Es factible que sí, pero tendría que actuar con más decisión que la manifestada durante sus primeros cinco meses en el poder.
Según Silvani, el responsable de obligar a todos a cumplir con sus obligaciones impositivas para con el resto de la comunidad, el motivo por el cual los resultados de sus esfuerzos han sido tan magros consiste más que nada en la permisividad de las leyes. Tiene razón. Aunque los poderosos de turno han estado afirmándose escandalizados desde hace años por la magnitud de la evasión fiscal, la cual priva al Estado de miles de millones de dólares anuales, cuando un evasor es detenido se trata de un acontecimiento tan insólito que los medios lo consideran una noticia sensacional. Sin embargo, el optimismo ocasionado por el arresto de personajes como Omar Fassi Lavalle suele agotarse muy pronto al darse cuenta la ciudadanía de que se trata de un hecho aislado, «anecdótico», no del inicio de una ofensiva en serio contra un sector muy grande cuyo aporte a la decadencia nacional ha sido decisivo. En otras palabras, el inefable ex secretario de Turismo no se equivocaba por completo cuando aseveraba ser un «chivo emisario»: su período en una celda VIP sirvió para que durante algunos meses la ciudadanía se entretuviera con la ilusión de que, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, el encabezado por Menem estuviera listo para emprender una campaña definitiva contra la evasión.
¿A qué se debe esta situación nada satisfactoria? A una combinación de factores, de los cuales las deficiencias de las leyes relacionadas con la evasión y la actitud de la Justicia son los más evidentes. Sin embargo, esta realidad refleja la actitud del grueso de la clase media y, sobre todo, del empresariado. Está claro que para muchísimas personas, la evasión no es un crimen sino un derecho natural, de ahí la brecha enorme que se da entre lo que dicen y lo que efectivamente hacen. Asimismo, llama la atención que quienes se afirman los más indignados por la desigualdad -los obispos, los populistas peronistas y radicales- raramente aludan a la evasión, acaso porque en el fondo comparten el punto de vista de los evasores o porque temen enojar a sus propios simpatizantes. Como quiera que son reacios a atribuir la inequidad social y la inoperancia flagrante del Estado a la conducta de quienes son en muchos casos sus propios amigos o aliados, se desahogan achacando los males del país a abstracciones como el «neoliberalismo» o satanizando a instituciones internacionales como el FMI, costumbre que es de suponer les brinda algunos placeres emotivos pero que, obvio es decirlo, no contribuye en absoluto a mejorar el estado del país.
Mal que le pese al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Silvani, no le será dado "colgar a un evasor" o emular a los comunistas chinos matando a los comerciantes por emitir facturas truchas, pero si la Justicia y el Poder Legislativo colaboraran podría disfrutar un día del gusto de ver encarcelados a varios centenares de sujetos de esta clase. Es posible que esto ocurra en el curso de la gestión del presidente Fernando de la Rúa, no porque es un "duro" sino porque las circunstancias del país están eliminando muchas opciones menos antipáticas, pero así y todo pocos apostarían a ello. En la Argentina es tradicional que las esporádicas declaraciones oficiales de guerra contra los delincuentes impositivos sólo sirvan para brindar la impresión de que, por fin, las autoridades están por ponerse a la altura de sus responsabilidades. En efecto, ya han transcurrido varios años desde que un antecesor de Silvani, el fallecido Carlos Tacchi, desató una módica ola de optimismo gritando que a la primera oportunidad convertiría a los evasores en excremento. ¿Lo hizo? Claro que no. Como tantos otros, Tacchi no tardó en descubrir que la voluntad del gobierno del presidente Carlos Menem de tomar en serio la evasión fiscal no era tan grande como había creído, tal vez porque tanto los demás funcionarios como los legisladores comprendían que una campaña auténtica les costaría la amistad de buena parte del empresariado local. ¿Será distinto el gobierno de la Alianza? Es factible que sí, pero tendría que actuar con más decisión que la manifestada durante sus primeros cinco meses en el poder.
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