Gutiérrez propone flexibilizar condiciones para las licitaciones

El gobierno provincial buscará que los diputados flexibilicen las condiciones para licitar obras públicas y realizar contrataciones, con modificaciones en dos leyes clave y de larga data. Son dos proyectos que ingresaron el 1 de marzo con la firma del gobernador Omar Gutiérrez, que plantean cambios en las leyes 687 de Obras Públicas y 2141 de Administración Financiera y Control.

Entre retoques de forma y pequeñas actualizaciones, las iniciativas introducen cambios para que el gobierno evite afectar partidas presupuestarias antes de tener adjudicada una obra y eliminan los montos de referencia para acceder a contrataciones directas, entre otros puntos.

La propuesta para la ley de Obras Públicas (data de 1972) se limita a reformar el artículo 8°. Propone que se deberá disponer o estar autorizado al crédito para la financiación de una obra acorde al monto que se prevea ejecutar anualmente, previo a la adjudicación o contratación directa de toda obra pública.

Esto implica postergar el otorgamiento de presupuesto, ya que en el actual se exige disponer de él previo al llamado a licitación y adiciona el requisito de un adicional del 20% para ampliaciones, modificaciones o imprevistos.

Según los fundamentos “implica destinar crédito presupuestario a obras que se adjudicarán e iniciarán en un período de tiempo muy posterior al del llamado a licitación, lo cual impide la optimización presupuestaria”.

Se argumentó también que la modificación dotaría a la provincia “de un instrumento ágil y útil a fin de concretar un vasto plan de obras públicas, eliminando requerimientos excesivos”.

El texto que modifica la ley 2141 de Administración Financiera y Control, en cambio, cambia 20 de sus 134 artículos. Si bien la mayoría son cambios de forma para actualizar su redacción de acuerdo a la normativa vigente (ejemplo, en la denominación de los ministerios) hay otros que introducen novedades mayores.

Elimina el monto base para la contratación por fuera de la licitación pública, dejando la definición a criterio del Ejecutivo en función del índice de precios u “otra metodología apropiada”. Permite la realización de compras electrónicas y la creación de un “catálogo de bienes” a partir de su tipificación en el Reglamento de Contrataciones.

Se indica que la ley persigue como objetivos “dotar de mayor celeridad y transparencia los trámites administrativos dejando de lado burocracias inconducentes” y “sentar las bases para la modernización del sistema de contrataciones públicas”.

“Se busca también la estandarización de procedimientos, el aumento de la base de oferentes y la eliminación de trámites innecesarios”, planteó.

Tope de operaciones

Saltea los concursos

para la Policía

Entre las modificaciones a la ley 2141 de Administración Financiera y Control, se incluyó la posibilidad de saltearse las licitaciones públicas en las compras de la policía provincial. El texto propuesto por el gobernador Omar Gutiérrez establece que se podrán contratar directamente todo lo relacionado “a seguridad en materia de comunicaciones, armamentos y elementos para uso exclusivo de la Policía de la provincia, cuya operación contractual haya sido declarada reservada por el Poder Ejecutivo en virtud de su carácter estratégico”.

El proyecto le da carácter de ley a una estrategia utilizada por el exgobernador Jorge Sobisch, cuando decretó el secreto del Plan Integral de Seguridad y se permitió contratar, sin licitación pública, por más de 200 millones de pesos. La que se llevó la parte más jugosa fue Damovo SA, cuyo contrato fue rescindido más tarde por Jorge Sapag.

Las actuaciones vinculadas a esos expedientes salieron a la luz recién siete años después, tras una acción de amparo presentada por “Río Negro”.